Portada 10

DW Una alcaldesa fue asesinada a balazos este martes por unos sicarios en el estado mexicano de Michoacán (oeste), dos días después de que otra gobernante local fuera ultimada por hombres armados en el estado de Oaxaca (sur). Se trata de Martha Laura Mendoza, alcaldesa el municipio de Tepalcatepec y quien pertenecía al partido oficialista Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum. «Me confirman que acaban de asesinar a la presidenta municipal de Tepalcatepec, fue un ataque directo a ella y a su esposo”, identificado como Ulises Sánchez Ochoa, «al salir de su domicilio», dijo en la red social X (Twitter) Guillermo Valencia, exalcalde de esa localidad y líder del opositor PRI en Michoacán. El atentado tuvo lugar a eso de las 11.00 horas y el hijo de la pareja asesinada resultó herido. Con un territorio del tamaño de Costa Rica, Michoacán es el mayor productor de aguacate (palta) de México y sede del importante puerto comercial de Lázaro Cárdenas, además de albergar varios sitios turísticos. El estado es asolado desde hace casi dos décadas por la violencia ligada al crimen organizado. Funcionarios en la mira del crimen El crimen ocurrió apenas dos días después de que la alcaldesa de la localidad de San Mateo Piñas (Oaxaca), Lilia García, fuera asesinada a balazos en el palacio de gobierno de esa localidad, y a 11 días del homicidio de Salvador Bastida García, alcalde del municipio michoacano de Tacámbaro, quien era investigado por la Fiscalía por presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Decenas de funcionarios locales han sido blanco de ataques del crimen organizado en los últimos años en México. Este tipo de violencia también impactó recientemente a la capital mexicana, donde dos cercanos colaboradores de la alcaldesa Clara Brugada fueron asesinados hace un mes en plena vía pública. En 2025, la organización civil Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México. México acumula más de 480.000 homicidios dolosos desde que en 2006 el gobierno lanzó un polémico operativo antidrogas con participación militar.

Página 12 Los organismos de derechos humanos que integran la mesa nacional hicieron suya la convocatoria a acompañar este miércoles a las 10 la movilización convocada en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, en caso que tenga que presentarse ante el Tribunal Oral Federal número 2 o sea notificada de la prisión domiciliaria en su propio departamento de Constitución.  “Todos vamos a estar”, afirmó a Página/12 Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo de la Línea fundadora, quien estuvo reunida este lunes junto a otros referentes de los organismos de Derechos Humanos con la líder del PJ. La arenga de Almeida lleva la fuerza de todos los pañuelos blancos al respaldo a CFK que se corporizará en las calles el miércoles, cuando a partir de las 10, organizaciones políticas y sociales, de derechos humanos y sindicales, además de la ciudadanía “suelta” comience a caminar las 50 cuadras que separan la casa de la exmandataria –ubicada en el barrio porteño de Constitución– de los tribunales de Retiro. “Es muy importante marchar el miércoles. ¿Van por Cristina? Vamos con ella. Estamos con ella”, convocó Taty. La referenta de Madres Línea Fundadora subió al departamento de Cristina en la tarde de este lunes, acompañada por Vera Jarach y Horacio Pietragalla Corti. «¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza!», le gritaron los militantes que hacían guardia en la esquina de Humberto Primo y San José. Durante el encuentro, las madres y los referentes de los organismos expresaron su «absoluto repudio al fallo de la Corte», contaron más tarde, al que calificaron como «una herramienta brutal de persecución a quien llevó adelante un conjunto de acciones en favor de los más humildes y de las políticas de condena a los militares genocidas».  En un clima «cargado de emoción y de debate político», relataron, «Cristina reafirmó sus profundas convicciones, insistiendo en que el plan económico de la dictadura, el plan de Martínez de Hoz, vuelve hoy de la mano de otros protagonistas, pero con la misma carga de entrega y represión».  El apoyo de los organismos Practicamente todo el arco de organismos de derechos humanos manifestó su apoyo a CFK y su repudio al tratamiento que la Justicia, en todas sus instancias, dio a la causa “Vialidad”, por la que finalmente fue condenada. El jueves pasado, tres referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fueron a visitar a la exmandataria a su casa, dos días después de la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema. 

DW Un sismo de magnitud 6,1 que sacudió Lima y sus alrededores el domingo provocó una muerte y cinco heridos, además de varios deslizamientos de tierra. El evento empezó a las 11H35 locales (16H35 GMT) y su epicentro se situó a unos 30 kilómetros al suroeste de Callao, ciudad colindante con Lima, según el Centro Sismológico Nacional. La Policía Nacional confirmó que un hombre de 36 años murió aplastado por la caída de un muro sobre el auto en el que se encontraba en el distrito de Independencia, en la capital. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia reportó cinco heridos en Lima. El sismo provocó la suspensión momentánea del partido de fútbol entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso por el torneo Apertura. Un video transmitido en el canal Latina mostró deslizamientos de tierra en varios municipios de Lima. «Pido tranquilidad a la población», dijo la presidenta, Dina Boluarte, que recordó que no hay alerta de tsunami para la costa del país.  Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática. En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, ocurren al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

Página 12 Violeta Barrios de Chamorro, quien pacificó Nicaragua después de décadas de guerra y fue la primera mujer elegida presidenta en América, murió el sábado a los 95 años en Costa Rica, informó su familia. Chamorro, presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997, había sido trasladada de Managua a San José en octubre de 2023 para estar cerca de sus cuatro hijos, desterrados por el actual gobierno de Daniel Ortega. «Doña Violeta falleció en paz, rodeada del cariño y del amor de sus hijos y de las personas que le brindaron un cuidado extraordinario», según un comunicado firmado por sus familiares. La expresidenta murió por complicaciones derivadas del Alzheimer y una embolia cerebral que sufrió en diciembre de 2018. En Managua, el gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo, designada «copresidenta» en febrero pasado, destacó que Chamorro hizo un aporte a la paz en Nicaragua, en un comunicado. «El gobierno nicaragüense reafirma que su figura representó un aporte para la necesaria paz en nuestro país», indicó la nota, sin anunciar ninguna medida en homenaje a la expresidenta. Diversas personalidades nicaragüenses y organizaciones sociales en el exilio lamentaron su muerte. «Doña Violeta siempre consecuente con su ánimo de reconciliación, actuación democrática y empatía. Falleció en San José, forzada por la persecución de sus hijos e hijas», aseguró la excomandante guerrillera Dora María Téllez, en España tras haber sido encarcelada y expulsada del país por el gobierno de Ortega. Violeta Chamorro era la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, miembro de una de las familias más prominentes de Nicaragua, que siendo dueño y director del diario La Prensa fue asesinado en enero de 1978 por su oposición a la dictadura de Anastasio Somoza. Durante su presidencia Violeta Chamorro abolió el servicio militar obligatorio, concluyó el desarme de la guerrilla de los contras y redujo al entonces Ejército Popular Sandinista y fortaleció la institucionalidad y la libertad de prensa.

DW Actualidad Más de 2.000 protestas se desarrollarán el sábado en los 50 estados de EE.UU. contra lo que los organizadores califican de «autoritarismo» por parte del Gobierno de Donald Trump. Las manifestaciones coinciden con un controvertido desfile militar que el presidente Trump quiere celebrar ese mismo día en Washington. El desfile, que coincide con el 79 cumpleaños de Trump, ha sido criticado por los convocantes y otras figuras que consideran que el presidente busca alimentar su ego con un evento que en realidad se celebra para honrar el 250 aniversario de la fundación del Ejército de los Estados Unidos. La jornada de protestas ha sido bautizada como ‘Día Sin Reyes’, pues las organizaciones detrás de las mismas consideran que el neoyorquino está actuando como uno desde su retorno a la Casa Blanca. Destacan además que el mandatario este usando al Ejército, que se fundó para hacer frente precisamente a la monarquía británica, para cubrirse de gloria. «El 14 de junio, Día de la Bandera, el presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominación para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes», reza la convocatoria del «Día sin reyes». «Desde las manzanas de las ciudades hasta los pueblos pequeños, desde las escalinatas de los juzgados hasta los parques comunitarios, tomamos medidas para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo es realmente la democracia», añade el mensaje publicado en internet. No se ha convocado acto alguno en Washington adrede para tratar de evitar que lo que suceda en la capital sea «el centro de gravedad».  Sin embargo, se espera que la protesta de Filadelfia, una ciudad a 200 kilómetros al noreste de la capital y considerada la cuna del movimiento independentista y de la democracia estadounidense, sea una de las mayores que se celebrarán mañana. Protestas en Los Ángeles «El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes», concluye el mensaje de los organizadores. Tanto el desfile militar como el ‘Día sin reyes’ llegan además después de una tumultuosa semana en la que las protestas contra las agresivas redadas contra migrantes del Gobierno Trump han deparado protestas y disturbios en Los Ángeles desde el pasado 6 de junio, y que han encontrado apoyo en otras ciudades con cientos de arrestos en todo el país. Trump ha dicho que en Washington se celebrará «por todo lo alto» y ha advertido que «si hay alguna protesta, cuando salgan se enfrentarán una fuerza muy poderosa». El presidente decidió además movilizar a miles de efectivos de la Guardia Nacional para sofocar las protestas de Los Ángeles, decisión criticada por las autoridades locales, que consideran que los disturbios estaban bajo control y que la orden de Trump solo buscaba incrementar la tensión. Un juez federal estimó ayer que la decisión del presidente es ilegal, aunque un tribunal de apelaciones dejó la orden en suspenso horas después. Por su parte, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha seguido los pasos de Trump y el jueves anunció que ha ordenado el despliegue de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional, junto con más de 2.000 policías estatales, para responder a las manifestaciones en curso y en preparación para las convocadas para el ‘Día sin reyes’.

Telesur Dos activistas de la Flotilla de la Libertad, la eurodiputada francesa Rima Hassan y el activista brasileño Thiago Ávila, han iniciado una huelga de hambre en cárceles israelíes tras ser puestos en régimen de aislamiento. El equipo legal de los activistas denunció obstáculos para visitarlos antes de la deportación y destacó que Rima Hassan fue aislada tras negarse a firmar documentos de deportación y escribir «Palestina libre» en la prisión de Givon. Se prevé que seis voluntarios de la Flotilla de la Libertad, incluido el activista brasileño y la eurodiputada francesa serán deportados por Israel, tras más de 72 horas de detención luego de la interceptación del barco Madleen que intentaba romper el bloqueo a Gaza. Según Adalah, el Centro Legal para los Derechos Humanos en Israel, los voluntarios a ser deportados son Mark van Rijns (Países Bajos), Swap Ordu (Türkiye), Yasmin Ajer (Alemania), Thiago Ávila (Brasil), Riva Viard (Francia) y Rima Hassan (Francia).  El equipo legal de los activistas denunció obstáculos para visitarlos antes de la deportación y destacó que Rima Hassan fue aislada tras negarse a firmar documentos de deportación y escribir «Palestina libre» en la prisión de Givon.  La vicepresidenta del Parlamento francés, Clémence Guetté, expresó su preocupación por las «condiciones inhumanas» de la activista. Adalah también informó que dos voluntarios franceses, Pascal Moreras y Yanis Mohammadi, permanecen detenidos en la prisión de Givon, en Ramle, bajo la supervisión del Servicio Penitenciario de Israel, y se espera su deportación la noche del 13 de junio.  La organización legal denunció que los activistas fueron sometidos a «malos tratos, medidas punitivas y agresiones» durante su detención, incluyendo el régimen de aislamiento para dos de ellos. Adalah calificó la detención y deportación forzada de los activistas como «ilegal» y una «violación del derecho internacional», reiterando su llamado a la liberación inmediata de todos los involucrados, ya sea para que continúen con su misión humanitaria en Gaza o para que regresen a sus países de origen.

Telesur El equipo jurídico de la Flotilla de la Libertad informó este martes que ocho pasajeros de Madleen comparecerán  este miércoles ante un juez de Israel que decidirá sobre su posible deportación. Asimismo, la abogada israelí del equipo jurídico de la Flotilla, Loubna Tuma, detalló que cuatro de ellos aceptaron ser deportados: la ambientalista sueca Greta Thunberg; el activista español Sergio Toribio, así como los franceses Omar Faiad (periodista) y Baptiste Andre (activista). También manifestó que los doce pasajeros fueron llevados en la noche del lunes, tras el arribo cerca de las 21H00 (hora local) (18.00 GMT) al puerto israelí de Asdod, acompañados por las autoridades israelíes, al aeropuerto de Ben Gurion de Tel Aviv, donde se les indicó firmar un documento, alegando que entraron sin autorización a territorio israelí y que serían deportados en 72 horas. «Tuvieron la oportunidad de firmar un documento -ante las autoridades de inmigración- declarando que entraron ilegalmente a Israel y que debían ser deportados en 72 horas«, acotó Loubna Tuma. La abogada explicó que los ocho pasajeros que no aceptaron firmar el documento serán puestos a disposición de un juez de esa localidad, mientras están en la prisión de la ciudad de Ramla, en las proximidades  de la Tel Aviv. También aseguró que la condición legal de los detenidos, según el equipo defensor, es de «secuestrados» por Israel, debido a que la embarcación se encontraba a 102 millas de la costa de Gaza, en aguas internacionales donde Israel no tiene jurisdicción. En tanto, el Tribunal de Revisión de Detenciones por Inmigración examinará los argumentos, la defensa, que alega que no arribaron al territorio israelí, y que no deben ser privados de libertad ni imposibilitada la estancia. La representante legal aseguró que, «según nuestra experiencia, el juez dirá que deben ser deportados», pero que era «muy positivo» que la vista se produzca hoy, ya que según la ley israelí hay 96 horas de plazo para pasar a disposición del juez. Serán conducidos ante el juez la europarlamentaria de origen palestino, Rima Hassan y Pascal Maurieras, así como Yanis Mhamdi y Reva Viard, de origen francés; el holandés Mark van Rennes; el turco Suayb Ordu; el brasileño Thiago Avila y la alemana Yasemin Acar. La embarcación la Flotilla de La Libertad se dirigía a la Franja de Gaza con asistencia humanitaria con la intención de quebrar el bloqueo impuesto por Israel a la población civil y posibilitarles bienes básicos como comida, alimentos o combustible. Organizaciones internacionales denunciaron que la asistencia humanitaria que ha arribado a Gaza desde entonces es insuficiente para suministrar a una población de 2,1 millones de personas que están privadas de alimentos.

Telesur El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que el esquema de seguridad del senador Miguel Ángel Uribe Turbay —víctima de un atentado el pasado sábado— fue reducido «extrañamente» el mismo día del ataque, pasando de siete a tres escoltas. «Pedí la máxima profundidad en la investigación», afirmó Petro en redes sociales, insinuando que el hecho podría estar ligado a una estrategia para socavar su administración. El senador Uribe Turbay, precandidato presidencial del opositor Centro Democrático (derecha), recibió dos disparos durante un acto público en Bogotá.  El atacante, un adolescente de 15 años, fue capturado en el lugar, pero las motivaciones siguen sin claridad y desde la ultraderecha buscan culpar al Gobierno del ataque. Por su parte, la familia del senador y precandidato presidencial de Colombia presentó una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia respecto a las peticiones para reforzar su seguridad. «Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año», dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera, desde la puerta principal de la Clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras ser baleado el sábado en un mitin electoral. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que se manejan tres líneas de investigación: si el ataque apuntaba específicamente a Uribe Turbay por su perfil político, si buscaba afectar a su partido (fundado por el expresidente Álvaro Uribe), o si era parte de un plan para «desestabilizar al gobierno» de Petro. El presidente, sin embargo, fue más lejos: vinculó el hecho con sectores «oscuros, neonazis y no republicanos», incluso extranjeros, que —según él— han puesto «precio» a su cabeza. «Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción», aseguró, en una referencia al servicio de inteligencia israelí. Petro criticó que algunos sectores usen el ataque con fines electorales. Uno de los actores que se manifestaron en este sentido fue el expresidente César Gaviria (1994-1998), del Partido Liberal, quien recriminó el hecho de que el Gobierno no abandone el impulso a la consulta popular boicoteada por el Congreso. A criterio de Gaviria, la obstinación del mandatario produce un escenario de mayor confrontación, sin embargo Petro señaló que el más perjudicado por el atentado es el propio Gobierno y sugirió que el crimen pudo ser obra de «un grupo enemigo del gobierno y de la consulta».

Página 12 Un conocido comunicador macrista-mileista dedicó todo su programa del viernes a anunciar -y festejar- que Cristina Kirchner será detenida el martes. Siguió la línea de columnistas que prácticamente vienen exigiendo que la Corte Suprema saque de la cancha electoral a la expresidenta, con un fallo express, récord -nunca el máximo tribunal resolvió un recurso como el de la causa Vialidad en poco más de dos meses-, la condena del Tribunal Oral 2 (TOF 2).  En las últimas horas, circuló la versión de que están evaluando el lugar de detención. Se habló de una visita del presidente del TOF 2, Jorge Gorini, a la unidad de la Policía Federal en la calle Cavia, donde ya estuvieron presos Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, justamente los que intentaron matar a Cristina. Gorini lo desmintió.  A nivel internacional se espera una fuerte repercusión y se habla de vigilas y protestas en el país. Como es conocido, la Corte tiene la opción de expedirse sin dar grandes explicaciones con el llamado artículo 280, pero sobran los penalistas que advierten que deberían abrir el recurso y revisar las anomalías que marcaron el caso Vialidad desde tiempos inmemoriales, más aún tratándose de una dos veces presidenta y una vez vicepresidenta. Presiones y más presiones Desde que Cristina anunció que será candidata en la Tercera Sección Electoral, la ofensiva sobre la Corte se ha vuelto furibunda. La histeria y hasta desesperación mediática se da casi a toda hora y por todos los conductos. Les exigen a los cortesanos que proscriban a CFK antes del 19 de julio, para que ella no pueda ser candidata. La contradicción es evidente: por un lado, afirman que Cristina está en caída, pero por el otro lado la ven como un tremendo ariete para que la oposición gane las elecciones en la provincia más populosa del país. Los recursos de queja por el caso Vialidad se presentaron el 31 de marzo, o sea, hace dos meses y ocho días. Para comparar con un caso semejante: los recursos presentados en el expediente conocido como la Ruta del Dinero se presentaron en marzo de 2023 y la Corte los resolvió en la semana que acaba de terminar. O sea, dos años y dos meses. Hay recursos que esperan en el cuarto piso desde hace siete años, como el presentado por Miguel Fernández Pastor a raíz de una brutal quita en las jubilaciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Y, por supuesto, hay expedientes que duermen en el máximo tribunal hace más años todavía. Pero lo que les reclaman a los supremos es un fallo político, no judicial.