Lauka Eñe, 9 de octubre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció hoy que el gobierno, a través de un impresionante despliegue policial, tiene el plan de detenerlo en la ciudad de Tarija, utilizando un proceso mentiroso e ilegal de trata, tráfico y estupro.
El exmandatario ofreció una declaración de prensa, a través de Radio Kausachun Coca, desde la localidad de Lauka Eñe, Sinahota, en el trópico de Cochabamba, a las 20.00 horas de hoy, en compañía del exministro de Gobierno, Carlos Romero.
Morales recordó que la primera resolución fiscal de rechazo a ese proceso fue emitida el 2020, en el régimen de Jeanine Añez. Dijo que le ley establece que nadie puede ser condenado y procesado por el mismo hecho, pero el gobierno lo hacen por persecución política.
Se preguntó por qué Luis Arce está asustado, precisamente por los resultados de las encuestas, en todas ellas, la preferencia electoral está a nuestro favor, solo en las ciudades, con más del 30 por ciento, si sumamos el campo y el apoyo a Andrónico, pasamos el 50 por ciento. “Creen que Evo está derrotado políticamente y ya es hora de detenerlo”.
Explicó que en este plan “están metidos no sólo la derecha externa, con Estados Unidos, sino la derecha interna, y la nueva derecha de Luis Arce Catacora. Es un plan del imperialismo, que pretende proscribir al MAS-IPSP e inhabilitarlo a las próximas elecciones”.
Por su parte, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que las guarniciones departamentales de Tarija, Oruro y Potosí, alrededor de 400 efectivos, a parte de grupos de elite, en un impresionante despliegue policial, se movilizaron en contra del expresidente Evo Morales Ayma.
Explicó que se apertura un proceso penal, con una extraña celeridad, por estupro y trata de personas que vincula al exmandatario Evo, “este mismo caso ya fue sustanciado durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”.
“Es un proceso iniciado en ese régimen por el exministro de Justicia, el año 2020, proceso que tuvo una investigación, cuando el expresidente Morales se encontraba exiliado en Argentina, Buenos Aires”.
Dijo que en esa época realizaron una investigación con la Fiscalía, Policía, con jueces, con presión política de algunos ministerios, sin embargo, resulta que en esa época se hace una investigación en ausencia del acusado y cuyo resultado establece que no hay víctima, no hay delito y no existe lugar a sanción y castigo penal.
Explicó que el derecho penal se basa en hechos, “en la reconstrucción de la historia de los hechos, no se basa en conjeturas, hipótesis, debe remitirse a los hechos y estos dicen que no hay víctima, por lo tanto, no hay delito”.
Añadió que, en esa época, pese al montaje político, ese proceso fracasó, entonces el proceso se cerró y de acuerdo a lo que manda el procedimiento penal, “en un año podía abrirse el caso, si se encontraba nuevos elementos, pero no hubo nada”.
“En todo el año 2021 no aparece ningún otro elemento y por tanto, se extingue el proceso y es archivado, por eso no puede ser reabierto bajo ningún proceso, eso establece como una garantía constitucional, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Estado, porque nadie puede ser procesado y condenado por el mismo hecho”.
Romero dijo que estamos viviendo una especie de dictadura, porque no hay leyes que se cumplan, porque de manera arbitraria por disposición de la fiscal de Tarija, se reabre este caso de manera ilegal.
“Con base en un informe policial que tiene información de redes sociales se presenta la imputación en dos horas, es decir baten todos los récords, porque lo hacen tan rápido que nunca se ha visto una celeridad de esa naturaleza”, agregó.
Dijo que ese proceso de oficio realizado por la fiscal de Tarija, se abre de esa manera, por instrucciones del gobierno, no solo ilegalmente, si no principalmente con el objetivo de inhabilitar a Evo para las próximas elecciones nacionales.
Romero explicó que la Fiscalía cometió cuatro delitos en este proceso, emitieron la resolución sin conocimiento del juez, reabren un caso rompiendo las garantías constitucionales y de procedimiento penal, que es equivalente a prevaricato.
Añadió que emiten la resolución sin haber puesto en conocimiento del juez jurisdiccional, además no notifican al expresidente Morales y fundamentan en la resolución que Morales no tiene domicilio conocido y que hay riesgo de fuga, pero luego afirman que no presentó descargos, cuando ni siquiera lo notificaron.
Por último, no corresponde a la jurisdicción de Cercado en Tarija, porque las reglas aplicables para definir la competencia por razón de territorio son básicamente dos, una que la jurisdicción corresponde al domicilio del denunciado, en este caso, todos saben que es Villa Tunari y segunda regla que el caso se apertura en el lugar donde presumiblemente hubiera sido cometido el hecho.
