Martillando la Vitrina
El viceministro de la Presidencia Gustavo Torrico -el “satuco”- dijo que el presidente Luis Arce no era “muñeco” de los cooperativistas que exigían negociar con él y con nadie más que con él. Al final de dos días de bloqueo de la sede gobierno, el asediado cedió.
No fue gratis, como no fue gratis, en términos de interés políticos, reemplazar a su antiguo ministro de Minería Marcelino Quispe -apadrinado por el ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, por el lado de los mineros asalariados del Estado- por el mandamás de las cooperativas mineras Alejandro Santos Laura, el poder dual.
Los cooperativistas exigían 19 puntos, que se puede clasificar en dos bloques. El 1 por demandas suaves y 2 por algo grande, muy grande:
Bloque 1:
- Destitución del ministro de Trabajo por no acelerar el reconocimiento de la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas (AFCOP) a la actividad no legalizada de este sector productivo. No pedían la salida de su ministro de Minería Santos.
- Retorno a la directiva de la COMIBOL, en donde nada tienen que hacer por tratarse de una entidad estatal. Lo quieren para acceder a áreas mineras de propiedad del Estado, por tanto, del pueblo boliviano.
- Presencia en el directorio de la Caja Nacional de Salud, a donde sus aportes son mínimos pero el capital acumulado por decenas de años por los asalariados del sector privado y estatal, es una mina de oro.
- Revisión -se entiende por “flexibilización”- de las licencias ambientales que por ley son obligatorias a fin de preservar el medio ambiente y los recursos naturales.
- No pagar el IVA por importaciones de materiales e insumo para la minería cooperativista.
Bloque 2:
Los puntos anotados no es nada en comparación a la exigencia mayor, de gran impacto económico y político, discutido y, aparentemente, aceptado por el presidente Arce y sus ministros que le acompañaron en la negociación -negociación entendida como una toma y daca, mecanismo de negociar una cosa por otra-, es lo siguiente:
- Las cooperativas exigieron -y no renunciaran a esta aspiración- “autorización permanente para la exportación de estaño de baja ley”. ¿Qué significa? Pretenden explotar por cuenta propia y con capitales extranjeros los residuos de estaño acumulados desde la época de los barones del estaño a la fecha en los desmontes y relaves, montañas y montañas de estaño, en particular de la mina de Siglo XX, valuados en varios miles de millones de dólares. Y no solo contienen estaño sino otros minerales de alto valor estratégico y comercial.
- Piden modificarla Ley 5325 de Minería y Metalurgia que dispone: “los recursos minerales, cualquiera sea su origen o forma de presentación existentes en el suelo y subsuelo del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; su administración corresponde al Estado con sujeción a lo previsto en la presente Ley”. Lo quieren para ellos.
- Han exigido acceso a las reservas minerales estratégicos, con prioridad, del litio del salar de Uyuni y lagunas salares, cuando la misma ley dispone que: “Ley podrá reservar minerales estratégicos para explotación exclusiva por parte de empresas estatales”.
- No solamente quieren acceder al litio sino también de las tierras raras, a pesar de que la Ley 535 expresa: “se prohíbe la explotación de minerales radioactivos por actores productivos no estatales. El actor productivo minero cuando encontrare en sus áreas, minerales radioactivos y tierras raras, deberá informar del hallazgo al Ministerio de Minería y Metalurgia”.
- Las cooperativas mineras muestran un gran poder político y económico. Actualmente tienen al Ministerio de Minería, viceministerios, direcciones, senadores, diputados y gobiernos municipales. Lo que conlleva un apetecible caudal electoral, lo que necesita el presidente Arce para su reelección.
- Su máxima aspiración es convertirse en los nuevos reyes, no solamente del estaño, mediante asociaciones con capitales extranjeros. Las cooperativas mineras son consideradas por la Constitución y la Ley General de Cooperativas como entidades sociales “sin fines de lucro”, pero ya llevan muchos años como verdaderos empresarios potentados camuflados en “cooperativas”.
Los cooperativistas, cuyos dirigentes fueron investigados por el crimen del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes (agosto de 2016), doblegaron al presidente Arce y sus ministros a la firma de un convenio que permanece reservado, oculto a los ojos de los verdaderos dueños de la riqueza nacional: el pueblo boliviano.
La COB de Juan Carlos Huarachi ni chista por los despropósitos de los poderosos cooperativistas. La COD de La Paz y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que desconoció y descalifico a su principal dirigente, se oponen entregar las reservas de minerales, el litio y las tierras raras.
