Alfredo Jiménez Pereyra
Por respeto a los miles de bolivianos, y al pueblo en general, que con sus votos lo encumbraron a la presidencia del país, el mandatario Rodrigo Paz Pereira está en la obligación de aclarar e informar con veracidad cuáles eran los vínculos que mantenía con el ultraderechista argentino Fernando Cerimedo, quien es investigado por ser el autor intelectual del intento de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, de montar una granja de bots y de ser pieza clave en varios hechos de corrupción como la compra de combustible basura, tráfico de oro, contratos estatales, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros.
El pueblo boliviano no se traga el cuento del gobierno de Paz Pereira que afirma que Cerimedo no tenía un cargo oficial dentro de la nomenclatura del aparato estatal y que solamente presentaba servicios de asesoría o consultoría externa.
El mandatario boliviano tiene que explicar muchas cosas con la verdad en la mano. Paz Pereira sabe muy bien que fue él mismo quien otorgó a su exasesor tener acceso a espacios y personas de su entorno presidencial, contactos con policías, publicaciones de funcionarios públicos y cobertura favorable desde medios de comunicación estatales.
El “Bellergate” develó que Cerimedo tenía una oficina en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, donde se encuentra el despacho presidencial. Según esa versión, otros ministros debían pedir audiencia al argentino para acceder ante el jefe de Estado.
Según las declaraciones realizadas desde el hospital donde Beller se recuperaba de las heridas de bala contra su integridad física, afirmó que Cerimedo gozaba de total confianza de Paz Pereira puesto que era su principal asesor, cargo que le valió obtener la ciudadanía boliviana sin contar con el tiempo de permanencia requerido.
En una entrevista con el diario argentino Clarín, Beller afirmó que: “El presidente Paz le dio la ciudadanía, yo tengo su carnet de residencia. Es un privilegio porque no tiene tiempo de permanencia y nadie lo ha cuestionado”.
Recordemos que la Constitución Política del Estado establece que los extranjeros pueden adquirir la nacionalidad por naturalización cuando tienen más de tres años de residencia en el país. El trámite oficial del Sereci también contempla la naturalización “por residencia de más de tres años”.
Los hechos y denuncias de corrupción también salpican al entornó familiar de Paz Pereira. Beller bautizó como “ventanilla única” a la primera dama de la nación, María Elena “Bibi” Urquidi, porque todos los trámites deben pasar primero por sus manos, especialmente el relacionado con la importación de gasolina basura. Para este fin, “Bibi” tenía dos operadores: Fernando Cerimedo y Robín Jofré, este último vinculado con la recolección de basura en varias ciudades del país.
Cerimedo había adquirido un nivel de poder inusitado y acumulado vínculos con hechos de corrupción, principalmente relacionados con la venta de gasolina. Entre las empresas vinculadas a estas gestiones está Futura, proveedora de combustible en Argentina, que coincidentemente tiene participación su esposa Natalia Basil.
En Julio de 2925, Basil creó la empresa minera Australis Energy Group S.R.L. Las actividades de la firma abarcan desde la exploración geológica hasta la explotación de hidrocarburos, minería (litio, oro y gas) y la generación de energías tradicionales y alternativas. La esposa de Cerimedo posee un 50 por ciento del capital y ejerce la gerencia.
Paz Pereira también tiene que explicar quién pagaba los servicios de Cerimedo. El argentino afirma que la Corporación Andina de Fomento (CAF) era su empleador, pero esa institución negó esa versión.
Cerimedo adquirió notoriedad regional como operador de campañas digitales de la derecha latinoamericana. Durante las elecciones brasileñas difundió narrativas sobre un supuesto fraude electoral y sostuvo públicamente la tesis de que Brasil había sido “robado”. En la campaña presidencial argentina de 2023 se convirtió en uno de los operadores digitales cercanos al ultraderechista Javier Milei.
El presidente incaPaz tiene la obligación de aclarar este cúmulo de escándalos, porque si no lo hace corre el riesgo de no terminar su mandato, tal como reveló un informe del Centro Estratégico de Análisis del Congreso de Estados Unidos.
A diez meses de asumir la presidencia, el mandatario incaPaz ha profundizado la crisis económica, las denuncias de corrupción son el pan de cada día, los hechos de narcotráfico van in crescendo, la falta de carburantes no tiene solución, el dólar se cotiza más alto, y aumenta la pobreza en varios sectores de la población boliviana.
Bolivia está parada ante una olla de presión que en cualquier momento puede explotar por la falta de programas políticos, económicos y sociales que el actual gobierno no ha tenido la capacidad de aplicar en beneficio de millones de bolivianos.
