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La Paz, 7 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El exministro del régimen de facto de Jeanine Añez, Arturo Murillo, fue trasladado al penal de San Pedro, luego de que un juez que atendió su caso por la compra irregular de gases lacrimógenos, dispuso medidas cautelares en su contra. El que fuera hombre fuerte del gobierno de Añez estuvo detenido en los Estados Unidos por el lavado de dinero, y de ahí fue deportado a Bolivia donde está siendo sometido a procesos no solo por la muerte de más de 36 personas en el golpe de noviembre de 2019, sino corrupción. A pesar de que la justicia lo procesa por varios delitos, Murillo advirtió, según los medios de comunicación televisivos, que se encuentra bien y que en un tiempo más se va a saber todo, no aclaró con exactitud a qué se refería. El exministro pasó una noche más en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y después de su declaración de este domingo sobre las armas trasladadas desde el Ecuador para reprimir al pueblo, será nuevamente llevado al Penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. De acuerdo a información de los medios, la medida de la detención preventiva fue dispuesta, debido a que Murillo no pudo demostrar un domicilio, ni un trabajo en el país, lo que podría verse como una posibilidad de riesgo de fuga. El abogado de Murillo, Jaime Tapia, dijo que «él no tiene ni siquiera una cédula de identidad. Entonces, en esas condiciones es imposible que él pueda ser contratado para empezar. Para tener trabajo necesita tener un papel, un documento que acredite su identidad y ser afiliado», señaló.

La Paz, 29 de agosto (El Nuevo Cambio).- La Internacional Antifascista, capítulo Bolivia, reiteró su rechazo a las amenazas de los Estados Unidos a Venezuela, con el falso justificativo de luchar contra el narcotráfico, y trasladando buques de guerra, aviones de vigilancia y hasta submarinos al mar Caribe. En un pronunciamiento, la Internacional, afirma que los movimientos sociales, los trabajadores, estudiantes y las organizaciones democráticas, denuncian con firmeza el brutal acoso imperialista que sufre hoy la hermana República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros. “Esta conducta amenaza la soberanía venezolana y la paz de todo el continente americano, donde los pueblos pacifistas jamás recurrieron a armas nucleares para resolver sus conflictos. Es crucial subrayar que el narcotráfico no es el verdadero objetivo del intervencionismo estadounidense. La historia demuestra que cada vez que el imperio se ve en dificultades, busca apoderarse de los recursos naturales de nuestra región: ayer fue el estaño de Bolivia, el petróleo de Ecuador, el cobre de Chile; hoy la mira está puesta en el petróleo venezolano y en el litio estratégico de Bolivia, Argentina y Chile. La campaña de Washington contra Venezuela —bloqueos financieros, sanciones, presión diplomática y militar— busca justificar la apropiación de estos recursos, mientras se encubre bajo la narrativa de lucha contra las drogas. La verdad es que pretenden saquear nuevamente los bienes de nuestros pueblos, como lo hicieron durante décadas en América Latina, sin compensación alguna y sin respeto a la soberanía”, dice un comunicado. Dice que “en marzo de 2023, la general Laura Jane Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, compareció ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, quedó clara la mentalidad colonial que guía la política exterior estadounidense. Richardson, bajo el débil argumento de la lucha contra el narcotráfico, dejó expuesto que el verdadero objetivo de Washington es apoderarse de los recursos naturales de América Latina”. Afirma que Richardson insistió, en múltiples intervenciones, “que América Latina posee las mayores reservas de petróleo, litio y agua dulce del planeta, y que estos recursos son vitales para la seguridad nacional estadounidense. En otras palabras, nuestra soberanía y nuestros bienes comunes no les pertenecen a los pueblos latinoamericanos, sino que deben estar subordinados a los intereses del imperio”. “Este discurso arrogante es la continuación del “Destino Manifiesto” y de la Doctrina Monroe, que tantas heridas provocaron en el continente, saqueando territorios y sometiendo a los pueblos bajo falsos pretextos. El acoso a Venezuela no es una acción aislada: es parte de un plan sistemático para controlar los recursos estratégicos y debilitar la resistencia de los pueblos latinoamericanos”, añade. Sostiene que “el petróleo venezolano, que debería servir al desarrollo del país y al bienestar de su población, se convierte en objetivo de saqueo bajo pretextos falsos. La República Bolivariana de Venezuela enfrenta una campaña de difamación internacional, sanciones ilegales y amenazas militares constantes”. “La presencia de tropas y armamento estadounidense en el Caribe y el Atlántico no es solo una amenaza para Venezuela: es un mensaje intimidatorio para todo el continente. El imperio intenta reinstaurar la vieja lógica colonial de que América Latina es su “patio trasero”, para robar recursos, manipular gobiernos y someter a los pueblos”, señala.

La Paz, 28 de agosto (El Nuevo Cambio).- Las protesta y críticas a la justicia por la resolución para otorgar libertad a los principales responsables de las masacres de Senkata y Sacaba, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, crecieron este miércoles y jueves, en medio de acusaciones contra jueces corruptos por beneficiar la impunidad. Después de haberse mantenido en silencio varios días, ante los reclamos ciudadanos, finalmente la Defensoría del Pueblo salió a declarar señalando que la decisión de jueces, a pesar de los informes internacionales, afectan los derechos legales de las víctimas y del país en general. El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, también se expresó a través de su cuenta X y afirmó que la justicia, que persigue a dirigentes y miembros de organizaciones sociales, es la misma que libera a los responsables de los hechos que derivaron en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019. «La misma justicia que nos persigue y mantiene privados de libertad a mis hermanos y hermanas, la misma justicia que socapa la corrupción de Luis Arce, la misma justicia que proscribió a las grandes mayorías, hoy libera a los responsables del Golpe de Estado que derivó en la masacre de Sacaba y Senkata”, señaló. Según el exmandatario, existe un encubrimiento de la corrupción dentro del actual Gobierno, “la justicia actúa con sesgo político”. Expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y los heridos de los conflictos de 2019, y respaldó a los sectores sociales que mantienen su movilización en demanda de verdad, justicia y dignidad. Entre tanto, el gobierno, a través de su ministra de Justicia, cuestionó el fallo de los jueces y dijo que contradice los informes que en su momento emitió la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH). Entre tanto, el fiscal asignado al caso dijo que presentó una demanda en contra de la resolución de los jueces de El Alto, mientras este miércoles salieron en libertad los militares que ordenaron disparar en noviembre de 2019, contra pobladores que protestaban contra el golpe de estado.