La Paz, 8 de mayo, (El Nuevo Cambio).- El decreto supremo 5143 aprobado por el Gobierno a principios del mes de abril, sin ningún consenso, provocó una serie de denuncias y protestas por atentar contra la propiedad privada, lo que generó a su vez el inicio de movilizaciones en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, principalmente.
La reacción gubernamental fue de ataque al descontento ciudadano, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, que en una entrevista en televisión, afirmó que el decreto supremo no será anulado, porque se trata solo de unas cuantas personas de derecha, que difunden mala información, generando miedo e incertidumbre.
Sin embargo, parlamentarios, dirigentes del comercio, algunos empresarios medianos, entre otros, criticaron que el gobierno haya aprobado un decreto, entre gallos y media noche, con el único interés de invadir la propiedad privada de los ciudadanos.
El diputado por Cochabamba, Santos Mamani, anunció por su parte acciones legales, “poque no se puede afectar la propiedad privada de los ciudadanos, con el único interés gubernamental, entre otros, de recaudar nuevos impuestos”.
“Si una familia tiene su casa, su terreno, urbano o rural, propiedades agrarias, le van a decir como consiguió esos bienes, con qué dinero, para procesarlo por delitos de ingresos ilícitos”, explicó al señalar que el objetivo del gobierno es controlar la propiedad privada de las familias bolivianas.
Dijo que ese control se generará a través de Agetic y del Ministerio de la Presidencia, por eso su interés de contar con una única base de datos, concentrar toda la información para tener el control de los ingresos económicos de las familias bolivianas.
“Su interés es tener el control de la información de la propiedad privada, generar cargos públicos para sus adeptos prebendales. En la práctica el gobierno ingresará a los domicilios de las familias bolivianas”, afirmó.
Varios sectores, principalmente en Santa Cruz y La Paz, anunciaron una serie de movilizaciones, entre marchas y concentraciones, este miércoles, jueves y viernes, en rechazo del decreto supremo 5143, aprobado por el gobierno el 4 de abril.
