Lima | Agencias
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una segunda denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la muerte de 49 personas durante la represión a las protestas contra su gobierno. Estas muertes se produjeron cuando el ejército y la policía dispararon contra manifestantes, e incluso contra pobladores que no participaban en las protestas, lo que fue aplaudido y alentado públicamente por Boluarte y sus ministros, según informó el diario argentino Página 12.
La denuncia, que también indica que la represión dejó 344 heridos, ha sido presentada esta semana por 16 personalidades peruanas, que incluyen cuatro exministros, reconocidos juristas, excongresistas, diplomáticos y activistas de derechos humanos. En junio pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh) presentaron una primera denuncia contra Boluarte ante la CPI por estos mismos hechos.
Los firmantes de esta nueva denuncia señalan que recurren a la CPI por la injustificada demora en las investigaciones fiscales en el fuero interno y el riesgo de impunidad, informó el rotativo.
Ha pasado más de un año y medio desde esa represión, que se dio entre diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, e inicios de 2023, y esos asesinatos continúan en la impunidad. Las investigaciones fiscales avanzan lentamente -los casos de las matanzas ocurridas en diversas provincias fueron trasladados a una Fiscalía en Lima, trabando el acceso de víctimas y testigos que viven en zonas alejadas y en condiciones de pobreza- y el Congreso, controlado por la derecha y ultraderecha capitaneadas por el fujimorismo, ha blindado a Boluarte de ser acusada por estas muertes.
