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Telesur La Fiscalía General del Estado de Bolivia informó este viernes que el número de feminicidios reportados en el país asciende a 48 entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2026. El caso más reciente ocurrió en la ciudad de Potosí, donde una mujer de 37 años falleció tras ser herida con un arma blanca por su concubino, un hombre de 32 años quien fue aprehendido mientras las investigaciones continúan. Según el cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de víctimas con 17 casos, seguido por Santa Cruz con nueve, Cochabamba con ocho, y Oruro con cinco. Las regiones de Chuquisaca y Potosí registran tres casos cada una, Tarija dos y Beni uno.  Estos datos reflejan la persistencia de la violencia de género a pesar de la vigencia de la Ley 348, aprobada en 2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la cual establece una pena de 30 años de prisión sin indulto para el feminicidio. Además de los homicidios, la Fiscalía registró 19.541 denuncias por delitos relacionados con esta ley hasta el 15 de junio. Organizaciones feministas han reclamado históricamente el incumplimiento pleno de la norma debido a la falta de presupuesto y personal especializado, así como los espacios donde se desarrolla esta violencia como el caso de la violencia dómestica. En 2024, intentos de reforma de la ley por parte de legisladores del MAS fueron rechazados por activistas, quienes denunciaron campañas de desinformación conservadora. El año anterior, Bolivia cerró con 81 feminicidios y más de 46.000 casos de violencia registrados, cifras que evidencian la gravedad estructural del problema.  El observatorio de género de Bolivia «Coordinadora de la Mujer» es una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra de la violencia que sufren las mujeres en el país, esclareciendo que, aunque existe la ley, «la brecha entre la norma y la realidad es enorme». La sociedad civil continúa exigiendo políticas públicas efectivas y recursos suficientes para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores en un contexto donde la impunidad sigue siendo un desafío para el sistema judicial boliviano.

Sinahota, 16 de julio (El Nuevo Cambio).- La Coordinadora de las Seis Federaciones de Productores de Coca del trópico de Cochabamba se declaró en estado de emergencia y movilización, en contra del gobierno por haber paralizado la racionalización de la hoja de coca. El dirigente de la Coordinadora, Dieter Mendoza, informó que el gobierno incumple con las obligaciones que tiene para garantizar la ejecución normal de la racionalización de la coca, en el marco de la concertación y pacificación de la región. Denunció que el gobierno no cumple con la logística para los soldados que reducen la producción de la coca en forma coordinada, y que ni siquiera tienen dónde dormir, no cuentan con vestimenta, equipos e incluso tienen graves problemas de alimentación. Mendoza dijo que el gobierno no cumple con sus compromisos y obligaciones y que hasta la fecha no existen recursos para que se aplique una racionalización de la hoja de coca coordinada que garantiza evitar violencia en la región. El dirigente denunció que el gobierno asume represalias contra los productores de coca, amparados también en opiniones de algunos diputados que no tienen ninguna representación ciudadana y que siempre estuvieron contra el trópico de Cochabamba. Denunció a los diputados Armin Yuta, Eliana Condori y otros del partido de Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez que pretenden abrogar las normas legales vigentes que garantizan la reducción de las plantaciones de la coca, en forma, no solo concertada, sino también pacífica.

Prensa Latina La Paz, 12 julio (Prensa Latina).-  El primer expresidente indígena de Bolivia Evo Morales refutó acusaciones del Gobierno que vinculan presuntamente al Trópico de Cochabamba con el narcoterrorismo y resaltó los aportes agrícolas de esa región a la economía del país. “Lamento que el Gobierno nos siga acusando de narcoterrorismo”, aseguró el exdignatario en su programa dominical de Radio Kawsachun Coca (RKC). Resaltó que ese territorio cochabambino es el segundo mayor exportador de alimentos del país, solo por detrás de Santa Cruz. Durante su intervención, rebatió críticas y amenazas de miembros del Ejecutivo del mandatario, Rodrigo Paz, y sostuvo que permanece dedicado a labores agropecuarias. “No me jodan, yo estoy trabajando en mi chaco, ¿por qué me joden?”, expresó visiblemente molesto. El expresidente (2006-2019) criticó al jefe de Estado Paz a quien calificó de “mentiroso” y también arremetió contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien reiteró en una reciente entrevista televisiva que antes de que concluya la actual gestión de Gobierno Morales será encarcelado. “No se miente al pueblo”, dijo el exdignatario de origen aymara, y añadió a continuación que puede enseñar a Paz “cómo se gobierna”. Durante el programa, Morales ratificó que cuenta con informantes dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía, quienes le comunican con anticipación sobre presuntos operativos para capturarlo. Subrayó que no busca esa información, sino que miembros de ambas instituciones se la hacen llegar de manera espontánea. “Me están informando qué planificaban. Hay generales, coroneles, militares, policías, especialmente de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si somos leales a la Patria o a Evo Morales que nos informan la verdad. No busco yo, automáticamente”, confesó. Respecto a este asunto al que se ha referido públicamente de manera reiterada, comentó sin dar más detalles que algunos de esos informantes fueron identificados por sus superiores y enfrentan sanciones disciplinarias. Hace dos semanas, el presidente Paz aseguró que este año se ejecutará la aprehensión del exmandatario, y más recientemente ratificaron esa amenaza los titulares de Obras Públicas; de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo; y de Defensa, Ernesto Justiniano. Protegido en varios anillos de seguridad por miles de comunarios, Morales permanece refugiado en la zona de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, desde que, en 2024, durante el Gobierno del exmandatario Luis Arce se emitió una orden de aprehensión contra él por presunto tráfico agravado de personas.

La Paz, 10 de julio (El Nuevo Cambio).- Un nuevo caso de nepotismo y de abuso de poder fue denunciado contra la jefe de gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira, Gilda Céspedes, quien impuso la designación de directora de Trabajo, a su sobrina  Micaela Lola Céspedes Cadena. La Red DTV publicó el caso y estableció que de acuerdo a una documentación se establece que además se trata de la hija del Cnl. Julio Jorge Céspedes Quevedo, hermano de la funcionaria, quien también fue cuestionado tras ser ascendido al grado de General de Brigada en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sin cumplir los requisitos. Según la nota periodística, el caso abre dudas sobre los criterios utilizados para la designación en un cargo público sensible, tomando en cuenta que la persona nombrada tendría una relación directa con una alta funcionaria del círculo de confianza del presidente Paz Pereira. “La situación vuelve a poner en debate el uso de cargos públicos y la necesidad de transparentar los nombramientos dentro de la actual administración, especialmente cuando existen vínculos familiares con autoridades de alto nivel”, señala la nota. De acuerdo a la publicación, el Gobierno debe explicar si la designación respondió a méritos profesionales, experiencia laboral y cumplimiento de requisitos, o si existió algún tipo de influencia por el parentesco con la jefa de gabinete.