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DW Actualidad Nicolás Maduro anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto a los milicianos y a los cuerpos policiales, se desplegó en las costas de Venezuela para unos ejercicios militares que durarán 72 horas y tienen lugar en medio de la movilización naval estadounidense en el mar Caribe. «Este ejercicio se va a mantener por 72 horas, porque ahora hay que fijar todos los puntos», señaló el lider chavista en un acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Maduro sostuvo que a la medianoche llamó a «quienes tenía que llamar» y dio la orden de activar todos los equipos militares «de inmediato» para la defensa de los «puntos de acción» en toda la costa de Venezuela, desde el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) hasta el estado Sucre (noreste, cercano a Trinidad y Tobago). Explicó que se desplegó la fuerza militar, miliciana y policial, así como un equipo de «primer nivel» antiaéreo y de defensa costera en «73 puntos centrales del país». «100 % de todas las costas» cubiertas, según Maduro «Eso se hizo desde las 03:00 de la mañana (07:00 GMT), ya a las 09:00 de la mañana (13:00 GMT) me dieron el reporte, cubierto el 100 % de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y el arma pesada para defender todas las costas de Venezuela si fuera necesario», añadió el gobernante. Este jueves, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB mantiene un despliegue en las costas del país suramericano para, aseguró, alcanzar el «punto óptimo» de articulación, coordinación y preparación de todo el Estado ante el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, que Caracas califica de «amenaza». «Estamos haciendo operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, de vigilancia aérea, operaciones de exploración y radioeléctricas también, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas partes de las costas venezolanas y saturación y profilaxis también policial en algunas partes de las zonas costeras del país», explicó el ministro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). «Guerra sicológica» Maduro acusó este jueves (23.10.2025) a Estados Unidos de ejercer a diario una «guerra psicológica» sobre Venezuela, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que el líder chavista considera un intento de Washington por sacarlo del poder. «Somos amenazados de palabras diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil», manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Ante esta situación, el mandatario afirmó que Venezuela permanece con «nervios de acero», con «calma y cordura y máxima fusión popular-militar-policial» para seguir defendiendo la soberanía y la independencia del país. Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente del país suramericano, mientras que Venezuela denuncia que se trata de una amenaza en su contra para propiciar un «cambio de régimen». Estados Unidos tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

Telesur La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) convocó para este jueves 23 de octubre a la Gran Marcha por la Dignidad, que desde temprano recorre las calles de Cotacachi hasta llegar a Pinsaquí. La convocatoria se realiza en rechazo al anuncio del cese del paro nacional, brutalmente reprimido por órdenes del mandatario Daniel Noboa, y en memoria de los mártires del movimiento indígena y campesino. Miles de ciudadanos respondieron al llamado de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte y de la UNORCAC, que se declararon en resistencia frente a las políticas del Gobierno de Noboa. Las organizaciones desconocen el anuncio de cese del paro realizado por la CONAIE y aseguran que su lucha continuará hasta que se atiendan las demandas del pueblo. Muchos comuneros y comuneras recorren las calles con sus trajes típicos, como símbolo de unidad y respeto a la identidad cultural. La marcha —afirman— no implica el cierre de la protesta, sino un llamado a la continuidad de la resistencia y a la construcción de un país “más justo y humano”. Durante el Paro Nacional de 2025, la provincia de Imbabura fue uno de los epicentros de la movilización social. Desde allí, comunidades enteras levantaron su voz “por justicia, por sus familias y por el derecho a vivir con dignidad”. En el comunicado difundido por UNORCAC, se recordó con especial respeto a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, quienes perdieron la vida durante las jornadas de protesta. “Ellos no murieron en vano: fueron silenciados por defender los derechos de su pueblo, pero sus voces siguen vivas en cada territorio, en cada paso de quienes no se rinden”, expresa el pronunciamiento del movimiento. La organización subraya que “la resistencia no muere, se transforma”, y que la marcha de este jueves representa “el principio de un nuevo despertar”, una reafirmación del compromiso de los pueblos originarios con la memoria, la justicia y la defensa del territorio. Hasta el momento, la dirigencia de UNORCAC ha confirmado 134 personas heridas, de las cuales seis permanecen en estado crítico, mientras que el resto presenta lesiones leves. Pese a ello, la organización anunció que no cederá ante la presión del Gobierno. “La lucha se mantiene (…) en memoria de nuestras personas caídas tenemos que permanecer firmes”, declaró una de las dirigentes. La presidenta de UNORCAC, Martha Tuquerres, denunció los intentos de minimizar la movilización popular y reafirmó que las comunidades seguirán en pie de lucha. “A pesar de que nos esté minimizando el Gobierno, aquí estamos hombres y mujeres resistentes, alzando la voz por todos los paquetazos que se nos vienen”, sostuvo.

Telesur El Tribunal Penal de Roma condenó a cadena perpetua al exoficial uruguayo Jorge Tróccoli, hallado culpable de «torturas, desapariciones y asesinatos» cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973-1985), como parte del Plan Cóndor, la red de coordinación represiva entre Gobiernos militares del Cono Sur bajo supervisión directa de los EE.UU. Según informó el diario La Stampa, Tróccoli , de 78 años y exjefe del Servicio de Inteligencia (S2) del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), fue sentenciado nuevamente el martes pasado, pese a que ya cumplía otra condena perpetua desde 2021 por la desaparición de 21 personas. Esta vez, la justicia italiana lo declaró culpable del asesinato de Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza y Elena Quinteros, ocurridos entre 1976 y 1977. Los esposos Filipazzi y Potenza, ambos ciudadanos argentinos, fueron secuestrados en Montevideo el 27 de mayo de 1977, trasladados a las instalaciones de la Fusna bajo control de Tróccoli y luego entregados a agentes de la dictadura paraguaya, en el marco del intercambio de prisioneros del Plan Cóndor.  Sus restos fueron hallados en Asunción en 2013, mientras que el paradero de Quinteros continúa siendo desconocido. El fallo fue dictado en los recintos de la prisión de Rebibbia, donde el exoficial cumple su condena anterior. Durante el juicio, el fiscal Erminio Amelio advirtió: “No puedes pedir ser considerado igual a las víctimas. Hay quienes estuvieron del lado equivocado de la historia y quienes estuvieron del lado correcto”. El abogado Arturo Salerni, representante de las víctimas, subrayó que el veredicto reafirma el principio de justicia universal. “Esta importante sentencia nos dice que la memoria y la justicia no pueden olvidarse”, declaró. Por su parte, la abogada Alessia Merluzzi, en representación del Estado uruguayo, afirmó que la decisión “recupera el tiempo perdido en todos estos años de impunidad” y restituye “los valores fundamentales frente a la deshumanización y la violencia”. Tróccoli, quien se refugió en Italia en 2007 utilizando su doble nacionalidad para evadir la justicia uruguaya, fue localizado y arrestado en la localidad costera de Marina di Camerota, en la región de Campania.  Los documentos judiciales italianos lo vinculan con al menos 27 víctimas de secuestro, tortura y asesinato, en cooperación con los Gobiernos autoritarios de Argentina, Paraguay y Uruguay.

RT El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la victoria judicial del exmandatario colombiano Álvaro Uribe, quien este martes fue absuelto en segunda instancia de los delitos por los que fue condenado en un proceso penal en agosto pasado.  En una publicación en su cuenta de X, Petro sugirió que el Tribunal Superior de Bogotá, que falló a favor del expresidente, se equivoca al contradecir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto porque la CSJ había intervenido las comunicaciones de Uribe, y las grabaciones fueron avaladas por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien en primera instancia dictó la sentencia contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, el tribunal bogotano consideró esas interceptaciones irregulares. «El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», criticó Petro. Entonces, el mandatario señaló que «así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia». «Buscará la sanción» Petro, además, incluyó en la ecuación al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien recientemente lo calificó de «líder del narcotráfico ilegal», desatando una nueva crisis entre ambos países. De acuerdo con el mandatario, su par estadounidense, «aliado» con Uribe, buscará una sanción en su contra. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció, en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país«, enfatizó. Asimismo, insistió en que desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes buscan «el golpe de Estado» en su contra. «Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo», agregó en su escrito; y, por último, convocó a sus seguidores para este viernes en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, «para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente» que promueve el Ejecutivo colombiano.

Telesur A través de su Observatorio de Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró 25 ataques a periodistas durante la cobertura de las protestas del pasado 15 de octubre, convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del gobierno, en Lima y otras regiones. La ANP remarcó que «los 25 ataques fueron perpetrados por agentes policiales» y se registraron dos tipos de ataques por incidente: disparo con perdigones de goma, se registraron 14; episodios de agresiones físicas, con 11 registradas. Entre los hechos de mayor gravedad se encuentran las agresiones contra los fotoperiodistas Gabriel García, de Ojo Público, quien fue empujado y pateado al inicio de la confrontación en las inmediaciones del Congreso, y posteriormente recibió impacto de perdigones. Asimismo, las recibidas por Antonio Melgarejo, fotoperiodista del diario El Comercio, quien recibió impactos de perdigones en el Parque Universitario, y el fotoperiodista independiente Juan Mandamiento que sufrió impactos de perdigones en más de una oportunidad, que le ocasionaron más de 10 lesiones en el cuerpo. Igualmente, fueron impactados por perdigones en diferentes momentos y lugares, los integrantes de los portales informativos ContraNoticia, Punto y Coma, y Mataperrea. De igual forma, sufrieron impedimentos de cobertura los periodistas de Canal N y Latina Noticias, ambas señales de televisión de amplia difusión en la capital. Durante el repliegue de la marcha, un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía, especialmente con algunos agentes vestidos de civil, y en ese momento un efectivo disparó su arma a un manifestante y le causó la muerte. La represión a la manifestación del miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso de Perú dejó al menos un muerto, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos —entre ellos 24 manifestantes— así como diez detenidos. La Fiscalía ha pedido este viernes la detención preliminar del policía autor del disparo y de otro agente que lo acompañaba, quien presuntamente también hizo disparos en el lugar. No es la primera vez que la policía peruana reprime a los trabajadores de la prensa y comunicadores independientes. El 29 de septiembre pasado durante las movilizaciones contra la expresidenta de facto, Dina Boluarte, la policía cargó contra los manifestantes y periodistas. «En los últimos tres años, Perú ha caído 53 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, ubicándose en el puesto 130 en 2025, lo que constituye  uno de los descensos más significativos», denuncia la organización Reporteros Sin Fronteras. La organización denuncia también que «El 13 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley conocido como la Ley Mordaza, una reforma que aumenta las penas de prisión por difamación hasta cinco años, e introduce delitos vagamente definidos como la “violación de la intimidad personal”, que podrían ser utilizados fácilmente para criminalizar el periodismo de investigación.

BBC News El descontento en Perú no cesa. Y en las calles, miles de manifestantes siguen protestando desde hace un mes. Ni la caída de la anterior presidenta, Dina Boluarte, ni la llegada hace apenas una semana del actual mandatario, José Jerí, parecen calmar las aguas revueltas del país. En las últimas horas, las protestas se tornaron violentas. El miércoles, el cantante de hip hop Eduardo Ruíz, de 32 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una manifestación en la que participaba con miles de jóvenes, según la Fiscalía. El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, informó este jueves que fue un suboficial quien disparó y se encuentra detenido. Más de 100 personas resultaron heridas en los últimos días, entre ellas policías y periodistas, y varios de los colectivos que promueven las protestas aseguran que se mantendrán en las calles hasta sacar a Jerí de la presidencia. Sin renuncia El nuevo mandatario dijo que no renunciaría y aclaró: «Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso». A la vez, dijo que pedirá al Parlamento facultades para combatir la delincuencia. Pero la muerte de un manifestante ha recordado a lo sucedido en 2020 con Manuel Merino, que tuvo que renunciar tras la muerte de dos manifestantes solo cinco días después de habr sido investido presidente. Las autoridades parecen estar actuando esta vez de modo diferente, quizá conscientes de que un malestar popular desbordado puede forzar que la presidencia de Jerí sea también muy efímera.  El presunto autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz fue detenido en pocas horas y el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, ofreció sus condolencias a la familia, prometió una investigación «exhaustiva» y anunció que los generales responsables del operativo policial en el centro de Lima el miércoles habían sido relevados. La pregunta es si a Jerí le bastará con actuar de manera diferente a como lo hizo Merino en 2020.  «Aunque su instinto de supervivencia lo empuja a marcar distancia de un régimen impopular, Jerí no debe olvidar que su origen es el mismo», escribió en El Comercio el columnista José Carlos Requena, en referencia a que las fuerzas que propiciaron en el Congreso el acceso de Jerí a la presidencia parecen ser las mismas que sostuvieron a Boluarte. Pese a las protestas de los estudiantes y otros colectivos en la calle, el presidente ha sobrevivido hasta ahora a los movimientos de sus rivales, que no están dispuestos a darle tregua. El Congreso rechazó admitir a trámite dos mociones de censura contra la mesa directiva del Parlamento. La aprobación de una moción de este tipo implicaría la salida de Jerí de la Presidencia, que ejerce en su calidad de presidente del Congreso. Si deja de serlo, dejará de ser también el presidente de la República.  Pero el mandatario ha logrado hasta ahora sortear ese peligro. La última votación se saldó con 63 votos en contra por solo 20 a favor, lo que revela una posición todavía relativamente sólida en el Congreso. Aunque antecedentes como el de Boluarte muestran que esto puede cambiar en cuestión de horas en Perú.  Este mismo viernes la congresista del Bloque Democrático Popular Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra Jerí; su primer ministro, Ernesto Álvarez; y su ministro de Interior, Vicente Tiburcio, por su presunta responsabilidad en la muerte del manifestante. Pocos apuestan que será el último intento contra Jerí y su gobierno. Jerí es el séptimo presidente de Perú en menos de una década y asumió el cargo el 10 de octubre.

Telesur La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zajárova, afirmó que el Premio Nobel de la Paz y otras distinciones similares, se han transformado en «herramientas políticas«. Sostuvo que, en lugar de basarse y reconocer «el desempeño pasado, lo cual es comprensible y lógico», premian «ciertas perspectivas futuras«. De acuerdo con la vocera, el criterio de adjudicación se ha desviado de la labor real de una persona u organización a favor de la paz. «Lo que vemos se ha convertido desde hace mucho tiempo en una especie de fragua política, donde presentan a un ‘caballo negro’ y se le adaptan las herraduras«, manifestó Zajárova. Las críticas de la portavoz se suman a la opinión expresada recientemente por el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario opinó el pasado viernes, 10 de octubre, sobre el Premio Nobel de la Paz 2025, asegurando que el prestigio del galardón se ha perdido, y destacó que «ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz«. Las declaraciones de las autoridades rusas llegan en un momento de controversia tras el anuncio de que el Comité Noruego otorgó a la opositora de la ultraderecha venezolana, María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz 2025 por su supuesto «incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos». Diversas investigaciones y denuncias revelan una paradoja en esta distinción, dado que el historial político de Machado está marcado por la promoción de la violencia y planes conspirativos que han comprometido la soberanía de Venezuela. La principal crítica a la política de María Corina Machado se centra en su rol activo en la promoción y defensa de sanciones internacionales contra Venezuela. Se le atribuye la labor de haber abogado consistentemente ante Gobiernos extranjeros por la imposición de estas medidas, las cuales han afectado directamente al pueblo venezolano.