Página 12
Cuando la Policía de la Ciudad llegó al barrio Altos de Campo Grande en Pilar encontró a Diego Spagnuolo, el funcionario recién eyectado de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al volante de su camioneta Nivus. Los agentes tuvieron que cruzarle un patrullero para que detuviera la marcha.
En su casa encontraron una máquina de contar dinero y –algo extraño– una pila de unos 20 centímetros de billetes de 100 pesos. Le secuestraron un celular Iphone pero se negó a entregar la clave.
Fue uno de los más de 15 allanamientos que se hicieron desde la noche del jueves y a lo largo del viernes en una causa judicial abierta tras la filtración de los audios donde se escucha una voz atribuida a Spagnuolo que cuenta cómo en la Casa Rosada se cobraban coimas millonarias por contratos para la compra de medicamentos. El juez Sebastián Casanello, que entiende en la causa, le prohibió la salida del país tanto a Spagnuolo como a uno de los empresarios del laboratorio involucrado en la causa.
Es notable la falta de respuesta del Gobierno ante un escándalo de proporciones en una de las áreas críticas, en este caso la de discapacidad, en las que Milei hizo sistemáticamente gala de la motosierra. Nadie rechaza o desmiente nada.
Por ahora solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se limitó a decir que el mandatario le comentó que Spagnuolo «jamás le hizo un comentario» sobre el tema. Por la noche, en un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente eludió referencias al asunto de los audios, donde aparecen mencionados su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de gestión institucional, como claves en el presunto sistema de recaudación.
De película
El fiscal federal Franco Picardi quedó a cargo de la causa penal a raíz de que los audios en cuestión salieron a la luz y apuró una serie de medidas elementales para asegurar pruebas imprescindibles como los celulares, otros dispositivos electrónicos, documentación y dinero. Algunos de los procedimientos derivaron en escenas tan cinematográficas como la que protagonizó Spagnuolo.
No está claro que él estuviera en posición de fuga, pero –según los investigadores– fue llamativo que se subió a la camioneta en el momento exacto en que la Policía llegaba a la garita del barrio privado. En su casa no había nadie. Además del Iphone que llevaba con él, en otro vehículo que tenía estacionado junto a la casa había un celular más básico, también incautado.
El resto de los procedimientos se hicieron en dependencias de Andis, en la droguería Suizo Argentina y en domicilios particulares. Hubo dos en el barrio La Isla de Nordelta, donde viven los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de parte de la empresa. Al primero de ellos la policía lo interceptó cuando intentaba irse en su vehículo.
Los agentes revisaron el interior y encontraron 200.000 dólares repartidos en una decena de sobres, y cerca de 7 millones de pesos. Le secuestraron también el teléfono. Jonathan logró evitar a los efectivos. En su vivienda estaban la esposa y su hijo. Todo indicaría que se llevó dinero porque una de las tres cajas de seguridad que habían tenía la puerta abierta y en el suelo había gomitas (como para sujetar fajos) desparramadas. En la caja hallada en una habitación de servicio había 50.000 dólares.
Entrada la noche fue allanada en Avellaneda la casa de Daniel Garbellini, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, que aparece mencionado en los audios. También le incautaron el celular. Por ahora el objetivo de Picardi es que no se pierda evidencia, pero, además, que nadie se escape.
En base a un pedido suyo el juez Sebastián Casanello -el juzgado donde quedó radicada la denuncia del abogado Gregorio Dalbón que dio lugar a la causa- prohibió la salida del país a los dos exfuncionarios, a los hermanos Kovalivker y también a su padre, Eduardo, quien aún no fue ubicado. Aunque preside la droguería ya no estaría activo en la dirección y, todo indica que pasa tiempo en Punta del Este.
Entre otros hallazgos relevantes en los operativos, en una dependencia de Andis se secuestraron seis solicitudes de gestión de pagos (que son 42 fojas) y uno de pagos específicamente a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 pesos. En uno de los domicilios de la droguería la policía se llevó quince cajas con documentación y un pendrive con información que también podría estar vinculada con la causa.
Los celulares, computadoras y soportes informáticos secuestrados fueron entregados para ser analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal.
