Lauca Eñe, 13 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, pidió a la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigue a jueces y magistrados, ministros de Justicia y abogados que viabilizaron en Bolivia la impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019, con el saldo de más de 36 personas asesinadas.
La demanda está contenida en un mensaje de su cuenta X, relacionada al último informe de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitida luego de la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, dos de los responsables, entre otros, en esas muertes durante el golpe de estado de noviembre de 2019.
El mensaje del exmandatario dice: “Agradezco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por alertar sobre la impunidad de los autores intelectuales y materiales de las masacres de Senkata (El Alto-La Paz) y Sacaba (Cochabamba).
Tal como indican esos organismos, “la anulación de lo actuado en los procesos judiciales” contra los golpistas -ordenada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo; y obedecida, con prontitud, por vocales y jueces sin independencia- es “un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas”.
Denuncio que el gobierno de Luis Arce no cumplió las recomendaciones de la CIDH y la ONU para “investigar, sancionar y reparar a las víctimas” de la autoproclamada “presidenta” Jeanine Añez, sus aliados políticos y ministros.
Fue el propio exministro de Justicia del presidente Arce, Iván Lima, que el 20 de enero del 2025, pidió indulto para los golpistas y responsables de las masacres de Sacaba y Senkata. Por esa razón, a finales de agosto de este año, el TSJ instruyó liberarlos, al parecer, por un pacto de impunidad entre el gobierno y la derecha boliviana.
El año 2019 -tal como recuerda el comunicado de la CIDH y ONU- el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba” con “al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas”.
Mientras que el informe de ONU de 2020, “identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales”.
Prueba de la responsabilidad de los golpistas es el Decreto Supremo 4078 -con el que se ordenó reprimir y asesinar a bolivianos- firmado por la autoproclamada Añez y sus ministros de facto, el 15 de noviembre del 2019.
Sin embargo, los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado de 2019, continúan divulgando el falso y cruel relato de que “se mataron entre ellos” y que eran “terroristas”.
Pido a las relatorías especiales de libertad de información, expresión y comunicación de la ONU y OEA que analicen el papel de algunos medios de comunicación de Bolivia que solo dan cobertura a los victimarios e ignoran a las víctimas.
Solicito a la Relatoría Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, investigar a los magistrados y vocales del TSJ, TCP y TSE de Bolivia; a jueces, ministros de Justicia del Órgano Ejecutivo y abogados, por el delito de Consorcio Jurídico, montado para ejecutar una brutal persecución contra las organizaciones indígenas”.
