Telesur
La Fiscalía General del Estado de Bolivia informó este viernes que el número de feminicidios reportados en el país asciende a 48 entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2026.
El caso más reciente ocurrió en la ciudad de Potosí, donde una mujer de 37 años falleció tras ser herida con un arma blanca por su concubino, un hombre de 32 años quien fue aprehendido mientras las investigaciones continúan.
Según el cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de víctimas con 17 casos, seguido por Santa Cruz con nueve, Cochabamba con ocho, y Oruro con cinco. Las regiones de Chuquisaca y Potosí registran tres casos cada una, Tarija dos y Beni uno.
Estos datos reflejan la persistencia de la violencia de género a pesar de la vigencia de la Ley 348, aprobada en 2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la cual establece una pena de 30 años de prisión sin indulto para el feminicidio.
Además de los homicidios, la Fiscalía registró 19.541 denuncias por delitos relacionados con esta ley hasta el 15 de junio. Organizaciones feministas han reclamado históricamente el incumplimiento pleno de la norma debido a la falta de presupuesto y personal especializado, así como los espacios donde se desarrolla esta violencia como el caso de la violencia dómestica.
En 2024, intentos de reforma de la ley por parte de legisladores del MAS fueron rechazados por activistas, quienes denunciaron campañas de desinformación conservadora. El año anterior, Bolivia cerró con 81 feminicidios y más de 46.000 casos de violencia registrados, cifras que evidencian la gravedad estructural del problema.
El observatorio de género de Bolivia «Coordinadora de la Mujer» es una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra de la violencia que sufren las mujeres en el país, esclareciendo que, aunque existe la ley, «la brecha entre la norma y la realidad es enorme». La sociedad civil continúa exigiendo políticas públicas efectivas y recursos suficientes para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores en un contexto donde la impunidad sigue siendo un desafío para el sistema judicial boliviano.
