La Paz, 12 de febrero (El Nuevo Cambio).- El exministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que el gobierno de Luis Arce Catacora utilizó a la justicia en Bolivia (lawfare) para inhabilitar como candidato al expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma.
La confirmación la hizo durante una entrevista realizada en Bolivisión en la que admitió que ya se le quitó a Morales la sigla del MAS-IPSP, se le iniciaron procesos judiciales y en la práctica se encuentra detenido en el trópico de Cochabamba de donde no puede movilizarse a ninguna parte.
El exdignatario, afirmó que el gobierno de Arce Catacora cumplió con los objetivos propuestos en el campo político, utilizando para ello, la justicia, principalmente a los magistrados autoprorrogados.
La vía por la cual se logró cumplir con esos objetivos políticos, dijo Lima, fueron el juicio por presunto delito de Trata, el quitarle la sigla del MAS y lograr su inhabilitación como candidato a las elecciones.
En el proceso del gobierno para cumplir con esos objetivos estuvieron no sólo los magistrados ilegales y autoprorrogados sino también una fiscal y un juez de Tarija y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A propósito de la declaración de Lima, el expresidente Evo Morales, emitió un mensaje a través de su cuenta X en la que afirma que el exministro confirmó todo lo que se denunció en los últimos meses.
Dice: “El exministro de Justicia Iván Lima confirmó lo que tanto denunciamos. El gobierno de Arce planificó una estrategia judicial (lawfare) para eliminarme política, jurídica y electoralmente.
En una entrevista, que adjunto, dijo: «Los objetivos que se planteó, en su momento, el gobierno de Luis Arce, se han llevado con la máxima objetividad: Evo tiene proceso penal y ya está detenido en Lauca Ñ; Evo ya no es jefe del MAS ni tiene la sigla del MAS; y Evo no está habilitado».
Presento esta prueba a la prensa del mundo y a organismos internacionales para demostrar que todo el bombardeo de acusaciones, difamaciones y acciones que hizo en mi contra el gobierno de Arce y Choquehuanca, nunca fue legal, no estuvo apegado al derecho, a las leyes ni a la Constitución.
Fue un linchamiento mediático y judicial, sin respetar el Debido Proceso ni la Presunción de Inocencia.
El gobierno usó y manipuló a jueces y fiscales que, obedeciendo órdenes políticas, prevaricaron. Se apartaron de la ley y de su conciencia. No actuaron como jueces independientes y decentes. Son simples mercenarios.
Este plan para eliminarme políticamente tuvo la complicidad de dos usurpadores del cargo de magistrados del Tribunal Constitucional, -los autoprorrogados Gonzalo Hurtado e Iván Espada- que dictaron sentencias ilegales para que el gobierno robe la sigla del MAS e intenten proscribirme e inhabilitarme, ilegalmente, como candidato.
Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se sometieron al TCP de facto y al Órgano Ejecutivo. Acataron sentencias ilegales y violatorias de las competencias constitucionales del Órgano Electoral Plurinacional. Estos jueces electorales, también son prevaricadores.
Actualmente no cesa la persecución en mi contra porque saben que estoy habilitado para ser candidato presidencial, tanto por normas nacionales como internacionales.
Junto a lo hermanos bolivianos, que sufren la destrucción de la economía, seguiremos en la lucha para que el pueblo vuelva a vivir mejor”.
