Estrasburgo (Francia) | Agencias
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró este miércoles que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido un preso político y pidió a Estados Unidos que modifique la ley de Espionaje para no volverla a utilizar contra periodistas ni denunciantes.
“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente severos presentados por Estados Unidos contra Julian Assange bajo la ley de Espionaje, exponiéndolo a un riesgo, de facto, de cadena perpetua, justifican la designación del Sr. Assange como preso político”, recoge el texto de la resolución que aprobó hoy el organismo por 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.
La institución afirmó que “el uso incorrecto que Estados Unidos ha hecho de la ley de Espionaje de 1917 para procesar” al australiano “ha provocado un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental”.
Por eso, pidió a Estados Unidos -que no forma parte del Consejo de Europa, pero sí es un país observador- que la “reforme urgentemente” para que no se aplique contra editores, periodistas y denunciantes, sino contra “el intento malicioso de dañar la seguridad nacional” del Estado, según informó la agencia de noticias EFE.
Y le reclamó que lleve a cabo “investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeakas y el Sr. Assange, para que los responsables rindan cuentas.
También le pidió que “coopere de buena fe” con las autoridades judiciales españolas que están investigando el supuesto espionaje que la CIA cometió contra Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales.
La resolución lamentó además que el Reino Unido “no logró proteger con eficacia la libertad de expresión” de Assange, al haberle encarcelado durante cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido) y le pidió que “revise urgentemente” sus leyes de extradición para impedir la entrega de “individuos buscados por delitos de naturaleza política”.
El martes, no obstante, el australiano señaló que si ha podido salir de prisión no es porque “haya funcionado el sistema”, sino porque se declaró culpable “haber hecho periodismo”.
