La Paz, 2 de mayo (El Nuevo Cambio).- El gobierno desplegó toda una campaña no sólo a través de los medios de comunicación a su disposición, sino de asambleístas, funcionarios, dirigentes y algunos jueces “arcistas” para evitar que la sentencia de la juez de Santa Cruz, Lilian Moreno, a favor del expresidente Evo Morales, se cumpla como disponen las leyes.
La juez Moreno, anuló el proceso contra el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, por tráfico de personas y le otorgó la libertad de movilización.
Entre las acusaciones contra la juez que está siendo amedrentada y perseguida por la policía, está la que hubiera sido funcionaria del gobierno del expresidente Morales, como directora del Servicio de Impuestos (SIN).
Sin embargo, el gobierno ocultó que la fiscal del distrito de Tarija, la principal acusadora, Sandra Gutiérrez, también trabajó en la gestión de Morales, incluso con un cargo mucho más importante, como ministra de Justicia.
Dirigentes de organizaciones sociales explicaron que la juez Moreno solo está aplicando las normas legales vigentes en el país que garantizan el derecho al Debido Proceso y Presunción de Inocencia que todo ciudadano debe tener.
“La jueza no dictó ninguna sentencia de inocencia ni archivo de obrados. Solo dispuso que el proceso contra el expresidente se realice con todas las garantías constitucionales”, dijeron.
Señalaron que el gobierno, a través de todos sus “serviles prebendales” dirigentes y legisladores, incluyendo los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura y el fiscal general está procediendo a un linchamiento mediático a la jueza Moreno.
“Ya la condenaron, difamaron, insultaron en su condición de mujer y hasta pidieron que agentes de inteligencia y policía invadan su vivienda para detenerla y enviarla a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, tal como declararon el diputado arcista, Rolando Cuéllar y su aliado el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, añadieron.
