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La Paz, 9 de julio (El Nuevo Cambio).- El gobierno decidió, ante las denuncias y presión social, destituir al gerente de Boliviana de Aviación (BOA), Eduardo Valdivia, por irregularidades registradas en la empresa estatal. Un comunicado del Ministerio de Obras Públicas, señala que Valdivia fue destituido del cargo de gerente general de BOA, tras el escándalo desatado luego de su viaje a los Estados Unidos por 20 días para asistir al mundial de fútbol 2026. Valdivia apenas trabajó alrededor de dos meses en la empresa de aviación e incluso no sólo tuvo el privilegio de tener “vacación” para su viaje, sino adquirió su pasaje en algo más de 900 bolivianos, cuando el costo real es de más de 5.000 Bs. Antes de que el ministro Mauricio Zamora decida su destitución, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, contra Eduardo Valdivia, gerente de BoA, por uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

La Paz, 8 de julio (El Nuevo Cambio).- Un escándalo de proporciones afecta a Boliviana de Aviación (BOA) ante denuncias de una senadora y un ex candidato a la gobernación del Beni que aseguran que el gerente y funcionarios pagan alrededor sólo de un 15 por ciento del costo de un pasaje no solo a nivel internacional, sino nacional. Mientras un pasaje sólo de ida a Miami tiene un costo de 5.904 bolivianos, el gerente de BOA, Eduardo Valdivia, pagó 933 Bs. Por un pasaje de retorno desde los Estados Unidos a Bolivia, de acuerdo a la denuncia de la senadora, Claudia Mallon. El descuento equivaldría a un 85 por ciento, lo que constituye no sólo un abuso de poder, sino también irregulares privilegios que no sólo beneficiarían al gerente de la empresa de aviación, sino a funcionarios y otras autoridades. La senadora mostró a la prensa una copia del boleto del gerente y de los beneficios que tuvo en la empresa y dijo que estos descuentos benefician a los trabajadores de la aerolínea, incluso con menos de un año de antigüedad. “Este boleto devela que los bolivianos le estamos pagando su retorno de Miami a La Paz, Bolivia, por Bs 933, menos de lo que cuesta la ruta Santa Cruz – La Paz”, manifestó Mallón al informar que la prueba de la irregularidad corresponde al 1 de julio. Por su parte, el excandidato a la gobernación del Beni, Hugo Vargas, también denunció que un ciudadano “no puede visitar a su familia por los altos precios del pasaje al Beni, alrededor de 3.300 Bs. Mientras los funcionarios pagan 1.000 Bs. para viajar a los Estados Unidos a ver el mundial de fútbol.  “Mientras un viaje de ida y vuelta entre Riberalta y Santa Cruz supera los Bs 3.300 y la ruta Trinidad-La Paz cuesta más de Bs 2.000, los funcionarios pagan 1.000 para ir al mundial”, dijo al cuestionar esos privilegios e irregularidades que son “una burla para el pueblo boliviano». «Mientras el ciudadano común no puede ni visitar a su familia porque un pasaje a Riberalta y Santa Cruz supera los 3.300 Bs. entre ida y vuelta, ruta Trinidad – La Paz supera los 2.000 Bs, los funcionarios del Gobierno consiguen pasajes de menos de 1.000 Bs para asistir al Mundial”, añadio.

La Paz, 7 de julio (El Nuevo Cambio).- Boliviana de Aviación (BOA) confirmó que su gerente goza de una vacación, apenas a un poco más de dos meses de haber asumido el cargo, y se encuentra en el exterior, aparentemente en el Mundial de Fútbol 2026. “Boliviana de Aviación (BoA) aclara que la información difundida en redes sociales respecto a una supuesta ausencia irregular de su Gerente General contiene afirmaciones inexactas y no fue contrastada con la institución antes de su publicación”, dice un comunicado. Añade que el Gerente General, Eduardo Valdivia, se ausentó temporalmente de sus funciones, haciendo uso de una modalidad sin goce de haberes, para atender asuntos de orden personal. Sin embargo, las denuncias en redes señalan que se fue a ver el mundial, abandonando sus funciones, en medio de criticas al funcionamiento de la línea aérea por sus excesivos atrasos y hasta suspensión de vuelos. El comunicado de BOA intenta justificar la ausencia de su gerente y dice que “la empresa continúa fortaleciendo su gestión operativa, con una recuperación progresiva de sus indicadores de puntualidad y la incorporación de nuevas aeronaves hasta fin de año para mejorar el servicio a sus usuarios”.

La Paz, 5 de julio (El Nuevo Cambio).- Las organizaciones de los periodistas rechazaron, en un pronunciamiento, el proyecto de ley que limita el acceso a la información y documentación pública en Bolivia, inicialmente aprobado en grande por el Senado Nacional. De acuerdo al gremio periodístico la iniciativa restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y vulnera las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, violando el derecho a la información. La declaración dice que el proyecto limita el acceso libre, irrestricto y oportuno a la información pública, reconocido por el artículo 106 de la Constitución Política, además de contradecir estándares internacionales sobre transparencia y libertad de información. Dicen que el proyecto fue aprobado en el Senado sin un proceso de socialización con la ciudadanía ni con las instituciones representativas del periodismo y la sociedad civil, pese a que anteriormente se había consensuado otra propuesta junto a organizaciones especializadas. Según los periodistas, el proyecto incluye una serie de procedimientos burocráticos y requisitos que dificultan el acceso a la información como, por ejemplo, la obligación de presentar solicitudes por escrito, entregar fotocopias del carnet de identidad y registrar datos personales, aspectos que consideran ponen en riesgo la labor periodística, especialmente en investigaciones de interés público. Asimismo, la propuesta obliga al solicitante a garantizar que la información obtenida no cause perjuicios a terceros y le atribuye responsabilidad por el uso de esos datos, una disposición que, según el pronunciamiento, puede utilizarse para desalentar denuncias e investigaciones sobre hechos de corrupción o irregularidades cometidas por servidores públicos. También cuestionan que el proyecto otorgue hasta tres semanas a las entidades públicas para responder solicitudes de información, incluso cuando ésta se encuentre disponible de forma inmediata, y que las Unidades de Transparencia sean las encargadas de resolver las negativas de acceso, pese a que dependen de las propias instituciones investigadas. Finalmente, las organizaciones demandan el archivo inmediato del Proyecto de Ley N° 066/2025 y exhortan a que cualquier nueva normativa sobre acceso a la información sea construida mediante un proceso participativo.

La Paz, 30 de junio (El Nuevo Cambio).- La presunta víctima del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, Cindy Saraí Vargas, a través de un memorial, demandó retirar la denuncia en el proceso por trata de personas contra el exmandatario, porque “no existe hecho, ni víctima”. La solicitud formal fue presentada ante Ministerio Público para que retire la acusación fiscal en ese caso, actualmente utilizada por el gobierno y los opositores políticos al expresidente, para que la Policía efectivice su aprehensión. En el memorial, dirigido al fiscal departamental de Tarija, Cindy Sarai Vargas Pozo afirma que no fue víctima de ningún delito y manifiesta que la acusación fue presentada sin que existan los elementos que configuren el tipo penal. Añade que nunca sufrió explotación ni vulneración de derechos y asegura que, desde el inicio del proceso, expresó de forma reiterada que no existió delito, pero nunca la fiscalía tomó en cuenta su declaración. Vargas Pozo también señala que no autorizó al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ni a ninguna otra institución a representarla en el proceso, por lo que rechaza que actúen en su nombre. En el documento, demanda al fiscal departamental instruir a la comisión de fiscales el retiro de la acusación que ya fue presentada ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Tarija, donde el caso se encuentra con auto de apertura de juicio. Considera que de continuar con el proceso se vulneraría garantías constitucionales y cita el artículo 342 del Código de Procedimiento Penal, que permite retirar la acusación antes de la deliberación del tribunal.