La Paz, 25 de octubre (El Nuevo Cambio).- La Defensoría del Pueblo informó que en Bolivia se registraron 109 conflictos sociales en lo que va de la vigencia del estado de excepción, todas en demanda de atención a planteamientos económicos por la crisis que se generó ante el levantamiento de la subvención del diésel y el incremento de la canasta familiar.
De acuerdo a los datos proporcionados se reportaron 168 eventos vinculados con la conflictividad social en Bolivia entre julio y septiembre de 2026, de los cuales 109 fueron conflictos activos y 59 anuncios de medidas de presión.
A pesar del Estado de Excepción, los registros aumentaron de 41 en julio a 55 en agosto y 72 en septiembre. Las demandas económicas encabezaron el informe con 45 casos, principalmente por el encarecimiento y los problemas de abastecimiento de diésel, el costo de vida y las exigencias laborales.
“Los conflictos no disminuyeron pese al Estado de Excepción, debido a las demandas estructurales y económicas que siguen latentes como el acceso a la alimentación y el derecho al empleo. Vemos que es urgente fortalecer la democracia deliberativa y reforzar los espacios de diálogo para prevenir escaladas de violencia”, dijo el defensor del pueblo, Pedro Callisaya Aro, durante la presentación del informe.
Los datos también establecen que La Paz concentró la mayor cantidad de conflictos activos, con 30 casos, seguida de Santa Cruz y Cochabamba, con 23 cada una. También identificó 14 conflictos relacionados con la gobernabilidad y otros 14 de carácter laboral y salarial.
Entre los derechos afectados destacaron el laboral, con 16 registros, y el acceso a la alimentación, con ocho, mientras la Defensoría alertó sobre las repercusiones del encarecimiento de los carburantes en la producción, el comercio y la economía familiar.
