Lima | Agencias
Una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha librado a Keiko Fujimori del juicio por obstrucción a la justicia que venía afrontando. Pero continúa el proceso judicial en su contra por organización criminal, lavado de activos y falsa declaración.
Con esta decisión que reduce los cargos contra la hija del exdictador Alberto Fujimori, el pedido fiscal de 30 años de prisión -por la acumulación de las penas de los distintos delitos imputados- disminuye ahora a 24 años como posible sentencia condenatoria máxima contra la tres veces candidata presidencial del fujimorismo. Esta decisión también favorece a otros 14 acusados en este proceso judicial, en el que hay más de 40 imputados, informó el diario argentino Página 12.
La hija del exdictador Fujimori está acusada de haber recibido en efectivo y en secreto más de 17 millones de dólares de importantes empresarios para sus campañas electorales a la presidencia en 2011 y 2016, y haberlos lavado a través de falsos aportantes y cocteles de recaudación de fondos para ingresarlos a sus campañas. Su defensa alega que recibir dinero para una campaña electoral y no declararlo no era delito al momento que esos hechos ocurrieron, y niega el delito de lavado asegurando que los millones recibidos clandestinamente tenían un origen lícito.
La Fiscalía imputa el delito de lavado argumentando que los grandes empresarios peruanos que le entregaron a Keiko y sus allegados millones de dólares en maletines llenos de billetes, tomaron ese dinero de las empresas que dirigen poniendo como destino otro concepto y fraguando la contabilidad, lo que, señala el fiscal Pérez, “constituye delito de fraude en la administración de la persona jurídica, lo que hace ilegal la procedencia de ese dinero”. En el caso de los 1,2 millones de dólares entregados por la constructora brasileña Odebrecht sus funcionarios han revelado que ese momento provenía de un fondo clandestino para pagar sobornos.
