La Paz, 21 de abril (El Nuevo Cambio).- Las demandas presentadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la paridad y participación de los indígenas en los comicios, ponen en riesgo las elecciones del 17 de agosto del año en curso.
Varios sectores y legisladores advirtieron que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ignorar cualquier resolución del TCP no sólo porque la mayoría de sus magistrados son ilegales y autoprorrogados, sino no garantizan las elecciones.
El expresidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé, también se refirió al tema y en un mensaje en su cuenta X rechazó cualquier intento de revisar o postergar la convocatoria a elecciones generales en Bolivia.
“El principio de preclusión está vigente y garantiza su continuidad”, dijo en su cuenta X y añadió que el TSE debe “resguardar el orden democrático frente al riesgo de su quebrantamiento por autoprorrogados del TCP”.
Explicó que el principio de preclusión impide reabrir plazos ya vencidos en procesos jurídicos y electorales, por lo tanto, la agenda electoral no puede ser modificada arbitrariamente por intereses circunstanciales o decisiones que contravengan la normativa vigente.
El propio TSE con la firma de cinco vocales, presentó una acción de constitucionalidad concreta para al TCP, para la participación de los pueblos indígenas en los comicios nacionales, recurso, que también modificaría el cronograma electoral.
También existen otros recursos, uno de ellos presentado por el diputado Israel Huaytari, quien demanda paridad de género en los binomios electorales, en tanto, el exmagistrado Gualberto Cusi anunció una acción de inconstitucionalidad abstracta para garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales de carácter nacional.
El asambleísta por La Paz, Ingvar Ellefsen, denunció, por su parte, que se gesta un “golpe de Estado escalonado” y llamó a desconocer cualquier determinación que sea emitida por tribunales controlados por jueces “autoprorrogados”.
Afirmó que el TSE debe desobedecer cualquier notificación que provenga de tribunales y autoridades judiciales prorrogadas e ilegales, que pretenden poner en riesgo las elecciones nacionales de agosto próximo.
