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Telesur El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) denunció este viernes que al menos nueve reporteros sufrieron agresiones físicas y detenciones arbitrarias por parte de Carabineros el miércoles último, durante las protestas estudiantiles en Santiago de Chile contra los recortes educativos impulsados por el Gobierno del derechista José Antonio Kast. La organización documentó abusos que incluyen el lanzamiento de gas lacrimógeno, la destrucción de credenciales de prensa y el decomiso de equipos técnicos, tras lo cual calificó el escenario como un retroceso institucional. «Resulta especialmente grave que una de las formas más severas de violencia contra la prensa provenga de agentes del Estado que actúan contra personas que están realizando labores de registro e información de interés público», dijo el observatorio. Según la denuncia, las fuerzas policiales agredieron de forma directa a periodistas, reporteros gráficos, comunicadores populares y estudiantes de periodismo que daban cobertura a las movilizaciones estudiantiles. El organismo de derechos humanos instó a las autoridades santiaguinas a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, al tiempo que convocó a los medios comunitarios de la nación suramericana a reportar cualquier vulneración a la libertad de expresión cometida por las fuerzas del orden. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) emitió el jueves una declaración pública en la que condenó de forma enérgica la represión desproporcionada ejercida por el cuerpo de Carabineros contra estudiantes y trabajadores. Las agresiones policiales ocurrieron este miércoles 3 de junio durante el desarrollo de una movilización nacional de carácter educativo convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la cual defendía el derecho legítimo a la manifestación social. Decenas de estudiantes fueron detenidos y un número significativo de manifestantes resultaron heridos por la respuesta policial. Ante estos hechos, la representación estudiantil exigió un pronunciamiento público e inmediato por parte de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y del ministro de Seguridad, Martín Arrau, frente a las graves vulneraciones de derechos humanos registradas en las calles de la capital chilena. El movimiento social de Chile rechaza el conjunto de medidas de austeridad y control policial impulsadas por el presidente José Antonio Kast, a las que denuncia como un retroceso en los derechos de las mayorías. La federación universitaria repudia el Plan de Reconstrucción Nacional y el recorte presupuestario del 3%, la megarreforma tributaria que disminuye del 27% al 23% los impuestos a las grandes empresas, así como la Ley Escuelas Protegidas, por sancionar la protesta retirando el beneficio de la gratuidad escolar. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile condena el proyecto de ley que crea el registro de vándalos, debido a que deviene en una herramienta de persecución institucional que busca coaccionar la movilización pacífica para resguardar los privilegios de las élites financieras y criminalizar la actividad de los sindicatos obreros. Ante esta agenda económica y de seguridad, la dirigencia estudiantil y los portavoces de la central obrera llamaron a consolidar la unidad de acción en las calles. Ambos sectores convocaron a las comunidades populares a mantener la movilización en todo el territorio chileno para defender conquistas históricas como la educación pública gratuita y el derecho a la libre asociación.

Telesur Diversas organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos de Perú manifestaron su rechazo absoluto a la campaña mediática que promueve el voto en blanco o viciado para la segunda vuelta presidencial. Las agrupaciones ciudadanas alertaron que esta postura electoral solo contribuye a fragmentar el voto popular, favoreciendo indirectamente a la postulación de la derecha. Los portavoces señalaron que la candidatura de Keiko Fujimori representa un inminente peligro de retorno a los esquemas de impunidad, corrupción y violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales. En este sentido, exigieron responsabilidad política a los votantes independientes, instándolos a cerrar el paso al fujimorismo mediante el sufragio activo y consciente. Por su parte, la activista Gisela Ortiz denunció que la narrativa sobre presuntas irregularidades forma parte de una estrategia de desestabilización preventiva de los sectores conservadores. La dirigente afirmó que la candidata fujimorista busca sembrar dudas sobre los organismos electorales para desconocer los resultados en caso de un escenario adverso. Las declaraciones emitidas por Fujimori durante el último debate presidencial generaron profunda alarma en los comités de observadores nacionales e internacionales. En dicha alocución pública, la líder de Fuerza Popular dejó entrever la posibilidad de un fraude informático, preparando el terreno para impugnar las actas del proceso. Ante estas maniobras, las federaciones estudiantiles y los sindicatos de trabajadores convocaron a una movilización nacional permanente para vigilar el escrutinio en cada mesa. Los sectores populares insistieron en que la defensa de la democracia implica derrotar en las urnas el proyecto autoritario heredado de la dictadura de los años noventa. Los frentes unitarios ratificaron que el voto nulo no constituye una alternativa válida de protesta en la actual coyuntura histórica que atraviesa la nación andina. Las organizaciones de base reafirmaron su compromiso de seguir ganando las calles para concientizar a la población sobre la necesidad de defender el hilo democrático. Por su parte, durante esta jornada el candidato Roberto Sánchez anticipó que su partido respetará los resultados de los comicios y exhortó a su oponente a hacer lo mismo. «Nosotros estamos en condiciones de aceptar los resultados electorales y lo reafirmo, más bien exhortamos a Keiko que no tenga mensajes dubitativos y sea clara respecto al proceso electoral«, dijo en una conferencia de prensa. La candidata de derecha Keiko Fujimori de Fuerza Popular (17,18%) y el aspirante progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (12,03%) se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo domingo 7 de junio.

Telesur Una nueva escalada de violencia contra objetivos no militares sacudió este miércoles a la región de Donetsk, en el Donbás. Las autoridades locales informaron que un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante un dron kamikaze contra un autobús de pasajeros civiles provocó la muerte de ocho personas y dejó a otras 11 heridas con lesiones de distinta gravedad. ​El jefe de la República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, calificó el bombardeo como «otro acto de agresión inhumana y sin precedentes». Por su parte, la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, anunció la apertura inmediata de una causa penal bajo la tipificación de terrorismo.  El organismo judicial difundió imágenes de la inspección pericial en el lugar del siniestro y ratificó que se encuentra trabajando para establecer los detalles del delito e identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque. Mientras, la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, reaccionó enérgicamente señalando que la agresión no responde a un accidente trágico, sino a una acción coordinada.  «Es un crimen vil, deliberado e inhumano contra personas que no portaban armas y no representaban ninguna amenaza para nadie. No existen objetivos militares que justifiquen el derramamiento de sangre de civiles», sentenció. ​La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, también condenó la acción y trazó un paralelismo con la situación interna de Ucrania.  ​“Caza de personas. A los suyos los empujan a la tumba con cazadores de hombres mediante la movilización forzosa. A los nuestros los matan con métodos terroristas”. ​Señalamientos de complicidad contra la prensa occidental ​En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), Zajárova ofreció una entrevista en la que acusó formalmente a los medios de comunicación occidentales de convertirse en «cómplices» del régimen de Kiev.  Según la diplomática, las cadenas internacionales omiten de manera deliberada e informativa los ataques diarios que sufren las poblaciones civiles dentro de las regiones rusas, impidiendo que la opinión pública de Europa comprenda la realidad del conflicto. ​Zajárova enfatizó que estas incursiones forman parte de una «cadena» de actos vinculados a una ideología radical patrocinada por bloques como la OTAN, lo que a su juicio constituye «verdadero terrorismo internacional».  «Si los ciudadanos de Italia, España, Francia o Alemania se dieran cuenta de que de sus bolsillos se saca el dinero para pagar los asesinatos de civiles, nunca votarían a favor de ello», concluyó. ​Como contraparte a las continuas agresiones ucranianas contra zonas residenciales, vehículos de pasajeros y centros comerciales, las Fuerzas Armadas de Rusia ratificaron que continuarán ejecutando operaciones de represalia dirigidas contra los componentes del complejo militar-industrial, nodos de transporte y objetivos energéticos de Ucrania. Este ataque ocurrió 12 días después de que Kiev bombardeara con 16 drones un edificio universitario y una residencia estudiantil en Starobelsk, en la República Popular de Lugansk,  donde pernoctaban 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. De acuerdo con las autoridades locales, el bombardeo dejó un saldo de 86 personas heridas y 21 menores de edad muertos, en su mayoría niñas.

Telesur La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), y el Colegio de Profesores convocaron a nuevas protestas este miércoles 3 de junio en Santiago, en rechazo a los recortes en educación anunciados por el Gobierno, y a la llamada megarreforma fiscal defendida por el presidente José Antonio Kast durante su cuenta pública del lunes. La medida incluye un Paro Nacional Estudiantil y manifestaciones en todo el país. La movilización en Santiago partirá desde la estación Baquedano del Metro y se desarrollará con el lema “Por una educación al servicio del país”. La Confech informó que la jornada reunirá a estudiantes secundarios y universitarios, junto a docentes y organizaciones sociales que exigen la reversión de recortes presupuestarios y mayor inversión en el sistema educativo. “Frente a los proyectos que buscan profundizar la precarización de nuestros derechos y fortalecer un modelo hecho a la medida de los grandes grupos económicos, el movimiento estudiantil responde con organización, movilización y unidad”, señalaron. El lunes, mientras el presidente José Antonio Kast presentaba su discurso ante el Congreso Nacional en Valparaíso, se registraron manifestaciones simultáneas en la ciudad puerto y en Santiago. Miles de estudiantes, sindicalistas y agrupaciones sociales se concentraron en torno a la Alameda y Plaza Baquedano para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno. En su intervención, el presidente defendió medidas como el alza del precio de los combustibles, recortes en presupuestos ministeriales y una iniciativa denominada Ley de Reconstrucción que contempla una rebaja del impuesto sobre la renta para los más ricos del 27 al 23 por ciento. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), afirmó que el Gobierno impulsa medidas para los grandes empresarios, mientras a los estudiantes y a las familias les recortan derechos ganados en la calle. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la cuenta pública de “pobre” y criticó el programa Escuelas Protegidas por priorizar medidas restrictivas sobre la atención de la salud mental y los problemas sociales que afectan a la comunidad educativa. A medida que avanzó la protesta en la Alameda, bajo el lema “El pueblo pasa la cuenta”, las autoridades policiales desviaron el transporte público. La jornada de movilización intentó avanzar hacia el Palacio de La Moneda, pero personal del Control de Orden Público (COP) de Carabineros intervinieron para reprimir y dispersar parte de la concurrencia. Los organizadores denunciaron que la megarreforma profundizará desigualdades y pidieron al Parlamento frenar iniciativas que benefician a las élites económicas. Las protestas marcan un clima de creciente tensión social tras la cuenta pública de Kast, y anticipan nuevas jornadas de movilización si no prosperan demandas de diálogo sobre educación y políticas sociales. Los convocantes aseguraron que continuarán las acciones para presionar por cambios en la política educativa y fiscal.

Página 12 El Perú entra a la última semana de campaña para el balotaje del 7 de junio bajo la sombra de la amenaza del retorno del autoritarismo fujimorista que gobernó en la década del noventa.  Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori, encabeza las últimas encuestas que se pueden publicar antes de la elección, pero su ventaja sobre el progresista Roberto Sánchez es estrecha. En ese panorama, la noche del domingo se realizó el único debate entre los dos candidatos, que con una mínima diferencia entre ambos despertó gran expectativa y podría ser decisivo.  Dos candidatos, dos estilos El debate presidencial, que duró cerca de dos horas, fue transmitido por todos los canales de televisión. Rígida, Keiko leyó sus presentaciones en cada tema. Sánchez, que no leyó, conectó mejor, estuvo más suelto, golpeó varias veces con cuestionamientos que su rival no respondió, dominó la escena. El candidato de la izquierda ganó con amplitud el crucial debate.  Con su bastión electoral en las zonas andinas, Sánchez comenzó saludando en quechua. “Necesitamos democracia, oportunidades para todos, hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori. Por eso estoy acá, para recuperar la democracia, la justicia”, arrancó, directo, aludiendo al poder decisivo del fujimorismo en la mayoría parlamentaria de derecha que controla el gobierno y el giro autoritario desde diciembre de 2022 cuando Pedro Castillo fue destituido y encarcelado, y reemplazado por Dina Boluarte.  Keiko, que comenzó agradeciendo a Dios, eludió responder. Aceptando, pero sin decirlo, el rechazo que genera, inició su presentación diciendo que no pedía el voto por ella, sino por el orden, y acusó a su rival de representar el caos. “Esta elección no se trata de mí. Orden o caos, estas son las dos opciones que tiene nuestro país”, dijo la candidata. “De qué orden habla –le respondió Sánchez-, si todo el Perú sabe el caos que han hecho desde que tienen mayoría parlamentaria, se han zurrado en la democracia, han corroído la justicia”. Devolvió a Keiko la acusación que le había hecho de representar el caos llamándola “la señora del caos” en alusión a la desestabilización política generada por la bancada parlamentaria fujimorista en su objetivo de acumular poder.  Mano dura versus derechos humanos En el tema de seguridad, la mayor preocupación de los peruanos por el incremento de la delincuencia, Fujimori insistió en ofrecer orden con mano dura y más poder para militares y policías. Sánchez habló de reformar la policía para enfrentar la corrupción policial y se comprometió en la defensa de los derechos humanos. Le recriminó a su contrincante que en el Congreso el fujimorismo ha aprobado una serie de leyes que favorecen al crimen organizado. Keiko no respondió.  Sánchez le recordó a Fujimori los crímenes de la dictadura de su padre y su reciente apoyo a Boluarte y la impunidad que el fujimorismo le ha dado en el Congreso por el medio centenar de muertes durante la represión a las protestas sociales. Keiko volvió a eludir una respuesta. Solo dijo que esos eran “asuntos del pasado”. Cuando le tocó hablar sobre derechos humanos leyó un listado de obras de infraestructura.  La candidata de la derecha puso el énfasis en apoyar la inversión privada para tener crecimiento económico y repitió la acusación contra el candidato progresista de estar en contra de esa inversión y ser estatista. Sánchez aclaró que su programa no propone estatizaciones ni expropiaciones, “ese relato del miedo que usted ha levantado es falso, no soy comunista”, señaló. Aseguró que mantendría la estabilidad macroeconómica, pero cuestionó el actual modelo económico, que calificó como “el régimen neoliberal más salvaje de América latina”, anunció como prioridad la lucha contra la pobreza y demandó “una profunda democratización de la distribución de la riqueza”. Keiko repitió críticas al gobierno de Castillo, que Sánchez respalda y del que fue ministro, y atacó a su rival por el apoyo que éste ha recibido de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, quien estuvo 17 años preso por la muerte de cuatro policías cuando en 2005 asaltó una comisaría para exigir, sin éxito, la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Keiko llamó a Antauro “asesino de policías” y pretendió colgarle ese cargo a Sánchez. El candidato progresista defendió el régimen de Castillo y su gestión como ministro. Ha dicho que Antauro Humala no tendría ningún rol en un eventual gobierno suyo.  El momento de mayor tensión fue cuando Sánchez, mirando a su contrincante, dijo que él sí era buen hijo, buen hermano, recordando, sin decirlo directamente, que Keiko le dio la espalda a su madre cuando denunció maltratos de Alberto Fujimori, que se opuso al indulto a su padre en 2017 por temor a perder el control del fujimorismo y atacó a su hermano por negociar ese indulto. Keiko acusó el golpe. “Qué pena, qué poco hombre es usted”, respondió desencajada.  Fujimori terminó el debate como lo había iniciado, pidiendo que no piensen en ella a la hora de votar, sino en tener orden. Sánchez lo hizo solicitando un voto por la democracia. “Nos estamos jugando el futuro del Perú y la democracia”, cerró.  Escenario abierto De acuerdo a una encuesta de Ipsos publicada horas antes del debate, Keiko tiene 40,4 por ciento de respaldo y Sánchez 38,3 por ciento. Un 21,3 por ciento no apoya a ninguno de los dos candidatos. Para la encuestadora Datum, en un estudio también publicado el domingo, Fujimori tiene 39,7 por ciento y Sánchez 35,4 por ciento, con 24,9 por ciento que no se define por un candidato. El alto porcentaje que no ha decidido su voto y la estrecha diferencia entre los dos candidatos dejan un escenario incierto sobre el resultado del balotaje.

RT Donald Trump planteó 2 condiciones para dar por finalizada la ofensiva estadounidense desatada contra Irán: la reapertura total del estrecho de Ormuz y la renuncia de Teherán a todo plan de desarrollar armamento nuclear. «Lo primero: el estrecho [de Ormuz] debe abrirse de inmediato y tiene que ser libre. Nada de peajes, etc. Y lo segundo: no pueden tener un arma nuclear», afirmó el presidente de Estados Unidos este sábado en una entrevista con Fox News. «Eso es todo. Es muy sencillo. Y luego nos iremos de allí«, aseguró. En el caso de no llegar a buenos términos con Irán de manera diplomática, Trump amenazó con resolver el conflicto «militarmente». «Y si no lo conseguimos, lo terminaremos de otra manera», declaró, en referencia al desenlace en el que Washington no consigue lo que quiere en las negociaciones.

DW Actualidad Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron el viernes (30.05.2026) en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el poder de la isla. El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla comunista. El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE.UU., se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo «para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa», señaló el Comando Sur en un comunicado. La Habana confirmó encuentro  Por su parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) informó que este viernes la reunión entre el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Legrá Sotolongo, con elgeneral Donovan. En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar indicó que el encuentro tuvo lugar «por acuerdo de ambas partes». Además, señaló que las dos «delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad entorno al perímetro divisorio del enclave militar», en referencia a la base naval de EE.UU. en Guantánamo (extremo este de Cuba).  Asimismo añadió que se «estuvo de acuerdo mantener comunicación entre ambos mandos militares». Una «una amenaza extraordinaria» Cuba ha considerado supuestamente distintos escenarios para utilizar drones contra la base estadounidense de Guantánamo, e incluso contra territorio de Estados Unidos, según informaron hace unas semanas medios estadounidenses. Trump cree que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida (sureste), representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. Donovan encabezó una evaluación de la seguridad del perímetro de la instalación estadounidense y discutió la seguridad del personal militar, señaló el comunicado. Guantánamo es un centro operativo y logístico vital «La estación naval de la bahía de Guantánamo es un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio», señaló el Comando Sur de Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde enero, después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo petrolero de facto contra la isla, decretara nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos e imputara al expresidente Raúl Castro en una causa que se remonta a 1996. Ambos gobiernos afirman, no obstante, que mantienen sus contactos diplomáticos. A mediados de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos responsables cubanos. Otra reunión, de un alto nivel diplomático, tuvo lugar el 10 de abril en la capital cubana. Ningún avión gubernamental estadounidense había aterrizado en Cuba desde 2016.

Telesur El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó de manera oficial el despliegue estratégico de más de 12.000 efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público durante la jornada electoral en Colombia, el próximo domingo. Las autoridades de la capital instaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto sin temores. Para robustecer la presencia institucional en las áreas periféricas, la Alcaldía Mayor incorporó a 794 nuevos uniformados encargados de la prevención del delito en los cuadrantes urbanos. Las fuerzas disponibles concentrarán sus operaciones de vigilancia en las localidades de Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa y Rafael Uribe tras ser priorizadas por sus necesidades críticas de convivencia. Organizaciones políticas y analistas de izquierda alertaron sobre serias vulneraciones a las normativas electorales vigentes que amenazan la transparencia del proceso democrático. Los sectores denunciantes cuestionaron la inacción del Consejo Nacional Electoral frente a la difusión de sondeos irregulares por parte de la firma internacional Atlas Intel, con sede operativa en Brasil. Las denuncias indican que se han articulado redes digitales con la finalidad de alterar los algoritmos informáticos y favorecer de forma artificial la intención de voto hacia el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Los portavoces populares exigieron una fiscalización inmediata por presuntos gastos excesivos de propaganda que superarían los topes financieros permitidos por el Estado. El exmagistrado del organismo electoral Luis Guillermo Pérez denunció un grave sabotaje en el registro de los testigos de votación designados por las fuerzas progresistas. Las listas oficiales revelaron que cientos de ciudadanos inscritos por la coalición del Pacto Histórico fueron trasladados de manera ilegal hacia los padrones de control del partido uribista Centro Democrático. La alteración en las bases de datos institucionales impedirá que los delegados del movimiento de izquierda supervisen el escrutinio de las mesas el día del sufragio. Ante esta situación de indefensión técnica, los comités de base exigieron una auditoría urgente de los sistemas de identificación antes de que expire el plazo legal para el registro definitivo de los inspectores. Las tensiones institucionales aumentan en los consulados colombianos en el extranjero debido a las campañas de propaganda que continúan ejecutando los sectores conservadores en los centros de votación. Las comisiones del Congreso instaron a la Registraduría a emitir dictámenes claros que devuelvan la confianza a la ciudadanía sobre la transparencia de los resultados del preconteo.

DW Actualidad La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en el país norteamericano. En un comunicado advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el evento deportivo generará una importante movilidad de personas, lo que representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede «incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos» asociados a operaciones ilegales. Por lo anterior, precisó que la alerta tiene como propósito proporcionar a los sujetos obligados los elementos para «fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”. De acuerdo con la UIF y la CNBV, esta herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a EE. UU. y Canadá. Asimismo, el comunicado detalló que el documento fue elaborado «con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas”. El instrumento se suma a las conjunto de acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo del Mundial de fútbol y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.