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Cochabamba, 20 de septiembre (El Nuevo Cambio).- Bolivia no voto, por falta de cancelación de su cuota, para que el Estado de Palestina pueda participar en la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reveló en su cuenta X el expresidente, Evo Morales Ayma. El gobierno de Luis Arce Catacora, a través de su vicecanciller, había anunciado hace algunos días que, por instrucción del mandatario, Bolivia logró cancelar en bolivianos, su cuota, con el fin de que Arce Catacora participe del encuentro internacional este fin de mes. También días antes, la Asamblea General de la ONU voto de manera abrumadora una declaración que favorece «la solución de los dos Estados, Israel y Palestina», con la habitual oposición de Israel, Estados Unidos y países aliados como Hungría, Argentina y Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico. Votaron a favor 142 estados, diez se opusieron y doce se abstuvieron. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana. El mensaje de el expresidente Morales sobre este tema dice: “El gobierno de Luis Arce le miente a Bolivia. Nuevamente nuestro país no votó en la Asamblea General de la ONU una resolución para que Palestina participe del debate general de este año vía video. El gobierno de Arce no tiene dólares ni para pagar las cuotas de la ONU ni a los funcionarios en el servicio exterior. Además, pudiendo apoyar al pueblo palestino no lo hace. Es una lamentable vergüenza”.

Sinahota, 18 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El Movimiento Internacional “Acción de Paz” ponderó y reconoció al expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, por su lucha y aporte a la paz y entregó un reconocimiento en un acto celebrado en Montevideo, Uruguay. El reconocimiento como “Misionero de la paz” fue entregado por el doctor Alejandro D’Alessandro, fundador y presidente de la organización, el pasado martes 16 de septiembre en la ciudad de Montevideo durante el primer Encuentro Latinoamericano por la Paz, celebrado en ese país. “Sabemos de su larga trayectoria defendiendo a los pueblos de América Latina, por eso queremos entregarle este diploma ‘Misionero de la Paz’ en el marco de la Séptima Cumbre Mundial para la Paz. Esta cumbre inicia en Uruguay y continuará en Estados Unidos el próximo 21 de septiembre, donde más de 500 líderes se reunirán para pedir la paz para el mundo entero”, expresó D’Alessandro. Una noticia difundida por Radio Kausachun Coca señala: “El Centro de Planeamiento Estratégico para la Seguridad Social y Acción de Paz reconoce como Misionero de la Paz a aquellas personas que dedican su vida a impulsar valores universales como el amor, la paz, el respeto, la solidaridad y el voluntariado”. El expresidente agradeció el reconocimiento en su cuenta X y dijo: “Con profundo agradecimiento recibo el reconocimiento como Misionero en el Séptimo Encuentro Mundial por la Paz en Montevideo, Paraguay. Nuestra lucha no es nueva: es la lucha histórica de los pueblos que jamás se rindieron, que siempre levantaron la voz por la paz con justicia social, por un mundo desmilitarizado, sin fronteras y con ciudadanía universal. Seguiremos defendiendo a nuestra Madre Tierra de los verdugos del capitalismo y del imperialismo, que solo han significado saqueo, sangre y dominación. Hoy me siento honrado, pero sobre todo comprometido con la causa de los pueblos que jamás se doblegan”. Con este reconocimiento, Evo Morales se suma a una lista de líderes internacionales distinguidos por su compromiso con la promoción de la paz y el diálogo entre los pueblos. Los delegados del Movimiento por La Paz, tienen previsto llegar a Bolivia el próximo mes de octubre, para hacer la entrega física del reconocimiento en el Encuentro Internacional del Movimiento Intercontinental Anticolonial, organizado por el RUNASUR.

La Paz, 16 de septiembre (El Nuevo Cambio).- Bolivia pagó su cuota después de meses de incumplir esa obligación, solo para que el presidente Luis Arce Catacora pueda participar en la 80 asamblea anual de ese organismo internacional, que se desarrollará entre el 23 al 29 del mes en curso, confirmó el vicecanciller, Elmer Catarina.   La autoridad reveló que fueron a negociar con la ONU para pagar la cuota de la membresía en bolivianos, que estaba en mora desde hace mucho tiempo, y de esa manera posibilitar que el presidente Arce sea tomado en cuenta para emitir su discurso, el último en su gestión. “Fuimos a negociar, explicamos que, evidentemente, por parte del Estado (boliviano) hay la mayor voluntad, estamos negociando con muchos organismospagar en bolivianos, y la buena noticia es que, ha sido aceptada, estamos recuperando el voto, justamente para la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York”, confirmó. El ex embajador de Bolivia en la ONU, Diego Parí, en marzo de este año, había advertido que Bolivia debía a ese organismo multilateral más de 700 mil dólares y Catarina informó que la falta de cancelación de esos compromisos impidió que Bolivia emita su voto en la ONU. “Por instrucciones del hermano presidente Luis Arce Catacora, la ministra Celinda Sosa, un equipo técnico de Economía y Finanzas, la Cancillería, Banco Central de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Planificación, hemos conformado un grupo y fuimos a negociar”, dijo Catarina. Varios sectores y líderes políticos criticaron al gobierno por su falta de responsabilidad con los organismos internacionales, entre ellos, el expresidente Eduardo Rodriguez Veltzé, que en un mensaje en su cuenta X dijo: “Meses de silencio sobre la deuda con la ONU. Bolivia perdió voz y voto. Pero hoy, justo antes de la Asamblea General anuncian (como logro del Gobierno) que se recupera el voto y el presidente Arce Catacora viaja a Nueva York.  Qué conveniente y oportuno, pero qué descaro”.

La Paz, 13 de septiembre (El Nuevo Cambio).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la impunidad en Bolivia, con relación a las masacres de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019, que derivaron en el asesinato de más de 36 personas y centenares de detenidos y exiliados. El pronunciamiento de esas organizaciones internacionales tiene que ver con las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019. El informe señala que la preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata. Dice: “El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna. La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas. A su vez, estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos. En 2019 el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares. El GIEI concluyó en su informe final que es «fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz». También señaló que «debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad». Por su parte, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación. Recomendó «garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares». La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.

Cochabamba, 12 de septiembre (El Nuevo Cambio).- Organizaciones sociales y movimientos sindicales criticaron que la justicia en Bolivia no haya podido en más de cinco años procesar y enjuiciar a los involucrados en el golpe de estado de noviembre de 2019, que derivó incluso con la muerte de más de 36 personas en el país y decenas de detenidos. Dirigentes de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los Interculturales, Bartolinas, productores del Trópico de Cochabamba, entre otros, lamentaron que en Bolivia, una justicia prebendal y corrupta, haya liberado a quienes lideraron el golpe de 2019, mientras en el Brasil se haya sentenciado a 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de estado contra el presidente Lula Da Silva. Sobre este tema también se expresó el expresidente Evo Morales Ayma, a través de su cuente X y dijo que “Mientras en Bolivia el gobierno de Luis Arce y sus magistrados del TSJ, liberan a los golpistas del 2019- dejando en la impunidad las masacres de Sacaba y Senkata y el asalto a las arcas del Estado- el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), en tiempo récord, condenó  a 27 años de cárcel al expresidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, por su intento de ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Lula el año 2023”. “En Brasil se condena por intento de golpe de Estado. Pero en Bolivia se deja sin castigo a los que ejecutaron y consolidaron el golpe de estado en mi contra, en noviembre del 2019, imponiendo, durante un año, un régimen de facto violento y corrupto”, afirmó. El exmandatario recordó que Bolsonaro confesó públicamente haberse reunido en Brasil con Jeanine Añez, quien realizó varios vuelos sospechosos en el avión presidencial, tras el golpe de noviembre del 2019, según una investigación del diario argentino Página 12. “Bolsonaro apoyó el golpe de Estado de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Camacho, Tuto, Mesa, Doria Medina y otros que siguen impunes” dijo al demandar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que siga el ejemplo de la justicia brasileña y que no olvide a las víctimas de la dictadura de Añez que tomó el gobierno de manera inconstitucional causando muertos, heridos, torturados, perseguidos y encarcelados.