La Paz, 8 de junio (EL Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) denunció que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira inició toda una “cacería humana” al proceder de manera ilegal con la detención de sus dirigentes, en un interés de descabezar el movimiento sindical e imponer un estado de excepción en el país.
En un comunicado difundido por sus redes sociales, el ente matriz de los trabajadores, sostuvo que el gobierno inició una serie de operativos clandestinos, destinados a descabezar las organizaciones, con el fin de evitar la masificación de las medidas de presión.
Sin embargo, la dirigencia de la COB reiteró no solo la continuidad de las medidas de presión, sino también su masificación en todo el territorio nacional, hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas, de la COB se realizan desde hace 38 días, comenzaron el 1 de mayo, inicialmente reclamando un incremento de salarios del 20 por ciento, el mismo que fue rechazado por el gobierno con el justificativo de que ya se hizo un aumento durante el incremento del precio de los combustibles, en enero pasado.
Los dirigentes denunciaron que éste domingo, efectivos de la Policía, encapuchados y armados, detuvieron al dirigente Hever Bravo, Fabril; Limber Onofre, constructor; Patricia Sánchez, magisterio, Sergio Onofre, universitario y Eleuterio Mamani, Minero.
Una de las principales detenciones se realizó el viernes pasado del dirigente de la Federación de la Junta de Vecinos de La Paz, Justino Apaza, quien luego de una audiencia, fue enviado, por seis meses, al penal de San Pedro.
El Ministerio Público dijo que se investiga a Apaza por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y medios de transporte, entre otros.
También fue detenida en forma violenta la exsenadora Simona Quispe, sin ninguna orden legal, fue interceptada por encapuchados y luego trasladada a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en un minibús sin placas de circulación. Luego fue liberada por falta de pruebas.
Asimismo, efectivos policiales arrestaron a la secretaria de la Federación Carrasco del trópico de Cochabamba, Yesenia Vargas, a quien también, sin justificativo alguno, la enviaron por cinco meses a la cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz.
Los dirigentes denunciaron que existe una larga lista de dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales a los que el gobierno pretende detener, de forma ilegal, en complicidad con la Fiscalía y la justicia, con el único fin de imponer un estado de excepción ilegal.
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron y sancionaron la Ley de Regulación del Estado de Excepción que fue enviado al Palacio de Gobierno, para que el presidente Rodrigo Paz, lo promulgue, con el que podría asumir la medida de excepción.
Mientras tanto, se mantienen en el país alrededor de 85 puntos de bloqueo activos distribuidos en seis departamentos, Cochabamba es el que más bloqueos tiene con 22 cortes de ruta, seguido por La Paz (19), Potosí (15), Oruro (12), Chuquisaca (9) y Santa Cruz (3).
