La Paz, 12 de septiembre (El Nuevo Cambio).- La exministra de Comunicación del régimen de Jeanine Añez, Roxana Lizárraga Vera, fue sentenciada por corrupción, al no poder justificar más de 549 mil bolivianos en movimientos bancarios.
La sentencia tiene que ver con el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de que la justicia determinara que no logró justificar el origen lícito de Bs 549.429,32 que circularon por sus cuentas bancarias entre 2019 y 2020.
Según la justificación de la sentencia, Lizárraga registró 182 transferencias interbancarias por 247.072,16 bolivianos, en cuatro cuentas del Banco Nacional de Bolivia y del Banco Unión, respectivamente.
Entre los montos sin justificación, también se menciona, 198.265 bolivianos que correspondieron a operaciones realizadas directamente con su hijastro, Álvaro Daniel Vega Arce, cuyo padre, actualmente es uno de los abogados del exasesor personal de Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo.
También figura una transferencia de 99.000 bolivianos, recibida el 31 de mayo de 2019, que la exministra atribuyó al “cobro de servicios legales”, explicación que la Fiscalía consideró incongruente.
Asimismo, se contempla 122.357,16 bolivianos depositados por la Compañía Importadora de Automotores Mathias Csapek S.A. entre enero y noviembre de 2019, además de un cheque por 180.000 bolivianos cobrado de la empresa telefónica VIVA.
De acuerdo a los antecedentes, Lizárraga tampoco pudo establecer ante la justicia el origen o motivo de estas operaciones. En ese periodo declaró ingresos mensuales de 12.000 bolivianos como consultora de comunicaciones.
El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz concluyó que la exministra no demostró el origen lícito de varios de los depósitos registrados, particularmente aquellos vinculados con su hijastro.
La condena inicial fue de cuatro años de prisión, aunque su defensa presentó una apelación y cuestionó que durante el proceso se hubiera modificado el delito atribuido sin la correspondiente notificación. Lizárraga se encuentra en los Estados Unidos desde el 2020, trabajó antes de ser ministra, en la red Unitel.
