La Paz, 5 de julio (El Nuevo Cambio).- Las organizaciones de los periodistas rechazaron, en un pronunciamiento, el proyecto de ley que limita el acceso a la información y documentación pública en Bolivia, inicialmente aprobado en grande por el Senado Nacional.
De acuerdo al gremio periodístico la iniciativa restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y vulnera las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, violando el derecho a la información.
La declaración dice que el proyecto limita el acceso libre, irrestricto y oportuno a la información pública, reconocido por el artículo 106 de la Constitución Política, además de contradecir estándares internacionales sobre transparencia y libertad de información.
Dicen que el proyecto fue aprobado en el Senado sin un proceso de socialización con la ciudadanía ni con las instituciones representativas del periodismo y la sociedad civil, pese a que anteriormente se había consensuado otra propuesta junto a organizaciones especializadas.
Según los periodistas, el proyecto incluye una serie de procedimientos burocráticos y requisitos que dificultan el acceso a la información como, por ejemplo, la obligación de presentar solicitudes por escrito, entregar fotocopias del carnet de identidad y registrar datos personales, aspectos que consideran ponen en riesgo la labor periodística, especialmente en investigaciones de interés público.
Asimismo, la propuesta obliga al solicitante a garantizar que la información obtenida no cause perjuicios a terceros y le atribuye responsabilidad por el uso de esos datos, una disposición que, según el pronunciamiento, puede utilizarse para desalentar denuncias e investigaciones sobre hechos de corrupción o irregularidades cometidas por servidores públicos.
También cuestionan que el proyecto otorgue hasta tres semanas a las entidades públicas para responder solicitudes de información, incluso cuando ésta se encuentre disponible de forma inmediata, y que las Unidades de Transparencia sean las encargadas de resolver las negativas de acceso, pese a que dependen de las propias instituciones investigadas.
Finalmente, las organizaciones demandan el archivo inmediato del Proyecto de Ley N° 066/2025 y exhortan a que cualquier nueva normativa sobre acceso a la información sea construida mediante un proceso participativo.
