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La Paz, 28 de octubre (EL Nuevo Cambio).- El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), coronel Walter Sosa, dijo que la muerte del exjuez Marcelo Lea Plaza se produjo por una asfixia mecánica, compatible con ahorcadura. Según el jefe policial, la revelación tiene que ver con el informe del examen forense que se practicó a la víctima que fue encontrado este domingo muerto en el segundo piso de su domicilio, donde se encontraba con detención domiciliaria. Sosa señaló que en ese sentido no se puede hablar de que existan indicios de homicidio, sin embargo, las investigaciones continuarán hasta tener un informe completo sobre las causas que determinaron la muerte del exjuez. Informó que tres médicos forenses estuvieron a cargo del análisis forense y determinaron que la “muerte se produjo por asfixia cerebral por presión cervical externa, asfixia mecánica compatible con ahorcadura y que no encontraron signos de violencia física por terceras personas”. El exjuez Lea Plaza tenía 46 años y fue hallado en el segundo piso de su domicilio recostado en posición de decúbito dorsal, dentro de uno de los dormitorios de la vivienda, a la intervención de la policía. El exjuez Marcelo Lea Plaza fue vinculado al caso consorcio, que involucra al exministro de Justicia, César Siles en un proceso judicial que además incluye a varias autoridades del gobierno de Luis Arce Catacora en el manejo ilegal e irregular de la justicia en Bolivia.

La Paz, 27 de octubre (El Nuevo Cambio).- El principal testigo en el caso Consorcio que involucra al gobierno, principalmente al exministro de Justicia, César Siles, el exjuez, Marcelo Lea Plaza apareció muerto en su domicilio y se presume que fue asesinado. La abogada de la exautoridad, Suleika Lanza dijo que el fallecimiento del exjuez Lea Plaza, ha generado conmoción no solo en su familia, sino en todo el país, porque fue víctima de torturas. Reveló que, desde hace mucho tiempo, el exjuez fue víctima de una persecución y de malos tratos. “Es lamentable haber recibido esta noticia. Estamos investigando para conocer cuáles habrían sido los móviles”. Dijo que junto a su familia y la defensa técnica del exjuez Lea Plaza hemos estado advirtiendo sobre esta situación en forma reiterada y ahora presumimos que probablemente este lamentable hecho responde a un homicidio. Lanza afirmó que Lea Plaza recibió una serie de amenazas y hasta habría sido torturado durante su permanencia en el Régimen Penitenciario, situación que fue denunciada en reiteradas oportunidades y nunca hubo una respuesta. “Hemos pedido auxilio a la justicia, y este es el desenlace fatal de una situación en la que hacemos responsables al exministro de Justicia, César Siles y a Claudia Castro y a todas esas personas que, a través de su poder, han hostigado al doctor Lea Plaza”, afirmó. Recordó que el exjuez Lea Plaza era un testigo protegido y colaborador eficaz en procesos judiciales, por lo que debía contar con medidas de resguardo, pero que lamentablemente la justicia, el Tribunal Departamental y las personas que han participado en este hecho han querido llegar siempre a este desenlace, callar la voz de un testigo protegido. “El doctor Lea Plaza fue torturado por el Régimen Penitenciario, salió del penal completamente lesionado. El Estado boliviano se debe hacer responsable de lo que sucedió con la vida del doctor Lea Plaza”, dijo.

Villa Tunari, 26 de octubre (El Nuevo Cambio).- La Federación de los Yungas del Chapare rechazó la presencia de funcionarios armados de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en territorio nacional, villa do la soberanía y dignidad de los bolivianos. La decisión fue adoptada en un ampliado ordinario realizado en la localidad de Villa Tunari y advirtieron que no permitirán bajo ningún punto de vista el asentamiento de militares extranjeros armados en el trópico de Cochabamba. Explicaron que la decisión se fundamenta en cumplimiento del artículo 10, numeral III, de la Constitución Política del Estado, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. Los dirigentes recordaron que durante la presencia de la DEA en el país “nunca hubo una verdadera lucha contra el narcotráfico”, y que, por el contrario, se registraron abusos y muertes de productores cocaleros en operativos conjuntos con fuerzas especiales bolivianas. Asimismo, el ampliado ratificó la defensa de las conquistas sociales alcanzadas durante los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, especialmente en materia de salud, educación y programas sociales. Ratificaron la defensa de los recursos naturales del país, reiteraron la defensa de la hoja de coca por ser un patrimonio cultural del pueblo boliviano y convocaron a la unidad de todas las organizaciones sociales del país.

Santa Cruz, 17 de octubre (El Nuevo Cambio).- La Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para el hijo del presidente Luis Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira que éste jueves se presentó en forma voluntaria para declarar por el delito de violencia doméstica. Arce Mosqueira ya declaró ante la fiscal asignada al caso por delito de violencia doméstica y abuso físico a su pareja a quien, después de agredirla violentamente, la dejó con un impedimento de 12 dias. Después de su declaración quedó aprehendido. La pareja de Arce Mosqueira desistió con seguir en el caso, sin embargo, la fiscal Jessica Echeverría, continuó con el proceso, con el justificativo que el delito no prescribe y es de acción publica y debe continuar en el marco de la ley. El fiscal de Santa Cruz confirmó que Arce Mosqueira declaró la noche de este jueves hasta las 3.00 de la madrugada del viernes, que no se acogió al silencio, y que negó todos los hechos de violencia familiar que le imputan. La Policía Internacional (Interpol) había activado el sello rojo en la búsqueda del hijo del presidente que a pesar de tener el mandamiento de aprehensión no fue detenido ni se presentó a declarar por ese caso. Arce Mosqueira se encuentra detenido en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y éste viernes será su audiencia ante el juez asignado al caso para que disponga su detención en una cárcel del país o domiciliaria. La Fiscalia a pedido 180 días de detención preventiva.