La Paz, 3 de mayo (El Nuevo Cambio).- La marcha indígena y campesina llegó hasta las puertas de la ciudad de La Paz después de 26 días de una intensa caminata desde Cobija, Pando y otorgó un plazo de 24 horas al gobierno para que abrogue la ley 1720 que intenta afectar las tierras pequeñas y familiares para beneficio de empresarios y terratenientes.
Los indígenas se encuentran en la tranca de Urujara, salida de los Yungas de La Paz, descansarán este domingo en esa región y acordaron reiniciar su caminata este lunes para ingresar a la sede de gobierno.
Este domingo también se aprovechará para la atención médica de alrededor 65 indigenas y campesinos, entre mujeres y hombres, que tienen diferentes problemas de salud, después de la larga caminata desde Pando, de aproximadamente unos 1.100 kilómetros.
Los marchistas ratificaron su rechazo a la Ley 1720, porque permite la conversión de la pequeña propiedad en mediana y afecta sus derechos sobre la tierra, en beneficio de los empresarios y terratenientes.
Dijeron que se está luchando por la anulación de la ley porque desde hace años “venimos solicitando asentamientos, pero hasta ahora esas tierras no han sido consolidadas”.
También exigieron la anulación de la ley 1720 y demandaron seguridad jurídica para sus tierras. La movilización comenzó el pasado 8 de abril, el mismo día de la promulgación de la norma cuestionada.
En el trayecto, se sumaron sectores del Beni y otras regiones del país. La Central Obrera Boliviana (COB) la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otras, expresaron su apoyo a la marcha.
