Portada 9

Telesur Juristas internacionales emitieron este jueves un comunicado en el que denuncian la falta de sustento jurídico en el proceso contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por el caso “Reconstrucción de Manabí”. En este sentido, los profesionales del derecho fundamentan que no concuerdan los elementos del delito de peculado. Asimismo, refieren la existencia de una confusión conceptual entre responsabilidad política y penal. “La tipificación del delito de peculado exige la concurrencia de tres elementos esenciales: Administración o custodia de recursos públicos; uso indebido, desvío o apropiación de dichos recursos; perjuicio económico al Estado. Ninguno de estos requisitos se verifica en el presente caso, como se desprende de los propios elementos probatorios incorporados al proceso”, acotó el comunicado. Asimismo, destacaron que el político ecuatoriano, en sus funciones, “no administró recursos públicos”. “En su calidad de vicepresidente, no fue ordenador de gasto ni responsable financiero. No suscribió contratos ni autorizó pagos. Así lo reconoció bajo juramento el perito convocado por la Fiscalía. La gestión de recursos estuvo a cargo de otras entidades competentes”, recalcó. Asimismo, describen que el proceso muestra indicios de persecución selectiva y motivación política. De igual modo, destacaron que la “selectividad sugiere un uso instrumental del derecho penal con fines políticos, en contravención a los principios de igualdad ante la ley y de objetividad procesal”. “De más de cien funcionarios que participaron en el proceso de reconstrucción, solo dos personas han sido procesadas penalmente (Jorge Glas y Carlos Bernal)». Ningún ministro ejecutor, ordenador de gasto ni contratista ha sido vinculado”, destacó el pronunciamiento de los juristas. Dentro de los firmantes se encuentran los juristas Baltasar Garzón (español) y Eugenio Raúl Zaffaroni (argentino), y exigieron la libertad inmediata y el respeto al debido proceso.

BBC News El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con represalias comerciales a España por negarse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB), uniéndose al compromiso pactado por los países de la OTAN. Los 32 miembros de la alianza atlántica acordaron alcanzar para 2035 ese nivel (un 3,5% para defensa básica más un 1,5% en gasto militar adicional) durante la cumbre celebrada el martes y el miércoles en La Haya, Países Bajos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, firmó la declaración, pero aseguró que su país solo alcanzará el 2,1% del PIB en gasto defensivo al supuestamente haber obtenido un aval de la alianza atlántica. Esto provocó el enfado de Trump, que en su rueda de prensa del miércoles respondió a Sánchez. «Pagarán más» «Ustedes son el único país que no está pagando. No sé cuál es el problema», afirmó el presidente estadounidense. Aseguró que Estados Unidos buscará una compensación por lo que considera una falta de compromiso de España con la OTAN. «Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio», proclamó. Y agregó: «Voy a negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo mismo (…) Pagarán más así». Sin embargo, no está claro el modo en el que Washington podría imponer aranceles u otro tipo de recargos a España, cuyo comercio exterior se gestiona en el marco de la Unión Europea. La UE es uno de los socios comerciales que está negociando acuerdos con el gobierno de Estados Unidos antes de que el 9 de julio entre en vigor un aumento generalizado de aranceles. Los 27 Estados miembros no negocian de forma individual los acuerdos comerciales, que están a cargo de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

Telesur La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este martes que las intensas lluvias en Guatemala han dejado al menos 18 personas muertas y 27 heridas. De acuerdo con Conred, las víctimas fallecieron a causa de deslizamientos de tierra, caída de árboles sobre viviendas y el desbordamiento de ríos. La entidad dio a conocer que una persona se encuentra desparecida y afirmó que en total atendió 615 emergencias relacionadas con las intensas precipitaciones, las cuales han impactado a 1.258 familias —equivalente a 5.227 personas—, de ellas 1.046 fueron declaradas como damnificadas. En cuanto a los daños materiales, se contabilizaron 459 viviendas en situación de riesgo, 80 con daños leves, 926 con afectaciones moderadas y 40 con daños severos. El departamento de Guatemala encabeza la lista de reportes con 69 incidentes, seguido por Suchitepéquez (68), Quiché (57), Quetzaltenango (42) y Retalhuleu (39). La Conred exhortó a la población a tomar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables, para resguardar vidas y minimizar el impacto de los fenómenos naturales propios de esta temporada. «Eviten cruzar ríos crecidos, ya que esta acción representa un alto peligro. El agua puede arrastrar fácilmente a personas, vehículos y estructuras frágiles», advirtió la institución. Asimismo, pidió a quienes viven en áreas propensas a inundaciones que identifiquen previamente lugares seguros, como zonas altas, y cuenten con un plan de respuesta familiar ante emergencias. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumehgt) advirtió que el paso de la onda del este número 5 podría favorecer la llegada de humedad y nubosidad, lo que aumentaría la probabilidad de lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país. Durante la temporada de lluvias en 2024, las autoridades guatemaltecas registraron más de 2.000 incidentes, con un saldo acumulado que supera las 30 muertes, 15 personas heridas y cerca de 11.000 damnificados.

Telesur Una nueva ola represiva sacude Panamá. El gobierno de José Raúl Mulino ha decretado estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro —fronteriza con Costa Rica— entre el 20 y el 25 de junio, dejando un saldo provisional de 192 detenidos, un muerto y decenas de heridos, según denuncias ciudadanas.  La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, llega en respuesta a las protestas contra la Ley 462 (reforma de pensiones) y ha despertado una fuerte condena entre defensores de derechos humanos. El decreto presidencial suspende garantías fundamentales: derechos de reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus, inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa.  En la práctica, habilita detenciones sin orden judicial ni explicación (art. 21-22), la suspensión del hábeas corpus (art. 23), allanamientos arbitrarios (art. 26-27), control sobre dispositivos electrónicos (art. 29), y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas (art. 37-38). El detonante fue la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones. Aunque los bloqueos en Bocas del Toro se habían detenido, la detención de tres líderes sindicales reactivó la protesta. Desde entonces, se reportan represión violenta, cortes de comunicaciones, desapariciones forzadas y tratos degradantes, especialmente contra población indígena: hay denuncias ciudadanas de hombres desnudados, rapados y exhibidos por las fuerzas de seguridad. Además del joven de 24 años asesinado por disparos en un punto de control, no hay cifras oficiales sobre heridos o muertos civiles. La información es escasa y está siendo bloqueada: las autoridades han restringido el acceso a internet y telefonía móvil en zonas clave. El trasfondo histórico no pasa desapercibido: muchos de los manifestantes actuales son hijos y sobrinos de quienes quedaron ciegos durante la represión ejercida por Mulino cuando era ministro de Seguridad. Hoy, como mandatario nacional, vuelve a enfrentarlos con mano aún más dura. Mulino, quien en el pasado pidió a la izquierda “irse a vivir a dictaduras”, aplica ahora medidas que evocan exactamente eso: un régimen autoritario en pleno siglo XXI.

DW Actualidad Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México provocaron inundaciones, caída de bardas y árboles en distintos puntos de la metrópoli, por lo que se activó la alerta roja, informó este domingo (22.06.2025) el Gobierno capitalino. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital comunicó desde las 14:00 hora local (20:00 GMT) de la ejecución de acciones derivadas del Operativo Tlaloque con las que se realizaron trabajos de bombeo para abatir los altos niveles de encharcamientos, la recolección de árboles derribados y de basura en las coladeras. También la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha trabajado para el restablecimiento de señalamientos viales que registraron pérdida de corriente. La dependencia precisó que se mantiene la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes en las alcaldías de Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan donde se pronosticaron lluvias de 50 a 70 milímetros (mm) entre las 15:45 horas de este domingo hasta las 03:00 del lunes 23 de junio de 2025 (21:45 GMT y 09:00 GMT del lunes). Además, se activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se pronosticaron lluvias de 30 a 49 mm durante el mismo periodo de tiempo. Desbordamiento de presa El comunicado recomendó «evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados”. El vecino Estado de México registró fuertes afectaciones por la intensa lluvia que provocó el desbordamiento de la presa Los Cuartos en Naucalpan, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) extrajo un tapón de 700 toneladas de desechos. Ante estas afectaciones provocadas por «una lluvia atípica de 50 mm en la parte alta de la presa de Los Cuartos y en la San Rafael Chamapa”, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, detalló que el personal de Servicios Públicos, Protección Civil y Seguridad está realizando labores ante la acumulación de residuos, uno de los factores del desbordamiento. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes, así como posibles descargas eléctricas, caída de granizo e inundaciones para la Ciudad de México y el vecino Estado de México y entidades del centro del país.

BBC News El gobierno de Panamá declaró el estado de urgencia en su principal región bananera, después de que se registraran saqueos en establecimientos comerciales y actos de vandalismo contra edificios y vehículos. Los disturbios se dieron en la provincia de Bocas del Toro, en el noroeste del país, en donde se han llevado a cabo, desde hace semanas, una serie de protestas contra una reforma de las pensiones que había sido aprobada por el Congreso en marzo. El gobierno dijo que, por los próximos cinco días, varias garantías constitucionales quedarán suspendidas en esa provincia limítrofe con Costa Rica. La medida restringe la libertad de movimiento y permite a la policía realizar arrestos sin una orden judicial. Los disturbios en la región comenzaron hace un mes, cuando el sindicato local de trabajadores bananeros se unió a una protesta nacional, contra la propuesta de recortar las pensiones, y declaró una huelga. «Ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. «Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo».

Telesur Una persona murió en la localidad de Rambala, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, tras una nueva jornada de protestas el jueves 19 de junio contra la reforma al sistema de pensiones en Panamá. La víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue hallada con una herida en la espalda luego de choques entre manifestantes y fuerzas policiales. El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, confirmó el fallecimiento, aunque negó que la Policía haya utilizado armas de fuego. De acuerdo con testigos y medios locales, la represión incluyó gases lacrimógenos y choques directos en las calles. La persona herida fue atendida por paramédicos en el lugar, pero murió tras ser trasladada a un hospital. El hecho ha sido calificado como un “crimen” por organizaciones estudiantiles, que acusan directamente al Gobierno del presidente José Raúl Mulino de la violencia. Las manifestaciones llevan más de un mes y han sido protagonizadas por sindicatos de la construcción, docentes y comunidades indígenas. Todos exigen la derogación de una reforma aprobada en marzo, que eleva la edad de jubilación y abre la puerta a la privatización de los fondos de pensiones. El rechazo ha sido generalizado en varias regiones del país. En respuesta a los bloqueos y disturbios, el Gobierno desplegó 1.300 policías en Bocas del Toro y reportó más de 500 personas detenidas. Desde el sábado, grupos encapuchados han bloqueado carreteras usando troncos y piedras. Mientras tanto, la tensión crece en todo el país ante la falta de diálogo y el aumento de la represión.

Prensa Latina Ciudad de México, 19 junio (Prensa Latina).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuenta con un 82,5 por ciento de aprobación ciudadana, según los resultados de una encuesta de FactoMétrica difundidos hoy. De acuerdo con el sondeo, realizado del 14 al 18 de este mes por vía telefónica, solo el 17,5 por ciento de los consultados consideró el desempeño de la mandataria, primera mujer en ostentar el cargo en este país, como malo o muy malo. El estudio de opinión reveló que 44,9 por ciento de los encuestados valoró a la jefa del Ejecutivo como muy cercana a las preocupaciones de la gente; 28,2, como algo cercana; 15,1 como poco cercana y 11,8 como nada cercana. Asimismo, un 79,5 por ciento la definió como una persona honesta frente a un 20,5 que no la percibe así. Mientras, el 74,8 por ciento de los ciudadanos consideró a la dignataria con la capacidad para tomar decisiones correctas en momentos de crisis, nueve por ciento señaló que en dependencia de la situación, y 16,2 respondió negativamente. Ante la pregunta sobre la confianza en Sheinbaum para representar adecuadamente a México en el ámbito internacional, 65,3 por ciento afirmó confiar mucho, 13,8 algo, 7,7 poco y 13,2 nada. En cuanto al análisis de opinión sobre el trabajo del Gobierno en distintas áreas, un 77,6 por ciento expresó un criterio positivo acerca del combate a la pobreza y un 63,8 se manifestó de la misma manera con relación a la labor en el ámbito de la seguridad. El estudio incluyó a mil 200 personas mayores de 18 años y el tipo de muestreo fue probabilístico, aleatorio estratificado de manera geográfica, de género y grupos etarios, con el fin de garantizar una adecuada representatividad nacional.

Página 12 La comunidad de Sinangoe, perteneciente al pueblo indígena a’i cofán, de la Amazonía ecuatoriana, rechazó la presencia de militares en su territorio ancestral, una práctica prohibida constitucionalmente y que consideran que actúa en detrimento de su derecho de autodeterminación.  «Las Fuerzas Armadas han realizado operativos de seguridad en nuestro territorio ancestral (…) sin nuestro consentimiento, haciendo uso de bienes comunitarios, interviniendo en dinámicas comunitarias en las que se encuentran niñas, niños y adultos mayores, vulnerando de forma grave nuestros derechos», informó la comunidad a’i cofán en un comunicado. «El Estado irrumpe, no dialoga, militariza y perpetúa el miedo», señaló. Para el pueblo a’i cofán de Sinangoe, el sobrevuelo de helicópteros, drones y tropas sobre su territorio no es una protección, sino una violación a su gobernanza que atenta contra la Constitución ecuatoriana y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, la comunidad de Sinangoe reclamó su derecho a ser consultados de forma previa para cualquier decisión o actuación que involucre su territorio físico o identidad cultural. Por eso, exigieron al Ministerio de Defensa y a la Gobernación (Delegación del Gobierno) de la provincia de Sucumbíos que investiguen los hechos, que consideran que violan los derechos de su comunidad. También solicitaron a la Defensoría del Pueblo y a la Junta Cantonal de Derechos de Gonzalo Pizarro (el municipio en el que se ubican) que establezcan medidas de protección a favor de los niños. Las Fuerzas Armadas de Ecuador han reforzado su despliegue en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, después de la emboscada sufrida el 9 de mayo durante un operativo contra la minería ilegal, donde once militares fueron asesinados a manos presuntamente de los denominados Comandos de la Frontera, grupo disidente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pasado 5 de junio, por ejemplo, el Ejército informó del encuentro entre una patrulla militar y un grupo de presuntos miembros, aparentemente del Frente Carolina Ramírez, también disidente de las FARC. Los a’i Cofán de Sinangoe son uno de los pueblos originarios más comprometidos con la defensa de su territorio en la Amazonía ecuatoriana, especialmente activos en la lucha contra la minería ilegal y los cazadores furtivos. No obstante, en 2017, el Gobierno de Ecuador, liderado entonces por Lenín Moreno, otorgó 52 concesiones mineras sin el consentimiento del pueblo indígena, lo que denunció ante la Justicia hasta lograr una sentencia que revirtió las concesiones mineras por no haberse celebrado previamente una consulta previa, libre e informada, como dictamina la Constitución.

Página 12 La Policía Federal de Brasil acusó este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otros miembros de su gobierno de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a personas públicas, informaron medios locales. Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, informalmente conocida como «Abin paralela», y enviaron el informe a la Corte Suprema, que ahora deberá remitirlo a la Fiscalía para que evalúe si presenta una denuncia o si requiere nuevas diligencias. «Abin paralela» Esta nueva sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario de extrema derecha ante la Corte Suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación. Según informaciones de los medios, la investigación indicó que tanto policías como funcionarios públicos de la agencia nacional formaron una organización criminal para monitorear periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, invadiendo sus teléfonos celulares y computadoras.  Además del expresidente que, según el portal de noticias de Globo, «sabía y se beneficiaba del esquema», entre los más de 30 acusados se encuentra el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, el diputado federal Alexandre Ramagem, y uno de los hijos del exmandatario y actual concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro. De acuerdo con el medio, este último administraba los datos obtenidos para atacar públicamente a los personajes espiados. En una publicación en su cuenta oficial de X, el actual concejal por Río de Janeiro escribió: «¿Alguien tenía alguna duda de que la PF de Lula haría eso conmigo? ¿Justificación? Creo que ya lo saben: ¿elecciones en 2026? ¡No lo creo! ¡Pura coincidencia!». Carlos Bolsonaro manifestó en esta misma red social su deseo de presentarse nuevamente para otro cargo en las elecciones de 2026, ya sea en Río de Janeiro o en otro estado «donde pueda ser más útil al proyecto de liberación de Brasil». Según medios locales, Carlos Bolsonaro está estudiando la posibilidad de ser candidato a senador por el estado sureño de Santa Catarina en los comicios del año próximo. Jair Bolsonaro y Alexandre Ramagem no hicieron comentarios sobre la acusación, pero previamente negaron la existencia del esquema. La Abin afirmó que no haría comentarios sobre las acusaciones. En abril el director general de la agencia publicó una nota en la que se declaraba disponible para proporcionar cualquier aclaración a las autoridades competentes, ya sea en el ámbito administrativo, civil o penal. En marzo se conoció una investigación del portal UOL en la que relataba que la agencia de inteligencia había sido utilizada para invadir ordenadores del gobierno de Paraguay con el fin de obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú. El gobierno brasileño admitió la existencia de esa operación, pero atribuyó su montaje a la administración de Bolsonaro y afirmó que fue cancelada «tan pronto» como la nueva cúpula de la Abin «se enteró del hecho», en marzo de 2023, a tres meses de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. La agencia se convirtió en los años dele bolsonarismo en una suerte de estructura paralela con la que se espió de manera ilegal a los entonces presidentes de la Cámara y el Senado, periodistas, jueces del Tribunal Supremo como Alexandre de Moraes, e incluso aliados del gobierno. Esta operación forma parte de un operativo que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado «Primera Milla», que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile, adquirida durante el mandato de Michel Temer. Las otras causas pendientes Además de esta investigación, el expresidente brasileño está presente en otras tres causas. La más avanzada está relacionada con un intento de golpe de Estado que lo señala como líder de una trama para mantenerlo en el poder después de las elecciones en las que enfrentó al presidente Lula en octubre de 2022.