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Lauca Eñe, 7 de enero (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Rodrigo Paz Pereira intenta desprestigiar y difamar a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) para imponer su decreto 5503 y aplicar de manera ilegal y de facto un estado de sitio en el país. La afirmación la hizo el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, a través de su cuenta X y al referirse a los últimos acontecimientos registrados en La Paz, con la marcha de la COB y los enfrentamientos de trabajadores con efectivos policiales. En el primer mensaje, el exmandatario dice: “El gobierno de Rodrigo Paz no solo quiere regalar los recursos naturales (litio) de Bolivia a EEUU y sus transnacionales sino aniquilar al Movimiento Popular, Sindical y Social. Como el dictador Luis García Meza -en coordinación con los empresarios ricos- ordenó eliminar, con un decretazo, los aportes que hacen los trabajadores a sus organizaciones. Previo a eso, el régimen derechista ejecuta una brutal campaña de desprestigio, difamación, criminalización, persecución, detenciones y sembrando odio contra dirigentes mineros, campesinos, fabriles y líderes populares”. El el segundo mensaje de su cuenta X agrega: “¡Bolivia vive un Estado de Sitio de facto! El régimen de Rodrigo Paz, para reprimir la protesta del pueblo indignado, ordenó el acuartelamiento en las FFAA, suspendió el licenciamiento de conscriptos 2025 y trasladó militares francotiradores del F-10 desde Cochabamba a La Paz. Allanó ilegalmente un inmueble de la COB, detuvo a más de 20 dirigentes y está aplicando acciones destinadas para matar a las organizaciones de los trabajadores, tal como lo hizo la dictadura de García Meza en 1980. Mineros, fabriles, campesinos, indígenas, trabajadores de salud y educación, gremiales y profesionales con conciencia social- deben mantener la unidad con todo el pueblo y a la cabeza de la COB para evitar la venta de Bolivia”.

La Paz, 5 de enero (El Nuevo Cambio).- La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó a la ciudad de La Paz exigiendo la inmediata abrogación del decreto supremo 5503 que elimina la subvención de los carburantes y advirtió con una huelga general indefinida y el bloqueo de carreteras a nivel nacional. La masiva marcha partió alrededor de las 7.00 horas desde la zona de Senkata en El Alto de La Paz y se dirigió hasta la sede de gobierno, con el respaldo de decenas de vecinos que salieron de sus viviendas a darles apoyo en su lucha. A la marcha se sumaron otros sectores laborales, comenzaron principalmente los dirigentes de la COB, con los campesinos aglutinados en la CSUTCB, el magisterio urbano, pero en el Alto otros sectores laborales acompañaron la caminata que comenzó el pasado sábado. La marcha comenzó este lunes en Senkata y se dirigió por el cruce Viacha hasta la avenida 6 de Marzo, luego al Multifuncional de la Ceja de El Alto, la Portada, la Garita de Lima, la plaza Eguino en la ciudad de La Paz. El ejecutivo cobista, Mario Argollo, durante el recorrido aclaró que la movilización de los trabajadores, responde a un plan de lucha sostenido que además incluye concentraciones, movilizaciones en las ciudades y otras medidas de presión mucho más radicales. La marcha denominada “Bolivia no se vende” comenzó el sábado en la localidad de Calamarca y llegó este lunes a la sede de gobierno, entre tanto, tres piquetes de huelga de hambre ingresaron hoy a su octavo día de ayuno, exigiendo también la abrogación del decreto 5503.

La Paz, 2 de enero (El Nuevo Cambio).- El decreto supremo 5515 que viabiliza al presidente Rodrigo Paz gobernar a “distancia” y desde el exterior, con “medios tecnológicos”, sin dejar sucesión, es ilegal e inconstitucional y muestra sus inclinaciones dictatoriales, según analistas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que ese decreto podría vulnerar la Constitución, al profundizar las diferencias entre el presidente y el vicepresidente, y demandó a las autoridades a respetar los principios de coordinación y cooperación entre los órganos del poder público para garantizar el orden institucional. «La coordinación y cooperación entre órganos de poder público fundan la organización del Estado. Sus titulares están obligados a respetar estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas. Es un despropósito escalar las diferencias entre presidente y vicepresidente con medidas de debatible constitucionalidad. Sobran razones para reclamarles mayor respeto y responsabilidad por la función pública», escribió en su cuenta X. Otros analistas y constitucionalistas coincidieron en afirmar que el decreto contradice la Constitución Política del Estado, toda vez que la sucesión presidencial en caso de ausencia temporal, está establecida en la CPE en el artículo 169 y en el 174, actualmente violados por la decisión gubernamental. Sostiene que existe una clara contradicción del DS 5515 cuando establece un mecanismo ilegal de “gobierno remoto” y obstaculiza que el vicepresidente ejerza la Presidencia interina, pese a que la ausencia temporal del presidente activa por mandato Constitucional dicha sucesión. El análisis dice que, al mantener al presidente en el poder, aunque esté en el extranjero, el decreto se salta las atribuciones constitucionales del vicepresidente. En vez de cederle plenamente el mando, el D.S. 5515 reduce al vicepresidente a un rol subordinado (cumpliendo instrucciones predeterminadas) y solo le reconoce una “suplencia” condicionada si fallan los medios tecnológicos”. Agrega que “esto supone una violación del Art. 170.II de la CPE, que no contempla excepciones tecnológicas ni condicionamientos: ante la ausencia del presidente, el vicepresidente debe ejercer la Presidencia íntegramente durante ese lapso”. Aclara que al “saltarse” la sucesión constitucional establecida y alterar las funciones del vicepresidente fijadas en la Carta Magna, el D.S. 5515 incurre en evidente inconstitucionalidad por contradicción frontal con la ley fundamental del Estado. El expresidente Evo Morales Ayma también se refirió al tema y en un mensaje de su cuenta X, dijo: ““Como los dictadores Banzer y García Meza, Rodrigo pretende gobernar con decretazos, anulando competencias de ALP y cambiando la CPE de acuerdo a sus planes» “La administración de Paz no solo viola la Constitución aprobada en las urnas por el 62% de los bolivianos el año 2009, sino pisotea los derechos del pueblo a ser consultado y expresar su protesta ante políticas económicas hambreadoras y la entrega ilegal de nuestros recursos naturales a las corporaciones transnacionales”, afirma.

La Paz, 31 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El gobierno, a través de la Policía, reprimió a los trabajadores y mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) que protestaron contra el decreto supremo 5503 que elimina la subvención a los carburantes y viabiliza la privatización de las empresas estratégicas y la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras. Luego los convocó a una reunión para los primeros días de enero, con el propósito de explicar los alcances del decreto, pero adelantó que las medidas económicas dictadas por el gobierno la semana pasada no serán modificadas. Entre tanto, los dirigentes de la COB anunciaron que la única manera de aceptar un diálogo en esas condiciones es que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, abrogue el decreto que ocasiono graves perjuicios económicos a las familias bolivianas, sobre todo a los más pobres. También anunciaron nuevas protestas no sólo en la sede de gobierno, sino en otras capitales departamentales, mientras los piquetes de huelga de hambre se incrementaron a tres bloques, todos en la ciudad de La Paz. Los piquetes se encuentran instalados en la sede principal de la Central Obrera Boliviana (COB), la Casa Social del Maestro impulsada por el Magisterio Urbano y las instalaciones de la Federación de Mineros. Las movilizaciones laborales tienen el propósito de anular el decreto supremo aprobado por el Ejecutivo, que contiene 121 artículos y establece la eliminación de la subvención a los combustibles, además viabiliza las privatizaciones y la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras, entre otros. El dirigente Claudio Choque, secretario general de la COB, ratificó a los medios de comunicación que las protestas continuarán en estos días a pesar del año nuevo y aclaró que se trata de demandas de carácter social y laboral. “Nuestras medidas no responden a intereses políticos, sino a reivindicaciones legítimas de los trabajadores”, dijo al señalar que en las protestas están participando todas las organizaciones afiliadas a la COB.

La Paz, 30 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El rechazo, movilizaciones y marchas contra el decreto 5503 crecieron en el país, luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) anunciara la masificación de las protestas con la participación de sus bases y se instalarán dos piquetes de huelga de hambre. A las medidas de protesta se sumaron los cooperativistas mineros de varias regiones que rechazaron los acuerdos de sus dirigentes nacionales con el gobierno, también los maestros que amenazaron con no iniciar las labores escolares, los fabriles, comerciantes, las amas de casa mineras, entre otros. Las marchas de rechazo al decreto gubernamental se mantuvieron principalmente en La Paz con una masiva concentración laboral, en Cochabamba con los cooperativistas mineros y también los campesinos de las seis federaciones de productores de coca. En la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, en la ciudad de La Paz, se instaló el primer piquete de huelga de hambre contra el Decreto Supremo 5503, con 10 personas, representantes del magisterio urbano de todo el país. El segundo piquete instalado también en la sede de gobierno, representa a las esposas de los trabajadores mineros, con la misma exigencia, la anulación del decreto 5503 que no sólo incrementa el precio de los combustibles, sino las privatizaciones y la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras. Miriam Huarina presidenta de la Confederación Nacional de amas de casa mineras dijo que el Gobierno “debe ponerse la mano al pecho” y dar una solución inmediata al conflicto, porque con su decreto afectó mucho más la situación económica de las familias humildes y pobres.