Prensa Latina Por Jorge Petinaud Martínez La Paz, 1 dic (Prensa Latina) Un sismo dentro de la justicia boliviana representan hoy las acusaciones públicas del presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía, contra el titular del Tribunal Supremo de esta esfera (TSJ), Romer Saucedo. Apenas tres semanas después del Primer Diálogo por la Reforma Judicial liderada por Saucedo y orientado a sanear esta actividad considerada corrupta por todos los sectores de la sociedad boliviana, Mejía acusó a la máxima autoridad del TSJ de liderar una red de presiones y manipulación destinada a influir en fallos judiciales y designaciones internas. En el video difundido por medios nacionales y portales digitales, Mejía lanzó como un bombazo la afirmación de que Saucedo fue reo durante más de un año en la cárcel de Palmasola por tentativa de asesinato. Esa afirmación se basa en documentos difundidos en 2022 por la página Detrás de la Verdad (DTV), reseñados por medios como la Agencia de Noticias El Eje, según las cuales Saucedo fue identificado entonces como juez anticorrupción y estuvo recluido en 2011, hasta que obtuvo una orden de libertad provisional en 2012. Según esas fuentes, los registros señalan que fue acusado de intentar asesinar a una persona en San Ignacio de Velasco. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni aseguró que desde principios de noviembre recibió presiones para renunciar a su cargo. De acuerdo con su testimonio, un funcionario identificado como Villazón, enviado desde Sucre, visitó su domicilio para advertirle que sería detenido si no dejaba la presidencia, con el fin de reemplazarlo por el vocal Rafael Saavedra. Sostuvo el jefe del TDJ que cuenta con audios, llamadas y conversaciones que, según afirmó, respaldan sus declaraciones. Denunció también Mejía que su oficina fue allanada sin orden judicial y que esos allanadores se llevaron su teléfono celular y su computadora, aunque tenía la garantía de haber respaldado esa información en un segundo dispositivo. La autoridad departamental se quejó de que Saavedra lo contactaba reiteradamente para insistirle en que la Fiscalía estaba lista para actuar en su contra si no renunciaba. Insistió el presidente del TDJ en que Saucedo trata de influir en acciones constitucionales, mover fiscales, ordenar allanamientos irregulares y presionar a jueces. Acusó de irregularidades a Saavedra como la marcación biométrica con apoyo de terceros, dirección de audiencias desde el extranjero y manipulación de expedientes penales. Del lado de Saucedo, hasta el momento en ningún medio ni en redes sociales Prensa Latina halló alguna declaración pública en relación con las acusaciones, y tampoco hasta este lunes se conoce algún posicionamiento del Consejo de la Magistratura respecto a este asunto. Por su parte, en un comunicado circulado a medios del departamento del Beni, Mejía aseguró que presentará todas las pruebas de manera pública y retó a Saucedo a debatir sobre la legalidad de las acciones denunciadas. La polémica inquieta a la sociedad boliviana porque implica a la máxima autoridad del Órgano Judicial boliviano, quien tras su elección popular como magistrado del TSJ fue seleccionado en la Sala Plena de órgano del Estado como su máxima autoridad. Desde entonces y hasta ahora, Saucedo ha ejercido el liderazgo en el país altiplánico en la defensa de la independencia del Órgano Judicial, esfuerzo puesto en duda por las acusaciones de Mejía. ECOS DE UN DIÁLOGO Realizado el 14 de noviembre último bajo el liderazgo de Saucedo, el Primer Diálogo por la Reforma Judicial concluyó con la primera exigencia de la suspensión inmediata de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El presidente del TSJ aseguró entonces que las cuatro mesas de trabajo (Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial) coincidieron en que el país requiere modificaciones profundas, nuevos marcos legales y un esquema de financiamiento estable que permita garantizar independencia judicial. Advirtió Saucedo que, aunque una reforma constitucional es indispensable, ese proceso será de largo plazo. Sin embargo, sostuvo que avanzar hacia una Ley del Órgano Judicial renovada podría sentar las bases para un sistema independiente y con recursos acordes a su carga laboral. Durante la clausura, se informó que la magistrada del TCP Amalia Laura Vilca, elegida por votación popular, presentó un proyecto de ley para definir el Régimen Transitorio de esa institución, documento que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración. Presente en los debates, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que la transformación estructural del sistema judicial es la tarea más urgente y decisiva para el país, y sostuvo que ese proceso no depende únicamente de la voluntad gubernamental, sino de un mandato directo expresado por la ciudadanía en las urnas. Sobre esa base, pidió una reforma de raíz para acabar con la justicia sometida al poder político. “El futuro de Bolivia depende de la integridad de quienes ejercen la justicia. Con ustedes, con su independencia y con su valentía, comienza la nueva justicia para Bolivia. Por donde veo huele mal, por donde veo hay corrupción: esto es una cloaca y depende de nosotros acabar con ese Estado tranca”, concluyó. En este contexto, las denuncias de Mejía constituyen un terremoto en medio de los esfuerzos por limpiar el rostro de la justicia boliviana.
