La Paz, 31 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El gobierno, a través de la Policía, reprimió a los trabajadores y mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) que protestaron contra el decreto supremo 5503 que elimina la subvención a los carburantes y viabiliza la privatización de las empresas estratégicas y la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras.
Luego los convocó a una reunión para los primeros días de enero, con el propósito de explicar los alcances del decreto, pero adelantó que las medidas económicas dictadas por el gobierno la semana pasada no serán modificadas.
Entre tanto, los dirigentes de la COB anunciaron que la única manera de aceptar un diálogo en esas condiciones es que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, abrogue el decreto que ocasiono graves perjuicios económicos a las familias bolivianas, sobre todo a los más pobres.
También anunciaron nuevas protestas no sólo en la sede de gobierno, sino en otras capitales departamentales, mientras los piquetes de huelga de hambre se incrementaron a tres bloques, todos en la ciudad de La Paz.
Los piquetes se encuentran instalados en la sede principal de la Central Obrera Boliviana (COB), la Casa Social del Maestro impulsada por el Magisterio Urbano y las instalaciones de la Federación de Mineros.
Las movilizaciones laborales tienen el propósito de anular el decreto supremo aprobado por el Ejecutivo, que contiene 121 artículos y establece la eliminación de la subvención a los combustibles, además viabiliza las privatizaciones y la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras, entre otros.
El dirigente Claudio Choque, secretario general de la COB, ratificó a los medios de comunicación que las protestas continuarán en estos días a pesar del año nuevo y aclaró que se trata de demandas de carácter social y laboral.
“Nuestras medidas no responden a intereses políticos, sino a reivindicaciones legítimas de los trabajadores”, dijo al señalar que en las protestas están participando todas las organizaciones afiliadas a la COB.
