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Telesur Dirigentes sociales y campesinos afines al expresidente Evo Moralesrechazaron este lunes la posibilidad de que la Central Obrera Boliviana (COB) participe en un diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, advirtiendo que cualquier acuerdo alcanzado sin el respaldo de las bases movilizadas será desconocido.  Las organizaciones mantienen su exigencia de renuncia del mandatario tras más de 40 días de bloqueos y protestas que han paralizado gran parte del país. El dirigente campesino Nelson Virreira calificó el llamado al diálogo como un “engaño”, afirmando que “Rodrigo Paz nunca ha dialogado con los sectores sociales”. En un mensaje dirigido al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, Virreira le instó a no engañar al pueblo boliviano y a mantenerse firme en los “principios revolucionarios” de la organización sindical.  Por su parte, Aquilardo Caricari, líder de los Interculturales, advirtió que si la COB negocia al margen de las bases, perderá su autoridad para desmovilizar a los manifestantes. “Vamos a ver quién le hace caso para desmovilizar al pueblo que está en las carreteras”, sentenció Caricari, quien anunció la masificación de los bloqueos. En la misma línea, Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) cercano al evismo, señaló que aunque existen intentos de algunos dirigentes por negociar, las bases rechazan cualquier acercamiento debido al malestar por la situación económica. “Aunque algunos dirigentes intenten negociar en nombre de esta lucha, vamos a continuar”, afirmó Choque, convocando a otros sectores a sumarse a las medidas de presión. El expresidente Evo Morales reafirmó su apoyo a la COB, elogiando su resistencia y organización que aun permanecen en las rutas donde realizan los bloqueos bajo temperaturas bajas. Las asociaciones cocaleras han ayudado a reforzar los puntos de bloqueo a 46 días de protestas, medidas realizadas por los manifestantes ante la falta de respuestas por parte del gobierno de Paz para resolver las necesidades del pueblo boliviano. La tensión política persiste mientras el gobierno intenta retomar las conversaciones, pero los sectores movilizados insisten en que su demanda central es la salida del presidente Paz, descartando acuerdos parciales que no aborden esta exigencia fundamental.

La Paz, 10 de junio (El Nuevo Cambio).- La aprobación y el apoyo del presidente Rodrigo Paz Pereira cayó en 9,2 por ciento en el último mes, según una encuesta internacional de la Consultora CB Global Data que realiza sondeos de opinión en toda América Latina. De acuerdo a los datos del estudio, su respaldo de un 55,6% en mayo pasado bajo a 46,4%, lo que representa una disminución del 9,2 por ciento, en más alto con relación a otros presidentes de América Latina. Según el informe, esta es la mayor caída registrada entre los presidentes de América Latina en el último mes evaluado. Además, el descenso hizo que Paz dejara de estar entre los cinco mandatarios mejor valorados de la región, posición que había alcanzado en meses anteriores. En el ranking regional, los tres presidentes con mayor aprobación son Nayib Bukele con 69,1%, Claudia Sheinbaum con 65,5% y Laura Fernández con 56,1%, mientras los niveles más bajos de aprobación corresponden a José María Balcázar con 18,2%, Delcy Rodríguez con 29,5% y Bernardo Arévalo con 33,1%. El informe destaca además que Rodríguez de Venezuela, fue la mandataria que más creció en aprobación durante el último mes, con un aumento de 5,4 puntos porcentuales, mientras que Paz Pereira registró la mayor caída, con 9,2 puntos menos respecto a mayo. La encuesta fue realizada entre el 2 y el 7 de junio de 2026 en 18 países de América Latina. Participaron 40.517 personas mayores de 18 años con acceso a internet y dispositivos móviles. Según la ficha técnica, el nivel de confianza es del 95% y el margen de error oscila entre 2% y 3,1%, dependiendo del país.

Lauca Eñe, 7 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente Evo Morales Ayma criticó el uso de la fuerza por parte de grupos civiles irregulares en contra del pueblo boliviano, alentados por el gobierno y el propio presidente Rodrigo Paz. El exmandatario, durante el programa “Evo pueblo, líder de los humildes” que se transmite todos los domingos por Radio Kausachun Coca, dijo que, aunque Rodrigo Paz haya borrado el video que envió pidiendo a la población salga junto a las Fuerzas Armadas y Policía a desbloquear, es responsable de la violencia y debería ser sometido a un juicio de responsabilidades. “La eliminación de ese video (el enviado por Rodrigo Paz y luego eliminado) no borra la gravedad de los hechos ni la irresponsabilidad de promover la participación de civiles en tareas que corresponden exclusivamente a instituciones del Estado”, añadió. El exmandatario explicó que cuando se alienta la confrontación entre bolivianos, se está debilitando la institucionalidad democrática del estado y lo peor, se está poniendo en riesgo la vida del pueblo. El análisis de los enfrentamientos registrados este sábado en la localidad de San Julián que tuvo un saldo de alrededor 26 heridos, dos de mucha gravedad, y al menos una decena de detenidos, fue realizado por el expresidente con abogados de Santa Cruz, Carlos Echazú y de Cochabamba, Nelson Cox.   Morales sostuvo que el informe del GIEI es categórico al recomendar que el Estado prevenga, investigue y desmantele cualquier grupo civil que actúe mediante la violencia. “Bolivia ya sufrió las consecuencias del odio, la persecución y la violencia política. Por eso rechazamos cualquier intento de organizar, proteger o incentivar grupos que busquen enfrentar a civiles contra civiles”, añadió. “El camino no es la confrontación ni el paramilitarismo; el camino es el diálogo, la democracia y el respeto al pueblo boliviano”, dijo al señalar que lo que hizo el gobierno en San Julián, con civiles y grupos paramilitares, es una acción ilegal, racista y fascista en contra de un pueblo, que merece un juicio de responsabilidades al presidente y procesos penales a los ministros.

La Paz, 5 de junio (El Nuevo Cambio).- El Senado Nacional aprobó el proyecto de Ley de Regulación de Estado de Excepción la noche del jueves y lo derivó a la Cámara de Diputados para su sanción, en medio de denuncias de que se trata de una disposición que “otorga licencia para matar”. La disposición fue aprobada tras un largo debate, en el que participaron incluso tres ministros del estado, entre tanto algunos senadores y la oposición política, calificó la norma como un instrumento que permite la violación de los derechos humanos y otorga carta blanca a las fuerzas de seguridad para reprimir y hasta matar. Uno de los críticos al reglamento fue el senador Wilder Veliz que cuestionó al gobierno por no haber atendido en su momento las demandas de los trabajadores y sectores sociales y haber coadyuvado a que la crisis social se agudice en el país. Sostuvo que la ley posibilitará la represión, persecución e incluso el uso de armas de fuego, porque admite que matar a los movilizados será una acción legítima, porque hasta matar, presumirá de que será de buena fe. Afirmó que el estado podrá reprimir, matar, hacer desaparecer a la gente y el estado incluso podrá asistir con asistencia técnica jurídica a quienes asuman la represión, “se trata de una carta blanca para que haya masacre en Bolivia”. Veliz dijo que la ley tendrá serias observaciones internacionales porque se trata de una norma que viola todos los derechos humanos  de los ciudadanos y permite reprimir y matar a quienes se movilicen y protesten contra el gobierno. La propuesta de Ley de Regulación de Estado de Excepción enviada a la Asamblea Legislativa establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir cuando la Policía sea superada por una conmoción interna como el bloqueo de caminos. El proyecto también dispone que las actuaciones de militares y policías durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad y que las Fuerzas Armadas podrán participar en operaciones de seguridad interna durante los estados de excepción si la capacidad operativa de la Policía Boliviana resulta insuficiente. Los militares también podrán asumir tareas de protección de infraestructura crítica, resguardo de instalaciones públicas, control perimetral de seguridad, protección de rutas estratégicas de abastecimiento y seguridad de aeropuertos, hospitales, sistemas hídricos, plantas energéticas y redes de telecomunicaciones. El proyecto autoriza el uso de la fuerza para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado. Sostiene además, que las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad.