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Cobija, 30 de abril, (El Nuevo Cambio).- Las elecciones judiciales quedaron sin efecto una vez más, luego de que la Sala Constitucional de Pando otorgará una “acción popular”, con el argumento de la “vulneración del derecho a la igualdad de mujeres y pueblos indígenas”. La determinación de los vocales de esa sala, Celsa Salazar y José Luis Sotelo, generó una serie de protestas no solo de carácter político y legal de senadores y diputados de la oposición, sino de las organizaciones sociales y sindicales del ala “evista”. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, afirmó que la determinación de la sala, es un nuevo atentado a la democracia y a la justicia boliviana. Los vocales Salazar y Sotelo, para emitir su determinación, aprovecharon la demanda de la exdiputada y dirigente indígena del MAS, Yeni Duri, quien denunció que la inhabilitación de la postulante Mineya Lucindo, fue una discriminación. La sala también estableció que se debe iniciar un nuevo proceso de preselección de candidatos. Las elecciones judiciales se estancaron en la etapa de los exámenes orales de 406 postulantes. Rodríguez Veltze Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en su cuenta X, luego de conocerse la decisión de la sala de Pando, dijo: El objeto de la “acción popular” protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la “sala” y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe avanzar en el proceso de selección. Diputada Por su parte, la diputada por Cochabamba, Pamela Terrazas, sostuvo que la anulación de las elecciones judiciales, solamente tiene móviles políticos que responden a los intereses del ministro Iván Lima Magne y del Órgano Ejecutivo. “Rechazamos este nuevo golpe a la institucionalidad y la injerencia descarada sobre la Justicia y el Órgano Legislativo” dijo.

El líder del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) informó que está preparando un proyecto de ley para que los corruptos tengan una sentencia de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. “Es lamentable, la corrupción está destrozando nuestra querida Patria y mientras la gente pobre y las llamadas clases medias sufren la crisis económica, otros se aprovechan ilegalmente de los recursos de las y los bolivianos”, dice. Explicó, en el Programa “Evo Pueblo” que se difunde por la Radio Kausachun Coca (RSC), del trópico de Cochabamba que “hoy más que nunca es necesario asumir acciones para erradicar ese mal que tanto daño provoca al Estado y la sociedad”. “Por eso estamos preparando un proyecto de ley para que los involucrados en casos de corrupción, luego de ser debidamente procesados, sean sancionados con 30 años de cárcel sin derecho a indulto”, afirmó.

El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Intrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Gerardo García, denunció que la detención del ex ministro de Minería, Alberto Echazú, pretende proteger al hijo del presidente Luis Arce, involucrado en el negocio del litio, sin ser funcionario de gobierno. Sostuvo que la aprehensión responde también a pretender  ocultar el fracaso gubernamental en la industrialización del litio, porque en más de tres años y medio de gestión no se hizo nada. “El ingeniero Echazú ha realizado una serie de denuncias fuertes contra el negocio del litio y por eso van a seguir deteniendo a las personas que siguen denunciando irregularidades en el gobierno, por una serie de cosas que pasan en el país”, dijo. García calificó como una persecución política la aprehensión de Echazú y sostuvo que está seguro que no va parar, porque el gobierno quiere ocultar su fracaso en estos más de tres años de gestión . El dirigente agregó qué hay muchos casos irregulares, no sólo del litio, está también la tierra apropiada de la gente pobre, la compra de diésel y muchos otros temas que no quieren que se investigue.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, rechazó este martes las acusaciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que afirmó que en Bolivia se alberga fuerzas combatientes iraníes. La autoridad desestimó las afirmaciones infundadas de la ministra argentina, según reportó hoy La Razón. “Ante las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad argentina sobre la frontera con Bolivia, rechazamos categóricamente cualquier intento de generar tensiones innecesarias con acusaciones sin pruebas”, manifestó el titular del Senado, a través de sus redes sociales. Rodríguez señaló que Bolivia está comprometida con el diálogo y la cooperación entre países como medios fundamentales para abordar cualquier diferencia en la región. También destacó el compromiso inquebrantable del país con la estabilidad en la región, reafirmando el papel del país como defensor de la diplomacia de los pueblos y la cultura de la paz. Las declaraciones de Rodríguez se producen después de que Bullrich afirmara que «tenemos células de Hezbollah en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). Pero es en la frontera de Bolivia donde nosotros vemos el máximo nivel de alerta y seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán. Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán… Estamos investigando si hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”. La Razón