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Prensa Latina Buenos Aires, 23 agosto (Prensa Latina).-  El juez federal Sebastián Casanello acelera hoy la investigación sobre el caso de coimas y corrupción que golpea a la cúpula del gobierno de Javier Milei cuya imagen pública se ve seriamente afectada. Casanello prohibió del país al desplazado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a los directivos de Droguería Suizo Argentina SA, tras múltiples allanamientos realizados durante las últimas horas. La resolución judicial alcanza también a Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los hermanos propietarios de la droguería, y a Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, quien además sufrió un registro en su propia oficina de trabajo. El escándalo se originó el miércoles a partir de la difusión de grabaciones en las que Spagnuolo comenta sobre sobre coimas recibidas por Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, primo de éste y el asesor más allegado a Karina. Alfredo Menem, primo de Eduardo y Martín, y ministro de Desarrollo de La Rioja, dijo que ambos podrían estar involucrados en el escándalo del cobro de retornos en la ANDIS. «Llegaron a la política para hacer plata, es lo único que les interesa», aseguró. El diputado nacional Itai Hagman señaló que «en un año y medio, este gobierno acumuló más escándalos de corrupción que ningún otro» en la política argentina, y alertó sobre la gravedad de los hechos recientes. Las recompensas o retornos salieron de jugosos contratos otorgados a laboratorios farmacológicos por medicamentos para personas discapacitadas sobregirados de precios por el Ministerio de Salud con el aval de la Presidencia entregados a Droguería Suizo Argentina SA. Tras su detención por la policía, Spagnuolo corroboró que la voz en los comprometedores audios es la de él, y expresan la verdad de los hechos. La trama, cada vez más compleja, expone la relación entre altos funcionarios del gobierno y el negocio millonario de las droguerías que proveen a las dependencias médicas del Estado. La vicepresidenta Victoria Villarruel marcó su diferencia con los Milei y se pronunció este sábado por primera vez en medio del escandaloso embrollo, al describir que «es un momento difícil y bastante confuso», en sus primeras declaraciones sobre el asunto desde Chubut adonde viajó para participar en un acto invitada por el gobernador provincial Ignacio Torres. La alta funcionaria aseguró que ella cumple «con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación». El escándalo que sacude al Gobierno ya repercutió desfavorablemente contra el mandatario Milei, cuya imagen negativa entre los argentinos creció 7 por ciento al pasar el 20 de agosto del 51 por ciento al 59 por ciento 48 horas después, indica una encuesta de la consultora Ad Hoc, divulgada este sábado. Esa firma hace un estudio diario sobre opinión pública basado en las opiniones que vierten las personas a través de redes sociales sobre la figura del jefe de Estado en relación con temas de coyuntura social y político.

Página 12 Cuando la Policía de la Ciudad llegó al barrio Altos de Campo Grande en Pilar encontró a Diego Spagnuolo, el funcionario recién eyectado de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al volante de su camioneta Nivus. Los agentes tuvieron que cruzarle un patrullero para que detuviera la marcha.  En su casa encontraron una máquina de contar dinero y –algo extraño– una pila de unos 20 centímetros de billetes de 100 pesos. Le secuestraron un celular Iphone pero se negó a entregar la clave.  Fue uno de los más de 15 allanamientos que se hicieron desde la noche del jueves y a lo largo del viernes en una causa judicial abierta tras la filtración de los audios donde se escucha una voz atribuida a Spagnuolo que cuenta cómo en la Casa Rosada se cobraban coimas millonarias por contratos para la compra de medicamentos. El juez Sebastián Casanello, que entiende en la causa, le prohibió la salida del país tanto a Spagnuolo como a uno de los empresarios del laboratorio involucrado en la causa. Es notable la falta de respuesta del Gobierno ante un escándalo de proporciones en una de las áreas críticas, en este caso la de discapacidad, en las que Milei hizo sistemáticamente gala de la motosierra. Nadie rechaza o desmiente nada. Por ahora solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se limitó a decir que el mandatario le comentó que Spagnuolo «jamás le hizo un comentario» sobre el tema. Por la noche, en un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente eludió referencias al asunto de los audios, donde aparecen mencionados su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de gestión institucional, como claves en el presunto sistema de recaudación.  De película  El fiscal federal Franco Picardi quedó a cargo de la causa penal a raíz de que los audios en cuestión salieron a la luz y apuró una serie de medidas elementales para asegurar pruebas imprescindibles como los celulares, otros dispositivos electrónicos, documentación y dinero. Algunos de los procedimientos derivaron en escenas tan cinematográficas como la que protagonizó Spagnuolo. No está claro que él estuviera en posición de fuga, pero –según los investigadores– fue llamativo que se subió a la camioneta en el momento exacto en que la Policía llegaba a la garita del barrio privado. En su casa no había nadie. Además del Iphone que llevaba con él, en otro vehículo que tenía estacionado junto a la casa había un celular más básico, también incautado.  El resto de los procedimientos se hicieron en dependencias de Andis, en la droguería Suizo Argentina y en domicilios particulares. Hubo dos en el barrio La Isla de Nordelta, donde viven los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de parte de la empresa. Al primero de ellos la policía lo interceptó cuando intentaba irse en su vehículo. Los agentes revisaron el interior y encontraron 200.000 dólares repartidos en una decena de sobres, y cerca de 7 millones de pesos. Le secuestraron también el teléfono. Jonathan logró evitar a los efectivos. En su vivienda estaban la esposa y su hijo. Todo indicaría que se llevó dinero porque una de las tres cajas de seguridad que habían tenía la puerta abierta y en el suelo había gomitas (como para sujetar fajos) desparramadas. En la caja hallada en una habitación de servicio había 50.000 dólares.  Entrada la noche fue allanada en Avellaneda la casa de Daniel Garbellini, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, que aparece mencionado en los audios. También le incautaron el celular. Por ahora el objetivo de Picardi es que no se pierda evidencia, pero, además, que nadie se escape. En base a un pedido suyo el juez Sebastián Casanello -el juzgado donde quedó radicada la denuncia del abogado Gregorio Dalbón que dio lugar a la causa- prohibió la salida del país a los dos exfuncionarios, a los hermanos Kovalivker y también a su padre, Eduardo, quien aún no fue ubicado. Aunque preside la droguería ya no estaría activo en la dirección y, todo indica que pasa tiempo en Punta del Este.  Entre otros hallazgos relevantes en los operativos, en una dependencia de Andis se secuestraron seis solicitudes de gestión de pagos (que son 42 fojas) y uno de pagos específicamente a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 pesos. En uno de los domicilios de la droguería la policía se llevó quince cajas con documentación y un pendrive con información que también podría estar vinculada con la causa. Los celulares, computadoras y soportes informáticos secuestrados fueron entregados para ser analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal.

Telesur La Fiscalía de Ecuador confirmó la presencia de al menos once casos de supuesto abuso sexual clerical, de acuerdo con un representante de la institución en la comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde se discutió el caso de un sacerdote en investigación por supuesta violación sexual destapada el domingo anterior. En el transcurso de la comisión, Jorge Baño, representante del Ministerio Público, aclaró que, además de estos once casos, podría haber otro más vinculado al sector clerical, pero que no se puede supervisar desde los sistemas de la Fiscalía y el Consejo Judicial. El motivo es que “no existe una variable que permita desagregar la ocupación o profesión del presunto victimario”, según indicó el representante de la Fiscalía. Por otra parte, Baño explicó que, debido a un supuesto caso de abuso sexual a menores, el sacerdote fue catalogado como “sospechoso”. De acuerdo con lo señalado, se establecieron las medidas de protección adecuadas, se realizó una evaluación psicológica y se pidió la incorporación de los menores al sistema de protección. Este suceso se desató el domingo pasado, cuando la Fiscalía anunció que había comenzado un registro de un sacerdote hallado con varios jóvenes en su casa en el balneario de Olón, en la provincia costera de Santa Elena. Un día más tarde, la Diócesis de Santa Elena comunicó la dimisión del sacerdote de sus funciones durante el periodo de las investigaciones. El caso se hizo conocido en las redes sociales, donde se difundió un video en el que varios ciudadanos lo increpaban e incluso se referían a él como “pedófilo” por su presunta relación con menores de edad. “Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno“, afirmó el sacerdote en el video.

Página 12 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. El actual mandatario, Gustavo Petro, repudió la decisión de la Justicia, recalcando que Uribe tiene las manos «untadas de sangre». La Sala de Decisión Penal del Tribunal argumentó que Uribe tenía derecho a esperar en libertad mientras se define la apelación, y por eso anuló la medida dictada por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había ordenado que cumpliera la condena bajo arresto domiciliario. El expresidente ha permanecido en su casa campestre en Rionegro, localidad cercana a Medellín, capital del departamento de Antioquia, de donde es oriundo. «Acabo de recibir la boleta de libertad», festejó el exmandatario en una publicación en redes sociales. «Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia», señaló, además de agradecer a Dios y a sus partidarios. El argumento del tribunal Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado «juicio del siglo» en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012. Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de amparo solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales. El equipo jurídico cuestionó que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar «la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos», argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento. La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política. El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que «presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos», aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en segunda instancia. «Tampoco se demostró la intención de fuga abandonando el país, o que haya adelantado trámites de asilo o refugio, por lo que no existen indicios objetivos de evasión y en un Estado de Derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en supuestos riesgos futuros, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado», agrega el fallo. La defensa de Uribe apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia. Este caso comenzó hace trece años cuando Uribe, actualmente de 73 años, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra. El repudio de Petro y Cepeda El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su sorpresa por el reciente fallo del tribunal. «Yo no entiendo como está libre. ¿Eso es justicia?», expresó durante el último consejo de ministros. También aprovechó para repudiar el hecho que Uribe haya querido acusarlo de haber instigado el atentado contra el senador Miguel Uribe, muerto recientemente tras no superar las heridas de bala que recibió hace dos meses, y afirmó que es el expresidente quien tiene las manos «untadas de sangre». «Ya verá la Justicia qué hace con él. Yo no tengo en mi corazón odio ni venganza, aunque me hizo daño a mí y a mi familia», remarcó. Del mismo modo, Petro criticó la gestión y las medidas de seguridad del expresidente colombiano durante sus años en Casa Nariño, a las que definió como una «política de vendetta, basada en la muerte», según recogió la emisora RCN. Por su parte, el senador colombiano Iván Cepeda indicó que respeta pero no comparte la decisión del Tribunal. «Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos», dijo Cepeda a periodistas tras conocer la decisión judicial a favor de Uribe. «Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la Justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones», agregó. Cepeda señaló que probablemente tomará acciones legales contra el fallo favorable a Uribe y subrayó: «Pero con toda la calma y la serenidad decimos que respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos pertinente».

BBC News «Aspirante a dictador. En Estados Unidos, no», reza una valla publicitaria con una fotografía del presidente Donald Trump junto a una de las principales avenidas de Miami. Otros carteles apuntan al canciller Marco Rubio y tres congresistas republicanos del condado para acusarlos de «traición» y llamarlos «hipócritas» o «títeres». Son parte de una campaña del prominente empresario y filántropo de origen cubano Miguel «Mike» B. Fernández. El multimillonario de 73 años, capitalista declarado que hasta 2016 se adscribía al Partido Republicano, ha decidido enfrentarse públicamente a Trump y a algunos de los políticos más influyentes del estado de Florida, a quienes considera cómplices de la «cruel» política migratoria impulsada desde la Casa Blanca. BBC Mundo entrevistó a Fernández en su despacho de la sede principal en Coral Gables (Miami) de MBF Healthcare Partners, la firma que fundó y preside. Preguntado por el motivo de su activismo, el magnate invoca la defensa de quienes, como él en 1964, llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor y ahora temen acabar expulsados o encerrados en centros de reclusión como el «Alcatraz de los Caimanes» establecido por Trump al sur de la mayor ciudad de Florida. «Lo que está pasando en nuestro país no es correcto y cualquier persona normal lo sabe», sentencia. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la administración Trump ha revocado el estatus de más de 530.000 inmigrantes que llegaron legalmente con el llamado parole humanitario, y ha desplegado intensas redadas para localizar y detener a extranjeros en situación irregular. En Miami, que concentra una de las mayores comunidades foráneas y de América Latina de EE.UU., estas medidas han alimentado el miedo y la polarización. A su vez, la nueva política migratoria ha generado dilemas y contradicciones en los pujantes sectores conservadores de la ciudad, cuya hasta ahora incondicional lealtad a Trump empieza a mostrar grietas ante el trato a inmigrantes que, en muchos casos, son familiares o allegados. «Esos que estaban apoyando a Trump ya no hablan tanto como antes», asegura Fernández, cuyo objetivo declarado es doblegar o reemplazar a los representantes políticos de su comunidad que aprueban o toleran la campaña contra los migrantes dirigida desde la Casa Blanca.

Rusia Today Brasilia, 18 agosto (Prensa Latina).- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó hoy la apelación de la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 años de prisión por los actos golpistas del 8 de enero de 2023. Confesa adepta del expresidente Jair Bolsonaro, la especialista en moños y recogidas resulta responsable por pintar con lápiz labial la frase «perdido, mané» (usada por bandidos y vagabundos después de cometer un robo) en la figura de granito de la Justicia. La obra del artista Alfredo Ceschiatti está ubicada frente al palacio del Supremo y representa a una mujer, sentada y vendada, sosteniendo una espada, uno de los símbolos más utilizados para caracterizar las diosas greco-romanas de las leyes y la justicia. Firmada por el juez Alexandre de Moraes, la decisión confirmó íntegramente la sentencia que convirtió a Rodrigues Dos Santos en una de las acusadas más severamente condenadas entre quienes perpetraron episodios antidemocráticos en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. La defensa de la peluquera argumentó que las acciones de su cliente fueron simbólicas y no delictivas, pues solo rasgueó con lápiz labial una frase. Sin embargo, el gesto se consideró parte de un ataque coordinado contra las instituciones democráticas. También la apelación solicitó una reducción de la pena con base en el voto particular de los jueces Luiz Fux y Cristiano Zanin, quienes discreparon con la sentencia y no la condena. De Moraes, al denegar la petición, enfatizó que el llamado embargo por infracción solo puede utilizarse cuando al menos dos magistrados votan a favor de la absolución, lo cual no ocurrió. El enunciado pintado evocó una provocación realizada en Nueva York por Luis Roberto Barroso, presidente del STF, a un partidario de Bolsonaro que impugnaba las elecciones de 2022. La reacción inmediata elevó el perfil de la acusada, quien comenzó a ser tratada por la oposición como una especie de mártir del 8 de enero, en un intento por reducir el impacto político de las sentencias más severas dictadas por el Supremo. A pesar de la movilización de sectores pro-Bolsonaro, el tribunal entiende que la participación de la imputada no se limitó a un gesto aislado, sino que simbolizó un ataque directo a la autoridad del STF y a la legalidad del proceso democrático. Bajo gritos de intervención militar, seguidores radicales del exmandatario irrumpieron violentamente y desvalijaron en esa fecha las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el Supremo y el Palacio del Planalto, baluarte del Poder Ejecutivo. Cerca de cuatro mil manifestantes extremistas intentaban obstaculizar de esta forma el ascenso al poder del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó en urnas en octubre de 2022 al político ultraderechista que ambicionaba la reelección.

Prensa Latina Lima, 17 ago (Prensa Latina) Dos analistas peruanos criticaron hoy duramente a la presidenta Dina Boluarte en sendos comentarios sobre una encuesta privada en la que registró la mayor desaprobación desde su ascenso al Gobierno, en diciembre de 2022. Los resultados de la empresa Datum indican que la desaprobación a su administración es rechazada por el 96 por ciento de los encuestados, dos puntos más que en julio último, y su aprobación se mantiene en tres por ciento. Según informó en su versión de Internet el diario El Comercio, el analista Enrique Castillo opinó que el aumento de su desaprobación o rechazo se debe en primer lugar a la extensa exposición ante el Congreso por el aniversario de la independiente, el 28 de julio. A ello, agregó, el viaje a Japón e Indonesia con una comitiva de ministros de colaborares cercanos y dijo que ambas causas generan «la percepción de incapacidad de la mandataria para gobernar y también un apego por la frivolidad y a todo lo que signifique su beneficio personal, sin importarle el país». Aseveró que para la población, este gobierno «es prácticamente inexistente, incapaz y es distante». Por su parte, el periodista Pedro Tenorio señaló que el pobre resultado evidencia que la ciudadanía «ha pasado del desencanto a la indignación» y que hay un hastío significativo. «Estos números también revelan que Baluarte continúa atrapada en una realidad paralela, viviendo una telenovela distinta al drama que atraviesan millones de peruanos», afirmó Tenorio. La encuesta de Datum, de nivel nacional, precisa además que la aprobación a la gestión de Boluarte es mayor en las regiones del centro andino del país (98 por ciento) y sur (97), seguidas por L y las regiones Lima, norte y oriente. En cuanto a la aprobación a Boluarte en los diversos niveles socio-económicos, se ubica en el segmento A/B en 97 por ciento, en el C en 96 por ciento y en el D y E, los más bajos, en 95 por ciento. De otro lado, la reciente elección del nuevo presidente del Congreso, José Jerí, como presidente del Congreso unicameral -que ha rechazado todas las mociones de vacancia (destitución) de Boluarte presentadas-, es aprobada, según Datum, por solo 33 por ciento de los encuestados, mientras 66 por ciento la desaprueba. Además, el sondeo indica que el alcalde de Lima y aspirante a la presidencia, Rafael López-Aliaga, de derecha extrema, aumentó la aprobación a su desempeño de 42 a 48 por ciento un mes y bajó la desaprobación de 57 a 46 por ciento.

DW Nuevos enfrentamientos estallaron el sábado entre manifestantes y la policía antimotines en Belgrado y otras ciudades de Serbia, en la quinta noche consecutiva de disturbios. En la ciudad central de Valjevo, donde miles de personas se congregaron para expresar su enojo con el partido del presidente derechista Aleksandar Vucic, un pequeño grupo de jóvenes enmascarados atacaron e incendiaron las oficinas vacías del gobernante Partido Progresista. Posteriormente se enfrentaron con la policía antimotines lanzando fuegos artificiales y piedras mientras las autoridades replicaron con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. En Belgrado estallaron enfrentamientos luego de que la policía impidiera a los manifestantes dirigirse a la sede del partido de gobierno. También se reportaron incidentes violentos en la norteña Novi Sad, la segunda mayor ciudad del país, así como en Nis, Sabac, Loznica y Kragujevac, y se anuncian también para este fin de semana. Decenas de heridos y detenidos El Ministerio del Interior de Serbia reportó varias decenas de detenidos y heridos durante los disturbios. Por su parte, la televisión N1 informó que Belgrado pasó otra noche «dramática», la tercera seguida, con manifestantes incendiando y volcando contenedores de basura por las calles y tirando artefactos pirotécnicos, y que la Policía los dispersó empleando vehículos blindados y gas lacrimógeno. «Los manifestantes llegaron a Belgrado enmascarados, con barras de metal, palos de madera, piedras y escudos, y con la intención de herir a los policías”, declaró el ministro, Ivica Dacic, en rueda de prensa. Según Dacic, 38 personas fueron detenidas y seis agentes resultaron heridos, mientras que medios críticos con el Gobierno nacionalista serbio afirman este sábado que los servicios de urgencias atendieron a al menos 10 heridos en las protestas. Deploran abuso de fuerza El miércoles resultaron heridos 27 policías y un mínimo de 80 civiles en enfrentamientos que, según los estudiantes y la oposición, fueron provocados por «matones» pro gubernamentales pero contra cuya violencia la Policía no reaccionó, al tiempo que, denuncian, abusó de la fuerza contra los manifestantes. Michael O’Flaherty, comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, deploró «el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía» y reiteró su llamado a que las autoridades «eviten el uso excesivo de la fuerza, pongan fin a las detenciones arbitrarias y reduzcan la tensión”. Las multitudinarias protestas, que han sido lideradas por universitarios contra el presidente Vucic, al que acusan de autoritario y corrupto, se han tornado violentas en los últimos días. Todo comenzó tras el derrumbe, el pasado 1 de noviembre, de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, en donde murieron 16 personas. La tragedia se convirtió en un símbolo de la corrupción arraigada en el país de los Balcanes, con exigencias de una investigación transparente y crecientes llamados a elecciones anticipadas.

DW La Corte Suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría llevarlo a la cárcel, se informó el viernes (15.08.2025). El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022. El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas. Pero Bolsonaro, líder de la derecha brasileña, se ha declarado inocente y dice ser un perseguido». El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil.  El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de «caza de brujas» y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.

Prensa Latina Quito, 14 ago (Prensa Latina) La relatora especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, advirtió hoy que la presión política contra la justicia pone en riesgo la democracia y la separación de poderes. En un video difundido en redes sociales, Satterthwaite recordó que las normas internacionales protegen la independencia judicial porque solo tribunales libres de intimidación pueden aplicar la ley por igual a los poderosos y a los marginados. La experta advirtió que cuando un jefe de Estado convoca y participa en marchas contra un tribunal por no estar de acuerdo con sus decisiones, “corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a los jueces” y sienta un precedente peligroso que erosiona la separación de poderes. Sus declaraciones se producen pocos días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezara una marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender temporalmente artículos de tres leyes de interés del Ejecutivo. La relatora señaló que jueces independientes actúan como contrapeso frente al Ejecutivo y el Legislativo, operan fuera de la política cotidiana y garantizan que todos los funcionarios respeten la Constitución, la ley y los derechos humanos. “Uno puede no estar de acuerdo con una decisión judicial, pero los desacuerdos deben abordarse por vías legales”, dijo Satterthwaite y subrayó que apelar y desmontar argumentos con base en la Constitución es distinto a organizar campañas públicas contra jueces. La movilización encabezada por Noboa contra la Corte Constitucional ecuatoriana generó diversas reacciones de rechazo en el ámbito jurídico. El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña, defendió la actuación del organismo judicial. “Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró Ocaña en rueda de prensa. Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”. Mediante un comunicado, el Foro advirtió que, aunque el debate sobre el juicio político a jueces es legítimo en democracia, “no podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte”.