Alfredo Jiménez Pereyra
El presidente Rodrigo Paz Pereira cumple el primer año de una paupérrima gestión gubernamental enmarcada por una lacerante crisis económica, escándalos, corrupción, presuntos vínculos con el narcotráfico, inestabilidad política, y sobre todo, por la influencia del consultor político argentino Fernando Cerimedo como su asesor.
La denominada gasolina basura, el auto Audi del exministro José Espinoza, tráfico de oro, casos maletas, tráfico de armas, denuncias en contra funcionarios de la Caja Nacional de Seguridad (CNS), sicariatos, entre otros, ha sido el común denominador en los primeros 365 días del gobierno de Paz Pereira.
La dejadez e inercia del gobernante para investigar y establecer responsabilidades sobre los hechos de corrupción ha desatado un marcado rechazo e incertidumbre de parte de la población que confió en él durante el proceso electoral de 2025.
Con la consigna de poner a “Bolivia en el mundo”, Paz Pereira optó por un giro en la política exterior manteniendo un claro servilismo y sumisión hacia gobiernos de extrema derecha como Estados Unidos, Israel, Chile y Argentina. Con el gobierno del estadounidense Donald Trump firmó un acuerdo para ser parte del Escudo de las Américas lo que implica el retorno de la cooperación norteamericana en la “lucha antidrogas”, personal de la DEA y la CIA.
El primer año de gestión de Paz Pereira se caracterizó por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una economía en números rojos por el declive de la producción de hidrocarburos que durante años fue el sustento del país.
El Ejecutivo trató de estabilizar la economía con medidas como el retiro parcial de la subvención a los hidrocarburos, el paso de un régimen cambiario fijo a uno flexible y un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, este último es un claro endeudamiento.
Tras la eliminación de la subvención a los combustibles, varios sectores del parque automotor del país denunciaron daños en sus vehículos debido a la distribución de gasolina contaminada. Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), determinó que el carburante distribuido en el país no cumplía los parámetros legales de pureza. Se encontraron niveles de sedimentos gomosos que superaban hasta ocho veces el límite permitido por el Decreto Supremo 4718. Mientras la normativa establece un máximo de 5 mg/100 ml, una de las muestras analizadas alcanzó los 38,8 mg/100 ml.
Tras el resultado del estudio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió que no cuenta con suficientes laboratorios para fiscalizar adecuadamente el producto importado. La estatal desembolsó cerca de 2 millones de dólares para indemnizar a miles de conductores afectados por daños mecánicos, pero tuvo que ser cancelado.
Desde la conformación de su equipo ministerial, en noviembre de 2025, varios ministros dejaron sus cargos por renuncias, destituciones o decisiones del gobierno. Freddy Vidovic dejó el ministerio de Justicia tras conocerse que tenía una sentencia ejecutoriada. Posteriormente, esa cartera fue eliminada y sus atribuciones redistribuidas.
En abril de 2026, Mauricio Medinaceli salió de Hidrocarburos en medio de la crisis de combustibles. En mayo, Edgar Morales renunció a Trabajo durante los bloqueos. En junio, Beatriz García y Marcelo Salinas dejaron Educación y Defensa, respectivamente.
En los meses siguientes, Cinthya Yáñez, José Luis Lupo y Fernando Romero también dejaron sus cargos. En agosto, José Gabriel Espinoza fue apartado de Economía tras su censura legislativa.
Por otra parte, la propuesta del jefe de Estado de aplicar el 50-50 fue uno de los principales compromisos de descentralización de su Gobierno. La iniciativa plantea modificar la distribución de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones. Los nueve gobernadores del país tomaron una posición conjunta a principios de mes y rechazaron el 1% de coparticipación ofrecido para 2027.
Uno de los escándalos políticos que empañan al gobierno tiene que ver con la relación con el consultor político argentino Fernando Cerimedo quien afronta al menos cuatro causas penales y está encarcelado preventivamente en dos de ellas, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja (Nadia Beller) y por su supuesto enriquecimiento ilícito.
Desde entonces se han difundido alrededor de una decena de audios atribuidos a Cerimero en supuestas charlas con ministros, familiares del presidente y particulares que, según los detractores de Paz Pereira, revelan la fuerte influencia del argentino en decisiones del Ejecutivo.
María Elena “Bibi” Urquidi, esposa de Paz Pereira llamada también como “ventanilla única”, se conoció, por audios revelados, que mantuvo conversaciones con Cerimero sobre la designación de algunos puestos claves dentro de los ministerio y direcciones estatales, generación de económica de los ministerios y de cobrar millones de pesos por la importación de hidrocarburos de mala calidad.
La Fiscalía creó una comisión para investigar el caso Cerimero, pero en octubre pasado fue encarcelado y destituido el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de liderar una organización criminal de protección al “narcoterrorismo”. Días antes de su detención, Estados Unidos le retiró el visado bajo argumentos similares.
Días después, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, huyó del país y se declaró “perseguido”, horas antes de que se conociera que también está investigado dentro de la misma causa abierta contra Mariaca.
Ahora, la nueva dirección de la Fiscalía rechazó tres denuncias contra Cerimedo por incumplimiento de requisitos y ordenó archivar obrados. Este hecho demuestra la intención de la administración de Paz Pereira de liberar al asesor argentino porque es un hombre clave del gobierno de Trump en el Cono Sur.
Todos estos antecedentes demuestran que Paz Pereira fue incapaz de gobernar una Bolivia que reclama por mejorar la magra economía que atraviesa para beneficiar a millones de bolivianos que son víctimas de la corrupción y de los escándalos que impera desde hace un año en una administración política que solamente gobierna para un puñado de logias.
El respaldo al mandatario tuvo una caída de 40 puntos porcentuales en un año de gobierno. Según una encuesta de la empresa Ipsos Ciesmori, la aprobación de Paz Pereira pasó del 65% en noviembre de 2025 al 25% en octubre de 2026. Entretanto, la desaprobación subió del 18% al 59%.
Mientras tanto, en las calles de las ciudades y en centenas de provincias y comunidades el descontento del pueblo contra el gobierno crece como un tsunami que en cualquier momento impactará contra un presidente que no tiene la capacidad de gobernar con justicia y equidad.
