Alfredo Jiménez Pereyra
La reclusión de Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, en la cárcel cruceña de Palmasola por 180 días, imputado de legitimar ganancias obtenidas de manera ilegal y enriquecimiento, demuestra que las constantes denuncias que realizó en su momento el exjefe de Estado, Evo Morales, sobre la magnitud de corrupción en las que estaban involucrados los hijos de Arce Catacora eran ciertos.
Durante más de cuatro años, Morales alertó y denunció sobre diferentes hechos de corrupción que involucraban de manera directa a los vástagos del expresidente boliviano. Estas denuncias, que ningún otro político boliviano se atrevió a realizarlas, le valieron a Morales ser proscripto de participar en las elecciones nacionales por medio de artimañas realizadas por un grupo de jueces autoprorrogados de la Suprema Corte de Justicia y digitadas por el mismo Arce Catacora quien falazmente aducía: “No se metan con mi familia”.
Con la venia y el permiso del mismísimo Arce Catacora, su hijo mayor trabajó en YPFB Corporación y después como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco. Pese a dejar estas funciones siguió operando en un piso de la estatal petrolera para tomar importantes decisiones y direccionar procesos de contratación mediante servidores públicos. De esta manera, Arce Mosquiera pasó a ser el dueño y señor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde hacía lo que quería junto a otros cómplices dentro y fuera de la empresa petrolera.
La investigación abierta en su contra puso bajo la lupa un patrimonio llamativo para su perfil económico. Arce Mosquiera, con 33 años de edad, tiene a su nombre 18 bienes inmuebles, 20 vehículos y al menos dos transacciones observadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), una por más de 300.000 bolivianos y otra por más de 500.000 bolivianos, registradas entre 2022 y 2024. El pasado 18 de marzo, día de su aprehensión en el barrio de Equipetrol, el exmadamás de YPFB conducía un vehículo Ford Raptor valorado en 110.000 dólares.
En septiembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un informe final sobre presuntas irregularidades en la firma Botrading vinculada con el suministro de combustibles a YPFB a través de 12 contratos de provisión de combustible con daño económico al Estado. En enero del presente año, la nueva administración de YPFB informó que presentó una segunda denuncia para rastrear el destino de 55 millones de dólares, luego que YPFB Refinación otorgara un crédito de 80 millones de dólares para la operación de esa firma en Paraguay. Ningún movimiento económico se realizaba sin su conocimiento y operaba en complicidad con el expresidente de la estatal petrolera Armin Dorgathen, uno de los principales investigados en el caso Botrading, que huyó a Brasil.
La corrupción también salpicó al hijo menor del expresidente boliviano. Rafael Ernesto Arce Mosqueira adquirió en 2021 el predio “Empresarial y agrícola Adán y Eva” con una extensión de 2.187 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio Público abrió, de oficio, otro expediente para investigar a los Arce (incluida Camila, hija también de Arce Catacora) por presunta legitimación de ganancias ilícitas. La causa se encuentra en fase preliminar.
Lo que indigna es que estos hechos de corrupción y abuso de poder no fueron investigados ni tomados en cuenta en su momento por los medios de comunicación bolivianos. ¿Dónde quedó la “libertad de la prensa” que siempre pregona la prensa escrita, televisiva y radial en el país? Con su silencio encubrieron varios hechos de corrupción del anterior gobierno. Los principales medios de comunicación dependían económicamente del viceministerio de Comunicación, dirigida por la exviceministra de esta cartera, Gabriela Alcón, quien manejaba a su antojo, mediante la pauta publicitaria, a la prensa nacional con la finalidad de promover la imagen gubernamental del anterior gobierno. Durante los cinco años de la gestión de Arce Catacora, la viceministra Alcon erogó millones de bolivianos comprando a periodistas y medios de comunicación, no sin antes obtener el 20 por ciento de comisión por concepto de publicidad, según comentarios de exdirectores de algunos medios nacionales.
Actualmente, el expresidente Arce Catacora cumple detención preventiva desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro por el caso Fondo Indígena. Padre e hijo quedaron atrapados en procesos distintos, pero señalados por las denuncias de corrupción, abuso de poder y ganancias ilícitas que son investigadas por fiscales, jueces y unidades financieras.
La punta del ovillo está en manos de la justicia de Bolivia que tendrá que esclarecer la corrupción, el despilfarro y el saqueo de las arcas del Estado por parte de políticos que en nombre de los movimientos sociales y de los más desposeídos del país hicieron lo que les vino en gana.
