La Paz, 7 de mayo (El Nuevo Cambio).- Los exministros y exministras del gobierno del expresidente Evo Morales Ayma, demandaron de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intervención para garantizar los derechos humanos y fundamentales de la jueza Lilian Moreno, trasladada ilegalmente al Penal de Palmasola en Santa Cruz, por el gobierno de Luis Arce Catacora.
En la carta firmada por 34 exautoridades se demanda a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, su intervención en el caso de la aprehensión ilegal de la jueza Moreno.
La misiva dice: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de vulneración de la independencia judicial en Bolivia y la violación de los derechos fundamentales de la jueza Lilian Moreno Cuellar, recientemente detenida de manera arbitraria estando en pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.
En el texto se denuncia que la jueza Moreno, “fue privada de libertad de manera arbitraria, sin investigación previa ni proceso disciplinario alguno, tras dictar una resolución que anulaba una orden de aprehensión manifiestamente irregular, en estricto cumplimiento de sus atribuciones y bajo los principios de independencia y legalidad”.
“Esta detención constituye una violación flagrante al debido proceso, a la independencia judicial y a los estándares internacionales de protección de los magistrados y magistradas”, dice.
La nota hace énfasis en la ilegalidad de la detención la misma que se ha ejecutado en un contexto de “hostigamiento público realizado incluso por autoridades de la jerarquía judicial”, donde prima “(el) abuso de autoridad, uso indebido de influencias, (la) persecución política, violencia institucional y de género, coacción y amenazas, y violación de garantías constitucionales y convencionales”.
En la carta se pide “que se observe y se documente la situación de la Jueza Lilian Moreno Cuellar y la persecución a operadores de justicia en Bolivia, en particular a mujeres que ejercen funciones jurisdiccionales”.
Además, “que se exhorte al Estado boliviano a respetar la independencia judicial, el debido proceso y la aplicación de los precedentes constitucionales, en particular la SCP 0106/2015-S2, que protege a los jueces frente a investigaciones penales por decisiones jurisdiccionales hasta su revisión respectiva”.
También, entre otros, “que promueva acciones para prevenir y erradicar toda forma de persecución, hostigamiento y violencia institucional y de género contra juezas y jueces independientes en Bolivia.
