Política

Cochabamba, 8 de junio (El Nuevo Cambio).- Dirigentes de la Federación Chimoré anunciaron la “toma pacífica” de cuarteles militares y unidades policiales ubicadas en el Trópico de Cochabamba, en rechazo a la promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción. La decisión surge de una reunión de organizaciones sociales, en rechazo a la nueva ley promulgada este lunes por el presidente Rodrigo Paz y porque viola los derechos humanos y le da vía libre a Fuerzas Armadas y Policía para “matar” a la población movilizada. Según los dirigentes, la toma de los cuarteles y unidades policiales será pacífica y busca expresar el desacuerdo de la población a la ley promulgada por Paz Pereira en medio de amenazas a la región del trópico. Asimismo, las organizaciones del trópico dijeron que la nueva legislación abre la posibilidad de mayores restricciones durante conflictos sociales, por lo que anunciaron una serie de acciones de protesta, en defensa de los derechos fundamentales del pueblo boliviano.

La Paz, 8 de junio (EL Nuevo Cambio).- El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó los enfrentamientos registrados el sábado en la población de San Julián en el departamento de Santa Cruz, que terminó con el saldo de alrededor 26 heridos, dos de gravedad, como un alzamiento armado. “Estos hechos (San Julián) puede ser visto como alzamiento armado, como un ataque al Estado, por lo tanto, vamos a actuar con la mayor fuerza posible, para que no conviertan al país en una mafia criminal”, amenazó. Aclaró que el operativo de desbloqueo del sábado, en la que intervinieron la Policía, Fuerzas Armadas (y grupos de civiles como la Unión Juvenil Cruceñista) “podrían tener implicaciones penales de alta gravedad”. El ministro afirmó que los disparos realizados contra efectivos policiales y militares constituyen un hecho sin precedentes en el actual conflicto y sostuvo que, desde el punto de vista legal, “puede ser visto como alzamiento armado, como un ataque al Estado, como un tema de terrorismo y como grupos irregulares”. El saldo del operativo policial, de las FF.AA. y grupos de choque civiles es de seis policías heridos, además de un comunario, cuatro de ellos por impactos de arma de fuego. Los uniformados se replegaron y el bloqueo en la región se mantiene sin ninguna variación. “Vamos a actuar con mayor fuerza para que este tipo de situaciones no conviertan al país en una mafia criminal”, afirmó al señalar que el objetivo sigue siendo restablecer la normalidad, garantizar el abastecimiento de alimentos y permitir la libre circulación en el país.

La Paz, 7 de junio (El Nuevo Cambio).- La Cámara de Diputados sancionó la madrugada de este domingo la Ley de Regulación del Estado de Excepción, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los conflictos en Bolivia, y demandó respetar la Convención Americana y a priorizar el diálogo para atender las demandas sociales y no el uso de la fuerza. Recordó que las medidas de estados de excepción deben adecuarse al artículo 27 de la Convención Americana y a los estándares interamericanos, y debe atender la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico de las medidas. La CIDH aclaró que las medidas de estado de excepción deben ajustarse a los “estándares interamericanos” establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que su aplicación debe respetar los derechos de los ciudadanos. El organismo internacional expresó también su preocupación por el creciente conflicto social y político en Bolivia, debido a las protestas iniciadas en mayo de 2026, en demanda de atención a sus pedidos económicos y sociales. La CIDH hizo un llamado al Estado y a la sociedad toda, a priorizar el diálogo para atender las demandas sociales. “Ante las discusiones en curso, la CIDH recuerda que las medidas de Estados de excepción deben adecuarse al artículo 27 de la Convención Americana”, reitera.

Lauca Eñe, 7 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente Evo Morales Ayma criticó el uso de la fuerza por parte de grupos civiles irregulares en contra del pueblo boliviano, alentados por el gobierno y el propio presidente Rodrigo Paz. El exmandatario, durante el programa “Evo pueblo, líder de los humildes” que se transmite todos los domingos por Radio Kausachun Coca, dijo que, aunque Rodrigo Paz haya borrado el video que envió pidiendo a la población salga junto a las Fuerzas Armadas y Policía a desbloquear, es responsable de la violencia y debería ser sometido a un juicio de responsabilidades. “La eliminación de ese video (el enviado por Rodrigo Paz y luego eliminado) no borra la gravedad de los hechos ni la irresponsabilidad de promover la participación de civiles en tareas que corresponden exclusivamente a instituciones del Estado”, añadió. El exmandatario explicó que cuando se alienta la confrontación entre bolivianos, se está debilitando la institucionalidad democrática del estado y lo peor, se está poniendo en riesgo la vida del pueblo. El análisis de los enfrentamientos registrados este sábado en la localidad de San Julián que tuvo un saldo de alrededor 26 heridos, dos de mucha gravedad, y al menos una decena de detenidos, fue realizado por el expresidente con abogados de Santa Cruz, Carlos Echazú y de Cochabamba, Nelson Cox.   Morales sostuvo que el informe del GIEI es categórico al recomendar que el Estado prevenga, investigue y desmantele cualquier grupo civil que actúe mediante la violencia. “Bolivia ya sufrió las consecuencias del odio, la persecución y la violencia política. Por eso rechazamos cualquier intento de organizar, proteger o incentivar grupos que busquen enfrentar a civiles contra civiles”, añadió. “El camino no es la confrontación ni el paramilitarismo; el camino es el diálogo, la democracia y el respeto al pueblo boliviano”, dijo al señalar que lo que hizo el gobierno en San Julián, con civiles y grupos paramilitares, es una acción ilegal, racista y fascista en contra de un pueblo, que merece un juicio de responsabilidades al presidente y procesos penales a los ministros.

La Paz, 6 de junio (El Nuevo Cambio).- El representante del instrumento político “Evo-Pueblo”, Christian Velasco, denunció que el gobierno ejerce toda una persecución política y de terrorismo de Estado en contra de exlegisladores, dirigentes y militancia de del movimiento indígena popular. En una conferencia de prensa, Velasco explicó que se trata “de una acción combinada con el imperialismo internacional contra Bolivia, hecho que se comprobó con el apoyo que recibió Paz Pereira de parte de la Embajada de los EE.UU. y de su Departamento de Guerra”. Lamentó y denunció las detenciones de la exsenadora Simona Quispe (actualmente liberada), de la dirigente Yesenia Vargas, ambas vinculadas al “evismo”, y del dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de La Paz (Fejduve), Justino Apaza Callisaya (enviado por 6 meses a la cárcel). Según Velasco Rojas, las declaraciones de apoyo de los EE.UU. “constituyen una clara injerencia en temas internos de Bolivia, que el Ejecutivo no los denuncia como en otros casos en los cuales el movimiento obrero popular recibe solidaridad de los países vecinos”. Recordó que el presidente Paz Pereira se comprometió a entregar nuestros recursos naturales como el litio, los minerales y las tierras raras al gobierno de Donald Trump por lo que “tiene necesidad de desbloquear el país”. Explicó que esa es la razón por la que recurre incluso a un Estado de Excepción inconstitucional que “en el futuro ameritará un juicio de responsabilidades contra el Ejecutivo, además de los legisladores, policías y militares que se atrevan a asesinar al pueblo movilizado”.

La Paz, 5 de junio (El Nuevo Cambio).- El Senado Nacional aprobó el proyecto de Ley de Regulación de Estado de Excepción la noche del jueves y lo derivó a la Cámara de Diputados para su sanción, en medio de denuncias de que se trata de una disposición que “otorga licencia para matar”. La disposición fue aprobada tras un largo debate, en el que participaron incluso tres ministros del estado, entre tanto algunos senadores y la oposición política, calificó la norma como un instrumento que permite la violación de los derechos humanos y otorga carta blanca a las fuerzas de seguridad para reprimir y hasta matar. Uno de los críticos al reglamento fue el senador Wilder Veliz que cuestionó al gobierno por no haber atendido en su momento las demandas de los trabajadores y sectores sociales y haber coadyuvado a que la crisis social se agudice en el país. Sostuvo que la ley posibilitará la represión, persecución e incluso el uso de armas de fuego, porque admite que matar a los movilizados será una acción legítima, porque hasta matar, presumirá de que será de buena fe. Afirmó que el estado podrá reprimir, matar, hacer desaparecer a la gente y el estado incluso podrá asistir con asistencia técnica jurídica a quienes asuman la represión, “se trata de una carta blanca para que haya masacre en Bolivia”. Veliz dijo que la ley tendrá serias observaciones internacionales porque se trata de una norma que viola todos los derechos humanos  de los ciudadanos y permite reprimir y matar a quienes se movilicen y protesten contra el gobierno. La propuesta de Ley de Regulación de Estado de Excepción enviada a la Asamblea Legislativa establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir cuando la Policía sea superada por una conmoción interna como el bloqueo de caminos. El proyecto también dispone que las actuaciones de militares y policías durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad y que las Fuerzas Armadas podrán participar en operaciones de seguridad interna durante los estados de excepción si la capacidad operativa de la Policía Boliviana resulta insuficiente. Los militares también podrán asumir tareas de protección de infraestructura crítica, resguardo de instalaciones públicas, control perimetral de seguridad, protección de rutas estratégicas de abastecimiento y seguridad de aeropuertos, hospitales, sistemas hídricos, plantas energéticas y redes de telecomunicaciones. El proyecto autoriza el uso de la fuerza para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado. Sostiene además, que las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad.

La Paz, 3 de junio (El Nuevo Cambio).- Los ministros de Defensa, Marcelo Salinas y la de Educación, Beatriz García renunciaron a sus cargos, en medio de los problemas sociales que afectan al país hace más de un mes y aparentemente por no estar de acuerdo con la declaratoria de un estado de excepción. Ambas renuncias se realizaron con minutos de diferencia este martes, y luego de la realización de la reunión de un gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno que realizó un análisis de la situación social y política del país, a raíz del rechazo al diálogo propuesta por el gobierno con las organizaciones sociales. Los dos ministros fueron posesionados el pasado 9 de noviembre, un día después de que Rodrigo Paz asumiera la presidencia del Estado Plurinacional y se alejan del cargo seis meses después, cuando el país se encuentra en medio de protestas y movilizaciones ciudadanas y el bloqueo de carreteras desde hace un mes. La renuncia de ambos dignatarios, se suma a la del ahora ex ministro de Trabajo, Edgar Morales, que se alejó del cargo criticando al presidente Paz, por el mal asesoramiento que tiene con relación a los conflictos sociales en el país. Si bien, las renuncias de los dos ministros se conocieron a través de información de la prensa, confirmadas luego en ambos ministerios, no se conoce oficialmente las razones por la cuales ambos dignatarios se alejaron de sus funciones.