Santa Cruz, 10 de febrero (El Nuevo Cambio).- Los gremiales, productores, transportistas, industriales, empresarios y exportadores comenzaron este lunes una movilización nacional, en demanda de la abrogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado que establece la confiscación y decomiso de productos.
La movilización se inició en la mayor parte de los departamentos del país, pero con mayor fuerza en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en los demás la medida de presión comienza también de manera progresiva.
En la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se informó que todo el setor participará en la movilización y el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Añez, ratificó que su sector paralizarán actividades.
«Vamos a hacer protestas, mítines, en muchos lugares. Es una forma de llamar la atención al gobierno y mostrar nuestro malestar. La disposición séptima trae especulación”, manifestó el dirigente.
Por su parte, los gremiales de Santa Cruz anunciaron su participación en la medida de presión, sin suspender las ventas, pero con movilizaciones, en tanto, los de la ciudad de Cochabamba dieron marcha atrás y anunciaron que viajarán a la sede de gobierno.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Héctor Mercado, indicó que el sector estará paralizado en toda Bolivia. “Cada departamental determinará de qué forma va a llevar a cabo este paro”, dijo.
El transporte pesado de La Paz se sumará a la medida y el dirigente Domingo Ramos pidió al Gobierno cumplir, además los 12 puntos acordados en mesas de trabajo, incluyendo divisas, combustible, impuestos, facturación y que no pueden cobrar los pagos que reciben en dólares.
Por su parte, el Gobierno calificó como un sabotaje y de política la medida y que no tiene justificativo y convocó a todos los sectores a un diálogo abierto, para explicar los alcances de la disposición de los decomisos.
La disposición dice: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos”.
