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DW Actualidad La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 32,3 % en el primer semestre de este año, lo que supuso una subida de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2025, informaron fuentes oficiales el jueves (24.09.2026). Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el primer semestre de 2026 en el 7,5 %, 1,2 puntos por encima de la tasa registrada en el semestre anterior. La tasa de pobreza del primer semestre de este año es la más alta desde el segundo semestre de 2024, cuando habia registrado una fuerte caída. En la comparación interanual, el índice de pobreza subió en el primer semestre del año 0,7 puntos porcentuales, mientras que la tasa de indigencia ascendió 0,6 puntos. https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2103197846933491935&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fla-pobreza-urbana-en-argentina-sube-al-323-en-el-primer-semestre-de-2026%2Fa-79420954&sessionId=cd16e0831957e1246a5e42497f10d342034890de&siteScreenName=dw_espanol&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px Niños y jóvenes, los más perjudicados La población más afectada es la de los niños de hasta 14 años, grupo en el que la tasa de pobreza es del 44,5 % y la de indigencia, del 10,8 %. Le siguen los jóvenes de 15 a 29 años, con una tasa de pobreza del 36,9 % y una nivel de indigencia del 8,5 %. La medición del Indec solo tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 30,1 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unos 46,5 millones de personas. De estas ciudades, la que mayor tasa de pobreza registra es Concordia (provincia de Entre Ríos, este), con un índice del 56,2 % y donde casi doce de cada cien habitantes ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación. La mayor tasa de indigencia (17,3 %) la tiene Resistencia, capital de la norteña provincia del Chaco.

Telesur Durante su intervención en el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente argentino Javier Milei encabezó un giro estratégico en la política exterior de su Gobierno al colocar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas en el centro de su agenda internacional, cuestionando duramente la ineficacia del organismo multilateral para hacer cumplir sus resoluciones. ​El mandatario, que en sus presentaciones internacionales previas había omitido o mencionado marginalmente el diferendo austral, calificó a las Malvinas como “una causa nacional” y arremetió contra la falta de avances diplomáticos frente al Reino Unido. “Quiero plantear una pregunta: ¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario? La ONU hoy solo sirve para alimentar una casta de parásitos”, aseveró Milei ante el plenario. Milei hizo evidente su «impostado giro malvinero«, señaló la prensa argentina, recordando que en su intervención de 2024 el jefe de Estado mencionó al archipiélago una sóla vez y al pasar, dedicando solo 10 segundos de su intervención a la disputa de soberanía. ​En su alocución, el mandatario argentino anunció un cambio de postura frente a las actividades del Reino Unido en el Atlántico Sur al tildar de “ilegales e ilegítimas” las prospecciones y proyectos petroleros autorizados por Londres en la zona disputada.  “Durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa solo discursiva; nuestra Administración elige una defensa pacífica, práctica y efectiva que traerá consecuencias”, advirtió. El mandatario rechazó el argumento británico sobre el “principio de libre determinación” para los habitantes de las islas, sosteniendo que no aplica en este caso por tratarse de una “población implantada” en territorio usurpado. Pese al tono crítico, concluyó su intervención instando al Gobierno británico a retomar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica al conflicto de soberanía. ​Un desplante diplomático y el respaldo de EE.UU. a Londres ​La jornada en Nueva York estuvo marcada por contratiempos para la comitiva argentina, ya que Milei modificó a última hora su itinerario con el objetivo de lograr un encuentro directo y una fotografía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la sesión extraordinaria de la iniciativa Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Sin embargo, el contacto no llegó a concretarse. ​Paralelamente, la Administración estadounidense dejó traslucir un claro alineamiento con la postura de la diplomacia británica que se evidenció en el encuentro que sostuvo  Trump con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham.  Tras la reunión, el mandatario norteamericano afirmó: “Inglaterra es un país especial. Lo apoyamos plenamente”.  Por su parte, Burnham fue enfático respecto a la disputa en el Atlántico Sur: “Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las islas Falkland a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.

Telesur El Gobierno de Cuba reaccionó a las posturas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la octogésima primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando su derecho a la soberanía y condenando el impacto económico y social del recrudecido bloqueo estadounidense. El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, denunció en su cuenta en la red social X que la caracterización de la isla como una amenaza por parte del Ejecutivo de Washington busca justificar su guerra económica genocida contra la población cubana. Díaz-Canel sostuvo que apelar a la mentira refleja la negativa a aceptar la libre determinación del pueblo caribeño y ratificó que el país mantendrá la defensa de su soberanía, trabajando para superar las agresión despiadada impuesta desde la nación norteamericana. Reiteró que el cerco es la verdadera amenaza. Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló en la red social X que el Gobierno estadounidense es incapaz de asumir a Cuba como una nación independiente y plenamente soberana. Rodríguez desestimó las acusaciones presentadas en el organismo multilateral como falsedades y calumnias, insistiendo en que la isla no representa un peligro para Estados Unidos ni para ningún otro país, mientras que las restricciones económicas y el cerco energético vigentes sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. «Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz», enfatizó el titular de Exteriores además de recordar que este cerco ha sido sistemáticamente rechazado por la mayoría de la comunidad internacional. Estos pronunciamientos tuvieron lugar luego de que la delegación cubana, encabezada por el propio ministro de Relaciones Exteriores, abandonara la sala de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en señal de protesta durante la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su discurso, el mandatario estadounidense aseveró que las medidas de presión sobre La Habana se encuentran en su nivel más alto, calificó a Cuba como un Estado fallido y pronosticó la caída de la Mayor de las Antillas. La delegación cubana tiene programado ejercer su derecho a la palabra ante el pleno de la Asamblea General este sábado 26 de septiembre por intermedio de su canciller, en un contexto marcado por el incremento de la presión económica, financiera y energética impulsada desde el inicio del nuevo mandato presidencial estadounidense en enero de 2025.

Telesur El portavoz de la Presidencia de la Federación de Rusia, Dmitri Peskov, argumentó que las ofensivas militares y ataques con aeronaves no tripuladas ejecutados por las fuerzas de Ucrania durante el desarrollo de los comicios legislativos del 18 al 20 de septiembre constituyeron una estrategia deliberada de sabotaje. Sin embargo, el vocero del Kremlin subrayó que la maniobra resultó un rotundo fracaso al no lograr alterar la convocatoria cívica ni desestabilizar la institucionalidad del Estado. En el marco del foro mediático de la Organización de Agencias de Noticias de Asia y el Pacífico celebrado en Moscú, Peskov insistió que las acciones hostiles «no surtieron ningún efecto» y llamó a los medios internacionales a mantener el rigor profesional frente a la proliferación de campañas de desinformación globales. La presidenta de la Comisión Electoral Central （CEC）, Ela Pamfílova, informó el balance preliminar de la jornada comicial para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal de la IX legislatura. La afluencia a las urnas superó el 59% de los electores registrados, rebasando de forma sustancial los niveles de participación computados en los procesos parlamentarios de 2016 (47%) y 2021 (51%). Rusia Unida, la formación oficialista, encabeza los cómputos con el 5.,83% de los votos por listas partidarias, asegurando la victoria en 208 circunscripciones uninominales para proyectar una bancada récord de 355 escaños en la Duma Estatal. El Partido Comunista de la Federación de Rusia （KPRF） se ubica como segunda fuerza con el 13.81% de los sufragios y 40 escaños. El Partido Liberal Demócrata de Rusia (LDPR) obtiene el 8.98% de los votos y 25 escaños. Gente Nueva (Novye Lyudi) alcanza el 7.96% de la votación y proyecta 20 escaños. El partido Rusia Justa mantiene posibilidades de rebasar el umbral del 5% （asegurando de momento 4 escaños） y el partido Patria (Ródina) suma una banca uninominal. A pesar de los cuestionamientos por la denegación de centros o trabas logísticas denunciadas en algunos países occidentales contra los votantes rusos residentes en el extranjero, la CEC calificó la contienda como una de las más exigentes y transparentes de la historia reciente del país. Pamfílova sostuvo que el despliegue del proceso ratificó la claridad y legitimidad del sistema comicial, descartando irregularidades determinantes en el escrutinio. Las autoridades electorales confirmaron que la divulgación de los resultados oficiales definitivos se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre.

Telesur En un nuevo episodio de las controvertidas operaciones militares de Estados Unidos en aguas internacionales, el Comando Sur (SOUTHCOM) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó este 19 de septiembre un ataque letal contra una embarcación rápida en el mar Caribe.  Según la versión difundida por la entidad en su cuenta de la red social X, la nave operaba en rutas del narcotráfico e “inteligencia confirmada” vinculaba a la tripulación con actividades ilícitas. La acción se saldó con la muerte de cuatro personas clasificadas por Washington como “narco-terroristas”. ​Sin embargo, al igual que en operativos anteriores, la institución militar norteamericana no presentó pruebas ni evidencia pública que sustente sus afirmaciones, omitiendo el debido proceso e incurriendo en lo que organizaciones de derechos humanos, personalidades de todo el mundo y activistas catalogan como ejecuciones extrajudiciales. ​Esta incursión se suma a una secuencia de intervenciones armadas en la región. Apenas dos días antes, el 17 de septiembre, el propio Comando Sur hizo público un video mostrando el abordaje y posterior hundimiento de una estación flotante de reabastecimiento en el Pacífico oriental.  En esa ocasión, Washington justificó la destrucción de la infraestructura al vincularla con la banda criminal ecuatoriana “Los Choneros”, tras entregar a la tripulación a las autoridades de Ecuador. ​Estas acciones forman parte de una ofensiva militar unilateral contra carteles e infraestructuras calificados por la Casa Blanca como “narcoterroristas”.  Hasta la fecha, estas operaciones ejecutadas sin juicio previo ni investigaciones judiciales transparentes acumulan un saldo de más de 220 muertos en aguas del Caribe y el Pacífico. ​Denuncias en Ecuador y tibieza de la administración de Noboa ​El incremento de estos ataques armados ha desatado una ola de indignación y resistencia legal, especialmente en la costa del Pacífico ecuatoriano. Pescadores artesanales de la localidad de Manta iniciaron acciones legales formalizadas tras sufrir el impacto directo de las incursiones navales estadounidenses. ​Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Ecuador emitieron un pronunciamiento para exigir el cese inmediato de las agresiones contra los trabajadores del mar, expresando una profunda preocupación ante situaciones registradas durante 2026 que incluyen: ​Privación ilegal de la libertad y desapariciones forzadas, denuncias de tortura ejercidas por efectivos militares y destrucción sistemática de herramientas de trabajo y embarcaciones pesqueras ecuatorianas. ​Pese a la gravedad de los testimonios y el impacto en las comunidades costeras, el proceso legal y los reclamos diplomáticos se han visto lastrados por la tibia postura de la administración del presidente Daniel Noboa, cuyo gobierno mantiene una línea de complacencia hacia la presencia armada de Estados Unidos en aguas territoriales y adyacentes. ​Rechazo creciente dentro de la sociedad estadounidense ​La escalada de letalidad y la ausencia de controles judiciales no solo generan alarma en América Latina, sino que han empezado a provocar un notable rechazo al interior de la propia sociedad e institucionalidad norteamericana. ​Diversos sectores civiles, analistas jurídicos y activistas en Estados Unidos cuestionan el uso irrestricto de la fuerza en el mar, advirtiendo que la normalización de estas operaciones al margen del derecho internacional erosiona los estándares del debido proceso y convierte la política exterior contra las drogas en una campaña de ejecuciones sumarias en alta mar.

Telesur Más de 350 organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y culturales se movilizaron este sábado 19 de septiembre en la Marcha de la Bronca en Buenos Aires y otras 30 ciudades de Argentina. La jornada de protesta, impulsada por referentes de la izquierda como Myriam Bregman y Gabriel Solano, busca articular una respuesta masiva contra el plan económico del presidente Javier Milei e impulsar la convocatoria a una huelga general. La manifestación central en la capital argentina tuvo como punto de origen el Congreso de la Nación para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde se dio lectura a un documento consensuado por los colectivos participantes. Figuras del ámbito artístico y cultural, entre ellos el músico Miguel Cantilo, sumaron su apoyo a las concentraciones replicadas en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y Neuquén. Los organizadores de la protesta social remarcaron la necesidad de canalizar el descontento popular hacia acciones concretas de lucha que enfrenten las medidas gubernamentales en las calles. Desde la militancia de izquierda insistieron en que la presión ciudadana debe mantenerse activa en el plano coyuntural y no esperar únicamente a los procesos electorales futuros. En paralelo a las movilizaciones callejeras de la izquierda, el peronismo registró una intensa actividad política en la provincia de Buenos Aires con miras a reorganizar sus filas. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó en la localidad de Avellaneda el acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro bajo el lema de articular alternativas frente a la gestión federal. La jornada de debate concentró a más de 40.000 militantes en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, contando con comisiones de trabajo y plenario de cierre. El encuentro mostró un marcado carácter federal mediante la asistencia de intendentes, legisladores, jefes comunales y dirigentes políticos provenientes de al menos 10 provincias del territorio argentino. El escenario político opuesto a la política de recortes de Milei reflejó así dos dinámicas simultáneas en la misma jornada: por un lado, la presión sindical y de los movimientos sociales orientada a la huelga general en el centro porteño; por el otro, la estructuración territorial y el debate promovido por el peronismo bonaerense para consolidar un proyecto político a escala nacional.

Prensa Latina Bogotá, 18 septiembre (Prensa Latina).- El líder de la oposición en el Senado de Colombia, Iván Cepeda, denunció hoy que la Presidencia de Abelardo de la Espriella amenaza los derechos sociales y anunció el comienzo de preparativos de futuras movilizaciones. Según refirió el legislador en su cuenta de la red social X, a un mes de haber llegado al gobierno el mandatario, múltiples sectores de la población se sienten severamente afectados. Mencionó entre esos a los damnificados por el terremoto, el campesinado, víctimas, el magisterio, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores públicos, los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, la juventud, quienes están en procesos de reincorporación, el sector Lgbtiq+, jueces, artistas y periodistas críticos. “Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido”, aseguró el congresista. Recientemente se conoció que las organizaciones progresistas de Colombia se organizan para ejercer oposición al gobierno de De la Espriella. Durante el Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, celebrado en esta capital, se diseñó una hoja de ruta para defender los derechos laborales y sociales, organizar el trabajo en barrios y veredas y preparar condiciones para convocar a un paro nacional en noviembre próximo. Para el 14 de octubre se prevé una movilización nacional con el fin de exigir que se respeten las garantías en educación y salud públicas, derechos laborales y paz, y en favor de las reivindicaciones del campesinado.

Página 12 Finalmente, la parodia de negociación paritaria por parte del gobierno nacional colmó la paciencia de la comunidad universitaria, que convocó a una nueva marcha federal para el próximo 15 de octubre en la que van a exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En tanto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires anunciaron 23 días de paro escalonado, uno por cada facultad, desde el 21 de septiembre al 22 de octubre. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el ejecutivo volvió a insistir con el aumento del 3 por ciento que habían ofrecido a principio de mes, frente al 30 por ciento que reclaman los gremios. Por otro lado, a los rectores les preocupa que en el presupuesto del 2027 presentado por la administración libertaria, les destinan 7,3 billones de pesos, cuando necesitan alrededor de 11 billones para funcionar. El 1 de septiembre, la reunión paritaria entre rectores y gremios con la subsecretaria de Políticas Universitarias fracasó debido a la escasa propuesta del Gobierno, que pretendía darle un 3 por ciento de incremento salarial al personal universitario, cuando aún les adeudan un monto mayor al 30 por ciento de aumento, para volver al poder adquisitivo que tenían docentes y no docentes antes de la asunción de Milei. Eso es lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso de la Nación aprobó con amplia mayoría y respaldó luego del veto presidencial, sin contar las medidas cautelares de la Justicia en las que le exige a la administración libertaria que ponga en funcionamiento de manera inmediata los artículos 5 y 6 del texto. Al final del encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con la promesa de que el oficialismo eleve una propuesta superadora el jueves 17. Tal como se temían los universitarios, nada de eso pasó. “No hubo propuesta en el ámbito paritario. En realidad, lo que sucedió es que el gobierno nacional ratificó lo que ya había dicho en la paritaria de hace un mes atrás, prácticamente”, precisó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci. Con mucho esfuerzo, desde el CIN y los sindicatos venían manteniendo conversaciones con el Gobierno en pos de conseguir la recomposición salarial por la que vienen luchando durante el mandato de Milei. En junio, habían firmado un acta en la que el ejecutivo se comprometió a otorgarle al personal un aumento del 21,3 por ciento a cobrar en junio y otro 3 por ciento en octubre, sumado a fondos para gastos de funcionamiento de edificios y hospitales -que nunca transfirieron- y el llamado a una paritaria para septiembre. Esa buena voluntad se terminó este jueves al ver que el Gobierno sólo buscaba ganar tiempo, mientras le aseguran a la Justicia que están cumpliendo con lo que dicta la Ley de Financiamiento. “Por eso creemos que esta vez hay que hacer una medida contundente que permita visibilizar y concientizar sobre la gravedad de lo que está sucediendo” dijo el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci. La medida a la que hace referencia Cagnacci y que cuenta con la adhesión de Feduba, Apuba, Aduba y UTE, se trata de 23 días de paro escalonado en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, de modo que cada instituto tenga un día de huelga en específico. Empezarán el próximo lunes 21 de septiembre con un paro del rectorado y culminará el jueves 22 de octubre en el Hospital de Clínicas. Para el referente de Aduba, “estos 23 días de paro van a servir para tomar conciencia en términos sociales que lo que está pasando es grave, que ya excede la discusión salarial, y lo que está en juego es la posibilidad o no de una Argentina distinta a través del modelo educativo”. Lo otro que preocupa puertas adentro del CIN son los fondos para el año próximo que le pretende destinar Milei a las universidades en el Presupuesto 2027. Según el texto que ya se trata en las comisiones de Diputados, las instituciones deberán funcionar todo el año con un presupuesto de 7,3 billones de pesos, mientras que los cálculos del CIN sostienen que deberían ser 11 billones para poder cubrir todos los gastos. Durante la reunión del jueves, Bartolacci les trasladó esta inquietud a los delegados libertarios. “El problema es que es muy difícil poder establecer un diálogo con alguien que no quiere conversar. Estamos en una situación realmente muy compleja. No hay novedades ni respuestas en el ámbito paritario, no hay avances ni respuestas en el ámbito judicial”, sintetizó. Ante este escenario, la gravedad de la situación se agudiza. Bartolacci, también rector de la Universidad Nacional de Rosario, advierte que en el caso de que el Congreso apruebe el Presupuesto, “todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados, absolutamente todos. No solo porque con ese presupuesto proyectado no hay posibilidad de garantizar el incremento salarial pendiente, y ese ya es un problema grave, sino porque, además, con ese presupuesto que se provee para funcionar, no hay condiciones de hacerlo”, explicó. Es por esa razón que el CIN está llevando una estrategia para convencer a los legisladores de acompañar el reclamo universitario. “Nosotros ayer hicimos una audiencia (en Diputados), a partir de la semana que viene vamos a plantear en cada provincia reuniones con diputados y senadores de esas provincias que nos representan en el Congreso, para discutir exactamente lo mismo, y la semana siguiente vamos a convocar a los gobernadores, porque creemos que también son voces importantes para establecer pautas de cómo va ser la discusión parlamentaria del presupuesto” anticipó el presidente del CIN. Luego de la reunión con el oficialismo, los rectores acordaron de manera casi automática con los gremios y federaciones estudiantiles, algo que se venía rumoreando: la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, que será la quinta en la lucha de los universitarios contra el ajuste educativo libertario. “Es efectivamente lo que había que hacer”,

Página 12 El presidente Javier Milei defendió con insultos su viraje respecto de la defensa de las Islas Malvinas al tildar de “estúpido” e “imbécil” a quienes creen que se trata de una maniobra electoral y argumentó que su anuncio de sanciones a empresas que explotan recursos en el archipiélago es un mecanismo de “presión” para que esas empresas inviertan en Vaca Muerta. “Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo”, indicó Milei y limitó su cruzada soberana a una estrategia extorsiva hacia las empresas: “¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”. En ese contexto, la idea de una estrategia gestada durante tres años quedó limitada a los desmedidos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que el Gobierno aprobó a través del RIGI a proyectos, en su mayoría, mineros y petroleros, de los cuales muchos ya estaban planificados en el país antes de la llegada de la gestión libertaria. Además, Milei reconoció que la estrategia tuvo un “disparador externo” muy reciente, a partir de la insinuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar su posición neutral respecto del conflicto soberano. Un tema sobre el que Trump no fue contundente y que tampoco figura en la agenda de la reunión bilateral que mantendrá el primer ministro británico, Andy Burnham, en los próximos días. “La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, enfatizó Milei, en una extensa entrevista en el streaming oficialista Neura. Para desacreditar la intencionalidad política electoral, Milei volvió a cargar contra el periodismo: “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, dijo y agregó que “ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena”. “No tiene una intencionalidad política electoral”, insistió Milei, y explicó que el objetivo es “meter presión” sobre las compañías para que deban optar entre continuar con proyectos en Malvinas o participar de desarrollos energéticos en territorio argentino. El mandatario dijo que la decisión de avanzar con el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que realicen actividades de explotación de hidrocarburos en el archipiélago fue tomada en una reunión de Gabinete el lunes previo a la cadena nacional del 3 de septiembre, a partir de las declaraciones de Trump. Sin embargo, ya se habían replicado en diversos medios las declaraciones del presidente a Radio Mitre realizadas de forma previa a la mencionada reunión de gabinete, refiriéndose a los dichos de Trump, al punto de que se especuló con un apoyo explícito que nunca ocurrió. Milei planteó así que la estrategia oficial combina el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas con los incentivos económicos destinados a fortalecer el desarrollo energético argentino.”Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, concluyó. El presidente tampoco hizo mención del cambio de posición respecto de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, que su gestión congeló desde 2023 y este miércoles el ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó el reinicio de las obras como un gesto de soberanía. Además, hasta ese momento, el Gobierno no había aplicado las sanciones contempladas por la Ley 26.659, sobre la que prometió enviar una reforma que aún no se presentó en el Congreso, sobre las empresas operadoras en Malvinas. El ejemplo más claro radica precisamente en relación con el RIGI. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció y pidió explicaciones al Ministerio de Economía sobre la adjudicación del RIGI al “Proyecto de Licuefacción de Gas Natural” otorgado a Southern Energy S.A., en la que participa Harbour Energy, una firma que modificó su denominación, pero se asocia a Premier Oil PLC, empresa que en 2013 fue sancionada con 15 años de inhabilitación por desarrollar exploraciones en Malvinas sin permiso argentino.