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DW Actualidad La expresidenta de Perú Dina Boluarte declaró este viernes (10.10.2025) que no piensa buscar asilo ni salir de su país, tras haber sido destituida este jueves por el Congreso, y aseguró que no es «responsable de ninguno» de los casos por los que la Fiscalía la investiga. Boluarte ofreció un breve pronunciamiento a los medios que la esperaron durante todo el día en la puerta de su vivienda, en el distrito limeño de Surquillo, para ratificar su permanencia en el país. «Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar», sostuvo. La exgobernante, quien estuvo acompañada por uno de sus abogados, Juan Carlos Portugal, dijo que llegó a su vivienda hacia las 3 de la madrugada de este viernes y que luego estuvo descansando. «No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país», reiteró antes de ratificar que está «tranquila» con su «conciencia». Durante la noche del jueves, tras conocerse que la mandataria iba a ser destituida por el Congreso, corrieron rumores de que podía buscar un eventual asilo en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador, lo que fue descartado en ese momento por el abogado Portugal. No se siente responsable de delitos Este viernes, el Poder Judicial de Perú informó que el próximo miércoles evaluará una petición presentada por la Fiscalía para prohibir que Boluarte salga del país hasta por tres años mientras se le investiga por denuncias de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos. El fiscal general peruano, Tomás Gálvez, cursó el pedido en tres de las, al menos, once investigaciones que enfrenta la destituida mandataria. Al respecto, Boluarte rechazó que tenga responsabilidad en las acusaciones que se le hacen y reiteró que no piensa salir del país. «Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos», sostuvo para luego ratificar que está en calma y seguirá «permanentemente en el país». El pedido de la Fiscalía La Fiscalía ha pedido que se le impongan 18 meses de impedimento de salida del país por las investigaciones que se le siguen por una presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Además, ha solicitado 36 meses de impedimento de salida como parte de las indagaciones que sigue en su contra por un supuesto lavado de dinero. Entre los hechos más graves que se imputan a la exmandataria está la muerte de al menos 49 personas durante la represión de las protestas que se desataron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, luego de que reemplazara en la jefatura de Estado a Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, tras un fallido intento de golpe de Estado de este. Es investigada también por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex y joyas no declaradas, no informar que iba a estar impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas y falsificar la firma en varios decretos durante el tiempo que estuvo convaleciente. Boluarte, la primera mujer que ocupó la presidencia de Perú, fue destituida durante la madrugada de este viernes de manera exprés por el Congreso tras perder el apoyo de los partidos de derecha que la sostenían en el poder, ante su enorme impopularidad, ya que apenas tenía un 3 % de aceptación entre los peruanos según varios sondeos, y la cercanía de las elecciones generales convocadas para abril de 2026.

BBC News Las protestas que desde hace días sacuden Marruecos dejaron tres muertos, según informaron medios estatales. El jefe de gobierno de Marruecos, Aziz Ajanuch, confirmó las muertes, mientras que la policía informó en un comunicado que dos personas murieron cuando los agentes recurrieron a la fuerza para contener a los manifestantes que trataban de asaltar un edificio policial cerca de la ciudad costera de Agadir y apoderarse de las armas almacenadas en él. Las autoridades no dieron detalles de cómo murió la tercera persona.  Estas son las primeras muertes reportadas desde que el sábado estallaron enormes protestas lideradas por jóvenes en todo Marruecos, en un contexto de creciente indignación por la decisión del gobierno de construir estadios de fútbol para la Copa Mundial de la FIFA 2030 en lugar de mejorar los servicios públicos y abordar la crisis económica. «No queremos el Mundial, la salud es prioritaria» y «Los estadios están aquí, ¿pero dónde están los hospitales?» son algunos de los cánticos que repiten los manifestantes de la Generación. 5 días de tensión Los muertos del jueves agravan la situación en un país que desde el fin de semana pasado ha visto cómo se organizaban masivas protestas y altercados al caer la noche en sus ciudades.  Ajanuch dirigió un mensaje televisado al país el jueves y dijo que su gobierno está listo para «el diálogo y la discusión en las instituciones y los espacios públicos».  Pero muchos manifestantes han exigido en las protestas su dimisión. Un manifestante declaró al programa Newsday de la BBC que el hospital de su ciudad, Oujda, en la frontera con Argelia, es como una «cárcel». Está sucio, y los pacientes tienen que sobornar a los agentes de seguridad y a las enfermeras para poder ver a un médico, según denunció el manifestante, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. Las protestas han estado ocurriendo por la noche, y la policía declaró que se vieron obligados a abrir fuego «en legítima defensa» el miércoles por la noche para repeler el «ataque» en Lqliaa, un área suburbana de Agadir, informó la agencia de noticias estatal. A juzgar por las pancartas y gritos en las protestas, los gastos para la organización en Marruecos del Mundial de fútbol de 2030, el estado de los servicios públicos y la falta de oportunidades para la juventud parecen haber sido el detonante. Las estadísticas oficiales muestran que la tasa de desempleo de Marruecos se sitúa en el 12,8%, con el desempleo juvenil disparándose al 35,8% y al 19% entre los graduados, informa la agencia de noticias Reuters. A principios del miércoles, el Ministerio del Interior declaró que se respetaría el derecho de las personas a protestar dentro del marco de la ley. Sin embargo, algunas de las imágenes compartidas en redes sociales muestran a los agentes empleándose con contundencia contra los manifestantes y tratando de dispersarlos con cañones de agua y distinto material antidisturbios.  Khadija Riyadi, destacada abogada de derechos humanos, dijo en declaraciones citadas por The New York Times que hubo personas detenidas solo por conceder entrevistas a los medios.  Los organizadores del movimiento de protesta liderado por jóvenes, conocido como GenZ 212 —cifra que hace referencia al código de marcación internacional de Marruecos—, se han desvinculado de la violencia. Se han estado movilizando principalmente a través de las redes sociales y no tienen una estructura de liderazgo formal. Las protestas también han afectado a la capital, Rabat; a la principal ciudad comercial, Casablanca; y a la ciudad portuaria de Tánger —punto de llegada para los turistas que viajan a Marruecos en ferry desde España—. Marrakech, el centro turístico de Marruecos, también fue golpeada por la violencia, con manifestantes que quemaron una comisaría, según los medios locales. Rachid El Khalfi, portavoz del Ministerio del Interior, dijo que 409 personas han sido detenidas en todo Marruecos tras los disturbios. Dijo que más de 260 agentes de policía y 20 manifestantes han resultado heridos, mientras que 40 vehículos policiales y 20 coches privados han sido incendiados.  También acusó a los manifestantes de arrasar oficinas del gobierno, bancos y otros negocios, así como de quemar decenas de vehículos policiales.

Prensa Latina Quito, 30 septiembre (Prensa Latina).- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, denunció hoy ante el Legislativo lo que calificó como hechos de represión estatal, abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de paro nacional. El dirigente compareció este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, donde se proyectaron videos difundidos en redes sociales que evidenciarían las presuntas vulneraciones durante las protestas de la última semana. Vargas solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones. Junto a la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, pidieron al presidente de, Daniel Noboa, que rinda cuentas por las detenciones arbitrarias y el crimen de Estado contra Efraín Fuerez, quien murió el pasado domingo tras ser baleado en una manifestación. En declaraciones a la prensa al salir de la Comisión, Vargas señaló que “mientras las bases de todos los pueblos y nacionalidades no nos autoricen lo contrario, el paro se mantiene”. Esa afirmación llega luego de que Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, capital de la provincia norteña de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el alza del diésel, informó sobre un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Noboa. “Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», dijo Castillo al canal Teleamazonas. No obstante, Vargas recalcó que el movimiento indígena mantiene su postura firme frente a las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo y advirtió que la resistencia continuará en todo el país. En las afueras del Parlamento, en esta capital, los familiares de 12 detenidos en Otavalo (Imbabura), en el marco de las movilizaciones, realizaron un plantón para exigir su liberación y denunciaron que fueron impedidos de ingresar a la Asamblea. Las manifestaciones, iniciadas el 22 de septiembre, dejan reportes de más de un centenar de violaciones de derechos, según organizaciones de la sociedad civil, mientras la Conaie insiste en que no dará “ni un paso atrás” hasta que derogar el decreto que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. El Gobierno se niega a retroceder con la medida y acusó a los manifestantes de vínculos con el crimen organizado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur instó a un “diálogo urgente” y advirtió que el despliegue militar en protestas sociales conlleva un “riesgo real de violaciones de derechos humanos”.

BBC News Un tribunal chino condenó a muerte a 11 miembros de una conocida familia que dirigía casinos y centros de estafas por internet en Myanmar, según informaron medios estatales chinos. Decenas de miembros de la familia Ming fueron declarados culpables de actividades delictivas, y muchos recibieron largas penas de prisión. La familia Ming trabajaba para uno de los cuatro clanes que operaban en la remota ciudad de Laukkai, en Myanmar, cerca de la frontera con China, y que convirtieron en un centro de apuestas, drogas y estafas. Myanmar finalmente tomó medidas drásticas, arrestando a muchos miembros de estas familias en 2023 y entregándolos a las autoridades chinas.   39 sentencias Un total de 39 miembros de la familia Ming fueron sentenciados el lunes en la ciudad oriental de Wenzhou, según un informe de la cadena estatal china CCTV. Además de los 11 miembros condenados a muerte, otros cinco recibieron penas de muerte con dos años de suspensión de la pena; 11 fueron condenados a cadena perpetua; y el resto recibió penas de prisión de entre 5 y 24 años. El tribunal determinó que, desde 2015, la familia Ming y otros grupos criminales habían participado en actividades delictivas, como fraude en las telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y prostitución. Según el tribunal, sus actividades de juego y estafa habían generado más de US $1.400 millones. Otros habían estimado previamente que los casinos de cada una de las cuatro familias procesaban varios miles de millones de dólares al año. El tribunal también determinó que la familia Ming y otros grupos criminales fueron responsables de la muerte de varios trabajadores de centros de estafas.

Rusia Today El exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo, con un aplazamiento de la pena de dos años, por aceptar sobornos multimillonarios, informa Xinhua. Según la sentencia, dictada por el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin, Tang también ha sido privado de sus derechos políticos de por vida. Se detalla que todos sus bienes personales serán confiscados y sus ganancias ilegales procedentes del soborno serán recuperadas y entregadas al tesoro nacional. Tang se declaró culpable y expresó su arrepentimiento en su declaración final. El tribunal determinó que, entre 2007 y 2024, el exfuncionario abusó de su posición en diversas funciones, tanto a nivel central como local, facilitando ayuda a otros en cuestiones relacionadas con la gestión de empresas, la contratación de proyectos y la reubicación profesional. A cambio de estos favores, recibió dinero y bienes valorados en más de 268 millones de yuanes (unos 38 millones de dólares). La sentencia de muerte con suspensión es un castigo penal contemplado en la ley de la República Popular China, que otorga al condenado dos años de suspensión previos a la ejecución. La persona será ejecutada si se determina que comete intencionalmente más delitos durante ese periodo. De lo contrario, la pena es reducida automáticamente a cadena perpetua, sin posibilidad de conmutación o libertad condicional.