La Paz, 17 de junio (El Nuevo Cambio).- Los campesinos afiliados a la Federación Tupac Katari y las Bartolinas condicionaron un diálogo con el gobierno a la derogación de los decretos del gobierno de Rodrigo Paz y al compromiso de no modificar la Constitución Política del estado, entre otros.
En una carta enviada al presidente Rodrigo Paz, afirman que para comenzar se deben anular todos los contratos de importación y distribución del denominado combustible basura, que tanto daño ocasionó a los vehículos en el país.
También proponen crear una comisión conformada por representantes sociales y un equipo técnico en colaboración científica con la Universidad Mayor de San Andrés para verificar la calidad del combustible importado en los puntos fronterizos antes de su ingreso al país.
Exigen rescindir de forma inmediata todos los contratos con las empresas internacionales que actualmente proveen combustibles al país, si se confirma en frontera que el combustible no cumple los estándares de calidad.
Asimismo, demandan regular de manera temporal las obligaciones financieras y el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora durante un período de seis meses sobre las obligaciones financieras vigentes de la población.
Los campesinos también exigen la abrogación inmediata de los decretos supremos emitidos por el Ejecutivo porque afectan directamente al sector popular y vulneran la Constitución Política del Estado.
Dicen que se deben abrogar aquellas disposiciones que impulsan una minería sin control, perdonan deudas/multas a cooperativas mineras, facilitan la minería en áreas protegidas y provocan la contaminación de ríos, suelos y fuentes de agua con mercurio.
También rechazan la determinación gubernamental de autorizar a los empresarios privados la importación y comercialización de diésel y gasolina que privatiza Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Demandan abrogar el DS 5519, que centraliza el manejo de datos del Estado e interviene redes y comunicaciones digitales sin control, lo cual vulnera el derecho a la privacidad y la consulta previa a los pueblos indígenas.
Las organizaciones campesinas también cuestionan el Decreto 5515 que permite al presidente ejercer funciones y suscribir decretos desde el exterior por medios digitales, lo cual vulnera las reglas constitucionales de suplencia presidencial.
Finalmente, piden que se anulen los decretos 5550, 5551 y 5552, los que, en criterio de las organizaciones, generan un sistema de concentración de poder y elimina el equilibrio y separación de poderes.
