La Paz, 27 de agosto (El Nuevo Cambio).- Familiares y organizaciones que representan a las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba en el golpe de estado de noviembre de 2019, calificaron como un “manto de impunidad” la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que decidió anular los obrados en el proceso contra la expresidenta de facto Jeanine Añez y otros acusados.
La decisión que además originó una serie de protestas de otras organizaciones, sobre todo sociales y sindicales, dispuso trasladar el caso al Ministerio Público para evaluar la posibilidad de procesar a Añez en un juicio de responsabilidades.
Los familiares de las víctimas anunciaron que exigirán que el caso sea trasladado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la única garantía de imparcialidad en una resolución de la justicia.
La representante de las víctimas, Gloria Quisbert, declaró a los medios de comunicación que el fallo del Tribunal de Sentencia es “una firma con sangre” y denunció que la decisión judicial otorga privilegios a los responsables de la represión que dejó decenas de muertos en Senkata y Sacaba.
“Nos han dejado nuevamente con un dolor más. La justicia tiene que ser imparcial, quien tiene que pagar que pague, pero tiene que hacerse justicia. No vamos a cansarnos, vamos a buscar otras vías y hemos denunciado a la CIDH lo que nos han hecho el día de ayer”, dijo.
También habló el activista David Inca y afirmó que “los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las dejó en indefensión. La impunidad ganó con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia”.
La CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya habían confirmado en 2021 que los hechos de Senkata y Sacaba constituyeron una masacre y exigieron sanciones para los responsables.
