La Paz, 17 de junio (El Nuevo Cambio).- La difusión del audio que revela como el exministro de Justicia, Cesar Siles, controlaba y manejaba la justicia a favor del gobierno y de Luis Arce Catacora, destapó una serie de pruebas del lawfare contra el expresidente Evo Morales y la democracia en el país.
El audio constituye una prueba irrefutable de la intervención directa del presidente Luis Arce y del ministro de Justicia, César Siles, en el manejo del sistema judicial boliviano y pone en evidencia que el Gobierno controla el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscalía General del Estado, instituciones que deberían ser independientes y garantes de la democracia, según un pronunciamiento.
Según el análisis, la revelación confirma un grave atentado contra la democracia y la separación de poderes en Bolivia. El control y la manipulación de estas instituciones no solo vulneran la Constitución, sino que también determinan la nulidad de todos los actuados y decisiones que se han venido tomando en contra de los intereses democráticos del país.
Este manejo arbitrario y político de la justicia ha sido utilizado para perseguir y obstaculizar a líderes de la oposición, en particular a Evo Morales, evidenciando una clara instrumentalización de la justicia con fines de persecución política y de control electoral.
Los delitos que se habrían cometido por parte del gobierno tienen que ver con prevaricato y el uso indebido de la función pública para influir en decisiones judiciales, la usurpación de funciones con la intervención directa en competencias exclusivas del Poder Judicial.
Ademas, el abuso de autoridad, como ejercicio arbitrario del poder para fines políticos, las amenazas y la presión sobre jueces, magistrados y fiscales para direccionar fallos y el atentado contra la independencia judicial y la subordinación de los órganos de justicia al Poder Ejecutivo.
Las organizaciones sociales y profesionales, ante esta realidad, exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre las acciones del presidente Luis Arce y el ministro César Siles.
Dicen que es urgente restaurar la independencia de los órganos judiciales, anular los actuados viciados de nulidad y garantizar que nunca más se utilicen las instituciones del Estado para la persecución política.
“La democracia boliviana está en riesgo. No podemos permitir que el poder se concentre en manos de unos pocos a costa de la justicia y la voluntad popular. Es momento de defender el Estado de Derecho”, dicen.
