La Paz, 30 de agosto (El Nuevo Cambio).- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró improcedente la consulta sobre constitucionalidad de las preguntas que el Poder Ejecutivo buscaba que sean llevadas a referéndum el mismo día de las elecciones judiciales. La razón es la falta del informe técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El pasado 6 de agosto, el Gobierno anunció la iniciativa de llevar a referéndum cuatro preguntas referidas a la reelección presidencial continua o discontinua, la redistribución de escaños y a la subvención a los hidrocarburos.
Las preguntas fueron remitidas al TSE, instancia que devolvió las consultas con un informe detallado en el que explicaba que las mismas no eran procedentes por su falta de claridad e imparcialidad.
La iniciativa presidencial, una vez corregidos los errores y eliminada la pregunta referente a los escaños, según afirmaron voceros del Gobierno, fueron remitidas al TCP para el control de constitucionalidad, de manera irregular, instancia que tenía que emitir un fallo hasta mañana, sábado, para ver la procedencia de la consulta.
El TCP se manifestó de manera negativa al pedido porque la solicitud no vino acompañada del informe del TSE. “Este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar a realizar el control previo de constitucionalidad de las preguntas de referendo presentadas; en consecuencia, corresponde declarar su improcedencia”, argumenta el fallo, firmado por los magistrados Julia Cornejo y Petronilo Flores, según el documento al cual tuvo acceso tanto el Correo del Sur y Unitel.
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 121 y ss. del Código Procesal Constitucional; resuelve declarar: la IMPROCEDENCIA de la consulta de preguntas para referendo realizada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme con los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Declaración Constitucional Plurinacional, debiendo devolverse antecedentes a los fines de su cumplimiento”, se puede leer en el documento,.
Desde el Gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que el Gobierno no había sido notificado aún con el fallo, que se esperaba sea emitido hasta el sábado 31 de agosto, fecha límite para ser incluido en el proceso electoral para la elección de magistrados.
Varios constitucionalistas habían desahuciado la solicitud, porque no se siguió el procedimiento, es decir que el Gobierno debió remitir las preguntas corregidas al TSE para que emita un informe donde evidencie si las preguntas cumplían los requisitos de claridad e imparcialidad.
La fecha límite que puso el TSE para llevar las preguntas a consulta era el 1 de septiembre, pues el ente electoral necesita 90 días para preparar el referéndum.
