Política

La Paz, 18 de junio (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Luis Arce Catacora coordinó la aprobación de al menos unas ocho sentencias en contra del expresidente del Estado Plurinacional, principalmente las relacionadas con su inhabilitación como candidato y haber perdido la sigla política del MAS-IPSP. Un grupo de abogados constitucionalistas consideran que todas estas sentencias se realizaron por “encargo” y que involucran no sólo al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público e incluso el Tribunal Supremo Electoral. El exmagistrado Orlando Ceballos, por ejemplo, afirmó que la aprobación de todas esas sentencias se constituye en el principio de todos los problemas que en la actualidad soporta el país, principalmente por la desinstitucionalización. «El gobierno prepara mantos de impunidad para los que vulneraron y manipularon la justicia en Bolivia a su antojo, como el exministro César Siles, el presidente Luis Arce, entre otros, no sean sometidos a la rigurosidad de la Ley» dijo Ceballos. Con la revelación del audio donde se escucha al exministro negociando con el juez Lea Plaza la destitución de una magistrada, está completamente claro que él era el operador del gobierno para violar las leyes en contra el exmandatario Morales. Según los constitucionalistas, los principales casos tienen que ver con las sentencias 1010, 083 y la última 007 del TCP para inhabilitar como candidato a la presidencia del expresidente Evo Morales y que las mismas tengan una apariencia de ser legales. Asimismo, se iniciaron por diferentes causas, ocho procesos penales contra el exmandatario, se hizo arrestar a la juez Lilian Moreno por cumplir con la ley, se restituyó ilegalmente a la fiscal Sandra Gutiérrez de Tarija, manipulando el sistema informático del órgano Judicial. Además, en complicidad con el exjuez, Israel Campero se quitó también la sigla del MAS-IPSP con una sentencia ilegal y se presionó al Órgano Electoral para que deje sin personería jurídica a PAN-BOL, solo porque proponía como candidato a Evo Morales. De acuerdo a los abogados, el operador de todas estas sentencias ilegales, fue el exministro Siles, a nombre del presidente Luis Arce Catacora, manipulando la justicia prácticamente en todos sus niveles.

La Paz, 16 de junio (El Nuevo Cambio).- Un audio del exministro de Justicia, César Siles con el juez Fernando Lea Plaza, de Coroico, confirma el control que ejerce el gobierno sobre la justicia y el Ministerio Público en Bolivia con casos dirigidos ilegalmente, principalmente políticos. El audio, que fue entregado a “Brújula Noticias” y difundido a través de sus páginas digitales, establece que el exministro Siles da instrucciones al juez de Coroico para la destitución de una magistrada. El funcionario que entregó la grabación de la conversación del exministro con el juez Lea Plaza, según Brújula, solicitó mantener su nombre en reserva, por temor a sufrir represalias por el gobierno. En la conversación se establece que el exministro, parte de un equipo de fiscales y jueces, todos al servicio del gobierno, instruye la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira Rodríguez para tener todo el control del TSJ. Asimismo, en el audio se escucha decir al exministro al juez Lea Plaza que no se preocupe, que el gobierno no realizará ninguna acción en su contra. “Nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitirse se confirme en el Tribunal Constitucional también y controlar cualquier reacción que pueda tener”, añade. Asegura que la acción destinada a destituir a la magistrada Coaquira “esta conversado a muy alto nivel. “No se preocupe, pierda cuidado va a estar protegido también usted, he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que yo le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante”. El juez Lea Plaza le expresa también a Siles sus temores por la reacción del Ministerio Público y menciona a la juez de Santa Cruz Lilian Montero que fue detenida, primero llevada a La Paz y luego a Santa, solo por haber ejercido en ley sus funciones profesionales. “Si, yo voy a hablar también con Luis Torrez, fiscal departamental de La Paz y con Roger Mariaca (Fiscal del Estado), no se preocupe”, responde el exministro a las preocupaciones del juez de Coroico.

Lauca Eñe, 15 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma denunció hoy que el Ministerio de Gobierno, con sus expertos en preparar pruebas, organizó la masacre de comunarios y policías durante el desbloqueo de la carretera en el norte de Potosí, en la localidad minera de Llallagua. La denuncia la hizo junto al senador Leonardo Loza y al dirigente David Veizaga durante el programa “Evo es pueblo, líder de los Humildes” que se transmite todos los domingos por Radio Kausachun Coca, en la localidad de Lauca Eñe, del municipio de Sinahota en el trópico de Cochabamba. El expresidente dijo estar convencido de que lo ocurrido en Llallagua “es bien montado para acusar al movimiento campesino”, porque en el gobierno son expertos para fabricar y sembrar pruebas contra los sectores sociales. Explicó que, al día siguiente de esos lamentables sucesos, el gobierno dispuso la intervención militar y policial en toda la región, usando la vida solo con el único interés de derrotar a la oposición. “Ingresaron a la región a vengarse con una militarización”, sostuvo al manifestar que los militares dispararon sus armas de fuego y no dejaron ingresar al hospital de Llallagua a un diputado, aunque logró hacerlo el representante de los Derechos Humanos, porque había cuatro personas civiles fallecidas. El exmandatario afirmó que toda esa información se ocultó, y tampoco se dijo nada de la quema de las sedes sindicales de los ayllus y de dos de sus vehículos, una volqueta y una camioneta, “de eso no se dice nada”. Dijo que los que asesinaron a los comunarios y policías son expertos francotiradores, que fueron destinados para esa función y para justificar la intervención militar y policial en los bloqueos de carreteras. Morales también denunció que los que quemaron la sede del Instrumento político “Evo Pueblo” son un grupo del Ministerio de la Presidencia, los mismos atentaron a las 3.00 de la madrugada contra la vivienda de Wilma Alanoca. Todo esto ocurrió luego de la declaración de odio y discriminación de la ministra María Nela Prada, añadió. También dijo que grupos de choque “manfredistas y arcistas” en la ciudad de Cochabamba atentaron contra la sede de la Federación del Trópico de Cochabamba, ubicada en la plazuela Busch, durante dos noches.

Lauca Eñe, 13 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció hoy que la cumbre multipartidaria celebrada en Santa Cruz, solo ratificó la proscripción de la izquierda, y los movimientos populares e indígenas de la política y elecciones en Bolivia. La aseveración la hizo este viernes, durante una entrevista celebrada en la Radio Kausachun Coca, desde la localidad de Lauca Eñe, en el municipio de Sinahota del trópico del departamento de Cochabamba. Afirmó que este 12 de junio se convirtió en un día negro para el movimiento popular y los partidos de izquierda, porque se ratificó que la izquierda no volverá a gobernar Bolivia, exactamente lo que acordaron en ese encuentro del grupo de candidatos que fueron invitados a Harvard en presencia del Departamento de Estado de EE.UU.. Explicó que ese grupo de Harvard se reunió ayer en esa denominada cumbre multipartidaria, con el único objetivo de proscribir al evismo y al movimiento popular y al primer partido de izquierda que ganó las elecciones el 18 de diciembre de 2005. “Fue una reunión para criminalizar la protesta social, fue un encuentro para salvar a Luis Arce para que acabe su gestión, y que no comprende que el pueblo está movilizado por comida, porque tiene hambre, porque sigue creciendo la pobreza”, dijo. Añadió que en la cumbre solo se hablo contra Evo, el evismo, el movimiento popular, cumpliendo lo acordado en EE.UU. con el Departamento de Estado junto a todos los candidatos de la derecha que participaron en esa reunión. Lamentó que la ministra de la Presidencia María Nela Prado, en una conferencia de prensa, en vez de proponer soluciones a la crisis económica, de la falta de comida, solo expresó odio, desprecio contra el movimiento indígena. Denunció que ni bien terminó de hablar se atentó contra la sede del instrumento político “Evo-Pueblo”, horas después se lanzó un explosivo a la vivienda de Wilma Alanoca, en una actitud directa del terrorismo del Estado. El expresidente denunció que “manfredistas y arcistas y otros de la derecha” estaban preparando la quema de mi casa, la de Leonardo Loca y de Héctor Arce. “Ellos mismos nos alertaron de esos atentados, todo coordinado con el gobierno, en una actitud fascista”. Denunció también que le informaron que en una reunión de Arce, Manfred, Tuto y Doria Medina, le pidieron al presidente que no renuncie, “cuando sean gobierno protegerán a sus hijos, es decir, prometieron impunidad contra los que cometieron actos de corrupción”.

Lauca Eñe, 12 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, propuso hoy la aprobación de una ley que lo habilite como candidato y una investigación internacional para esclarecer los hechos de las muertes de seis personas, cuatro policías y dos comunarios. Las propuestas las realizó durante una entrevista en la radio Kausachun Coca de la localidad de Lauka Eñe en el municipio de Sinahota del trópico de Cochabamba, sobre los últimos conflictos del país y la Cumbre Multipartidaria que se realiza en la ciudad de Santa Cruz. Sobre el primer caso sugirió que la cumbre por la democracia debería aprobar una ley especial para que sea habilitado como candidato y se eviten conflictos sociales y que las decisiones sobre quiénes gobernarán el país sea decidido a través del voto ciudadano en las elecciones del 17 de agosto próximo. “Una lucha democrática es la solución pacífica a los problemas del país”, sostuvo al señalar que es el pueblo boliviano quién deberá decidir el futuro de Bolivia, sin proscripciones de ninguna naturaleza. También planteó que se disponga la libertad de todos los dirigentes detenidos de las organizaciones sociales que se encuentran en los penales del país, principalmente en San Pedro y Patacamaya en el departamento de La Paz. Con relación a las personas fallecidas durante el desbloqueo de las carreteras, principalmente en la localidad minera de Llallagua y en el camino que une los departamentos de Cochabamba y Oruro planteó una investigación internacional para esclarecer los hechos. “Es imprescindible una investigación independiente e imparcial”, manifestó al señalar que, ante la intransigencia del gobierno, “exigimos que una instancia internacional sirva de mediadora o facilitadora de un diálogo que permita resolver las causas de la movilización pacífica del movimiento popular boliviano”.