La Paz, 5 de junio (El Nuevo Cambio).- El Senado Nacional aprobó el proyecto de Ley de Regulación de Estado de Excepción la noche del jueves y lo derivó a la Cámara de Diputados para su sanción, en medio de denuncias de que se trata de una disposición que “otorga licencia para matar”.
La disposición fue aprobada tras un largo debate, en el que participaron incluso tres ministros del estado, entre tanto algunos senadores y la oposición política, calificó la norma como un instrumento que permite la violación de los derechos humanos y otorga carta blanca a las fuerzas de seguridad para reprimir y hasta matar.
Uno de los críticos al reglamento fue el senador Wilder Veliz que cuestionó al gobierno por no haber atendido en su momento las demandas de los trabajadores y sectores sociales y haber coadyuvado a que la crisis social se agudice en el país.
Sostuvo que la ley posibilitará la represión, persecución e incluso el uso de armas de fuego, porque admite que matar a los movilizados será una acción legítima, porque hasta matar, presumirá de que será de buena fe.
Afirmó que el estado podrá reprimir, matar, hacer desaparecer a la gente y el estado incluso podrá asistir con asistencia técnica jurídica a quienes asuman la represión, “se trata de una carta blanca para que haya masacre en Bolivia”.
Veliz dijo que la ley tendrá serias observaciones internacionales porque se trata de una norma que viola todos los derechos humanos de los ciudadanos y permite reprimir y matar a quienes se movilicen y protesten contra el gobierno.
La propuesta de Ley de Regulación de Estado de Excepción enviada a la Asamblea Legislativa establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir cuando la Policía sea superada por una conmoción interna como el bloqueo de caminos.
El proyecto también dispone que las actuaciones de militares y policías durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad y que las Fuerzas Armadas podrán participar en operaciones de seguridad interna durante los estados de excepción si la capacidad operativa de la Policía Boliviana resulta insuficiente.
Los militares también podrán asumir tareas de protección de infraestructura crítica, resguardo de instalaciones públicas, control perimetral de seguridad, protección de rutas estratégicas de abastecimiento y seguridad de aeropuertos, hospitales, sistemas hídricos, plantas energéticas y redes de telecomunicaciones.
El proyecto autoriza el uso de la fuerza para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado.
Sostiene además, que las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad.
