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Página 12 En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y las sospechas de corrupción en torno de Karina Milei, Patricia Bullrich quiso llevar tranquilidad ante la denuncia judicial para prohibir la difusión de audios de la hermana del Presidente. La ministra no lo logró. Entrevistada en piso en televisión, la ministra de Seguridad afirmó, ante la consulta periodística, que la denuncia no implicaba allanar a los periodistas que divulgaron en las últimas horas grabaciones de la secretaria general de la Presidencia. Así, negó que se quisiera allanar los domicilios de quienes dieron a luz esos audios.  «Nosotros hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito». Acto seguido, en A24, Pablo Rossi consultó a un panelista sobre «qué medidas está pidiendo el Gobierno al fiscal Stornelli». Resultó que en la página 18 se solicita «allanamiento y secuestro forense» en el canal de streaming Carnaval y en los domicilios de cuatro personas.  Ante ese escenario, contrario a lo que acababa de decir Bullrich, Rossi insistió en que se estaban pidiendo allanamientos. La ministra trató de salir del paso: «No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera. No son periodistas. El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y defiendo la libertad de prensa, estos no son periodistas».  Pese a la bravuconada, el fiscal Carlos Stornelli desestimó la posibilidad de hacer allanamientos, que sería ilegales por atentar contra la libertad de expresión. Bullrich se quedó con las ganas. Y expuesta ante las cámaras de TV. 

Página 12 La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inicia este martes la fase final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.  Junto a Bolsonaro, otros siete imputados serán juzgados por su participación en el denominado “núcleo crucial” que, según la Procuraduría General de la República (PGR), actuó para intentar mantenerlo en el poder tras su derrota electoral. Este grupo está compuesto por Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Las imputaciones incluyen intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, asociación ilícita armada, daño agravado y delitos contra el patrimonio protegido. Todos los acusados niegan los cargos. El juicio, que tiene previsto extenderse durante cinco jornadas, representa la última etapa de una investigación que, de acuerdo con la fiscalía, se remonta a 2021, con ataques a las instituciones democráticas que culminaron en los actos vandálicos del 8 de enero de 2023. A día de hoy, la causa sigue abierta debido a intentos de aliados de Bolsonaro por influir en el proceso desde el exterior, particularmente desde Estados Unidos. 

RT Vladímir Zelenski ha anunciado la madrugada de este lunes la detención del sospechoso de asesinar al político ucraniano y expresidente de la Rada Suprema (Parlamento local) Andréi Parubi, que tuvo lugar en la ciudad de Lvov el sábado. «El ministro del Interior de Ucrania, Ígor Klimenko, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Malyuk, informaron con contundencia la detención del sospechoso del asesinato de Andréi Parubi. Se están llevando a cabo las investigaciones necesarias. He ordenado proporcionar información explícita a la población. Agradezco a las fuerzas del orden su trabajo rápido y coordinado. Es necesario esclarecer todas las circunstancias de este horrible asesinato», escribió el líder del régimen de Kiev en sus redes sociales, sin revelar la identidad del sospechoso. Las imágenes de CCTV del día de la muerte de Parubi muestran a un agresor desconocido acercándose a él y disparando varias veces en la calle. Tras lo sucedido, Zelenski lamentó el fallecimiento, expresando su «más sentido pésame a los familiares y allegados» del hombre. Además, agregó que el político merece «memoria eterna». «Es un nazi» Parubi era conocido por su compromiso con las opiniones nacionalistas y su actividad fue objeto de escándalos en más de una ocasión. El político estuvo involucrado en una serie de crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Por ejemplo, coordinó los disturbios del Euromaidán en Kiev y se cree que desempeñó un papel de liderazgo en la organización en la masacre del 2 de mayo de 2014 en Odesa, cuando nacionalistas ucranianos prendieron fuego a la Casa de los Sindicatos, en cuyo interior quedaron atrapadas personas que se oponían a las nuevas autoridades del país después del golpe de Estado. La tragedia dejó 48 muertos y unos 250 heridos. Además, Parubi «ordenó y apoyó la provocación de la guerra civil en el Donbass«, según contó a RT Andréi Telizhenko, exdiplomático y exasesor del fiscal general de Ucrania. «Es un nazi. Apoyaba directamente al movimiento nazi en Ucrania«, denunció. «Durante las reuniones del Gabinete de ministros, fue el orador más agresivo sobre matar y bombardear a la gente del Donbass de cualquier manera», recordó.

Telesur Las fuerzas de seguridad reprimieron este sábado una nueva movilización en Buenos Aires en la que se denunció el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Los movilizados pidieron la ruptura de relaciones entre Argentina e Israel, al tiempo que rechazaron la posible visita de Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La movilización fue convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y congregó a activistas y diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Inició en las inmediaciones del Congreso de la Nación y se dirigió a Plaza de Mayo. Sin embargo, la marcha pacífica fue reprimida por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los uniformados atacaron con palos y disparos de balas de goma a los manifestantes y se llevaron detenido a Fernando Iglesias, hijo de Carmen Román, desaparecida en la última dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Según reportaron medios locales, Iglesias fue arrestado a tan sólo metros de donde décadas atrás fue detenida y luego desaparecida su madre. Horas más tarde, el activista fue liberado luego de que el fiscal a cargo no convalidara su arresto. En este sentido, organizaciones políticas celebraron su liberación y señalaron que protestar contra el genocidio no es delito. Los organizadores de la movilización denunciaron que la policía llevó a cabo provocaciones contra los manifestantes y dejaron heridos, entre ellos un jubilado que fue golpeado por un policía motorizado. El operativo represivo se enmarcó en el protocolo antipiquetes activado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mediante el cual se han justificado numerosos episodios de brutalidad de las fuerzas policiales. En este contexto, Antonella Bianco, dirigente del Partido Comunista de la ciudad de Buenos Aires, condenó la represión y afirmó que “Milei es cómplice del genocidio en Gaza”. Entre otros puntos, la marcha reclamó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel y pidió el fin del genocidio perpetrado por el régimen israelí en la Franja de Gaza. Además, condenó los planes de Israel de anexar el territorio palestino de Cisjordania Ocupada, al tiempo que rechazó la posible visita del primer ministro Benjamin Netanyahu al país, invitado por el ultraderechista presidente argentino Javier Milei. Durante la misma jornada, el ejército de ocupación israelí asesinó al menos 71 palestinos en la Franja de Gaza, incluidos 19 personas que buscaban comida en centros de distribución. Autoridades sanitarias reportaron que 41 de los asesinatos se produjeron en la ciudad de Gaza, donde las fuerzas sionistas llevan a cabo la operación “Gideon’s Chariots II”, una ofensiva terrestre que comenzó oficialmente el 20 de agosto con el objetivo de tomar el control completo de esa localidad. Estos asesinatos coinciden con una crisis humanitaria crítica en el enclave, donde la situación alimentaria es catastrófica, con una hambruna masiva declarada, en la que se estima 514.000 personas, casi una cuarta parte de la población, enfrentan condiciones de hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores, extendiéndose a Deir al-Balah y Khan Yunis.

Agencias y RT Las autoridades mexicanas detuvieron a Gabriel ‘N’, señalado como uno de los fugitivos «más buscados» por la Justicia de EE.UU. Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado oficial, el hombre enfrenta una orden de extradición al estar acusado de feminicidio, robo y fraude contra instituciones financieras. En un operativo conjunto en el estado de Guerrero, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) capturaron al sospechoso, considerado un objetivo prioritario para Washington, que lo reclama por delitos cometidos en su territorio. Entre las acusaciones, se le vincula con la disposición indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito. La captura de Gabriel ‘N’ se suma a la lista de extradiciones solicitadas por EE.UU. en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, un frente que ha generado tensiones por el alcance de las operaciones de inteligencia y el papel de las agencias estadounidenses en territorio mexicano.

Telesur El número de fallecidos por la actual temporada de monzones en Pakistán se ubica actualmente en al menos 805 personas en todo el país, después de que al menos 15 perdieran la vida en las últimas horas, debido a las graves inundaciones que azotan la provincia de Punyab, la más poblada del país. “Hasta ahora, 15 personas han perdido la vida debido a las inundaciones en la provincia”, confirmó este jueves 28 de agosto, Rashid Iqbal, funcionario del Departamento de Información de Punyab. La magnitud de la crisis ha forzado la evacuación de más de 210.000 personas de las zonas afectadas, según declaró el miércoles por la noche el presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), el teniente general Inam Haider Malik. Estas personas fueron trasladadas a lugares más seguros. A pesar de los esfuerzos de unos 2.000 rescatistas, las labores de búsqueda en distritos como Buner y Shangla se complican por la dificultad de acceso a las zonas montañosas y remotas. Mientras los equipos de rescate se concentran en el noroeste, el monzón avanza hacia las provincias de Punjab y Sindh, poniendo en alerta a ciudades como Karachi. Este desastre, está dejando daños materiales por más de 126 millones de rupias. La crítica situación en los ríos de la provincia responde a una combinación de lluvias torrenciales y el rápido deshielo de los glaciares. Los servicios meteorológicos han pronosticado más lluvias intensas hasta el 2 de septiembre, lo que mantiene la amenaza activa. Las autoridades han emitido nuevas alertas de evacuación para otros distritos de Punyab y han advertido a la provincia de Sindh, en el sur del país, que se prepare para la llegada de las crecidas. La cifra de más de 800 fallecidos en lo que va de la temporada evoca la catástrofe de 2022, cuando lluvias e inundaciones sin precedentes causaron la muerte de más de 1.700 personas y generaron pérdidas económicas superiores a los 30.000 millones de dólares en Pakistán.

Telesur La Justicia de Colombia condenó, este miércoles, a siete años de privación de libertad al menor que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió un brutal ataque a tiros en medio de una alocución en público. Así lo precisó mediante un comunicado oficial la Fiscalía de ese país sudamericano, donde subrayó que por el hecho “el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”. El asesino, cuya identificación se mantiene bajo anonimato por su condición de menor de edad (15 años), fue capturado el pasado 7 de agosto poco tiempo después de llevar a cabo el magnicidio. Los hechos, como se hace mención anteriormente, ocurrieron en un acto público, ante decenas de asistentes y pese a contar con escoltas, el joven se aproximó por la espalda al político y le disparó múltiples veces. El ataque quedó registrado en un video que posteriormente circuló en medios de prensa y redes sociales. En las imágenes se muestra cómo el agresor abre fuego y Uribe Turbay cae al suelo desplomado. Tras ello, los escoltas reaccionaron de inmediato: lo trasladaron de urgencia a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, mientras otros agentes persiguieron al atacante. Tras una breve persecución, la policía le disparó en una pierna y lo capturó en el sitio del atentado. ¿Por qué siete años de pena ante tan grave hecho? En Colombia, la legislación establece un trato diferenciado para los menores de edad que cometen delitos graves, como el magnicidio, en comparación con los adultos. Este enfoque se fundamenta en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que priorizan la protección, la reeducación y la justicia restaurativa sobre el castigo punitivo. Según la Constitución Política de Colombia (Art. 44) y la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores son sujetos de especial protección, lo que implica que su desarrollo psicosocial y capacidad de discernimiento deben ser considerados al momento de juzgar sus actos. Los menores de 14 años son inimputables, según el Artículo 142 de la Ley 1098 de 2006, y no enfrentan procesos penales. En caso de cometer un delito como el magnicidio, se les aplican medidas de protección y restablecimiento de derechos bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), enfocadas en su educación y reintegración social. Para adolescentes entre 14 y 18 años, el SRPA establece sanciones específicas, como amonestaciones, servicios comunitarios o privación de libertad en centros especializados, con una duración máxima de 8 años, incluso para delitos graves como el magnicidio (Art. 187, Ley 1098 de 2006, modificado por Ley 1453 de 2011) Esto contrasta con las penas para adultos, que pueden llegar hasta 50 años de prisión por homicidio agravado (Art. 323 del Código Penal). El enfoque del SRPA busca la justicia restaurativa, promoviendo la reparación del daño y la reintegración del adolescente, en lugar de su exclusión social. Este sistema reconoce que los menores tienen mayor capacidad de cambio y rehabilitación, además de cumplir con compromisos internacionales, como las Reglas de Beijing y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, aunque el magnicidio es un delito de extrema gravedad, los menores no son sometidos al mismo rigor punitivo que los adultos, priorizando su desarrollo integral y su retorno a la sociedad. Uribe falleció tras dos meses de ingreso A las 01H56 (hora local) del lunes 11 de agosto, Uribe Turbay, falleció luego de más de dos meses desde su ingreso gravemente herido como consecuencia del atentado. La noticia la confirmó en un comunicado la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Ante ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió una publicación en su cuenta oficial de la red social X en la cual lamentó “profundamente” el fallecimiento del senador. Al menos siete personas han sido identificadas como asociadas con la comisión del crimen, incluyendo el presunto sicario, que fue capturado minutos después del hecho con una pistola Glock.  Además de varios menores de edad, Elder José Arteaga (El Costeño), Cristian Camilo, Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González están presuntamente implicados en diferente grado como “coautores” del atentado. A pocos días del suceso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de una campaña de desprestigio que buscaba involucrar al senador Iván Cepeda con redes del narcotráfico y señalarlo a él como responsable del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. El atentado ocurrió en un clima de alta polarización política en Colombia, justo cuando comenzaba el periodo preelectoral de 2025-2026. Líderes del Gobierno y de la oposición se acusaron mutuamente de exacerbar la confrontación.

Prensa Latina Quito, 26 agosto (Prensa Latina).- El excandidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez presentó hoy ante la Fiscalía General una denuncia contra el mandatario Daniel Noboa y la primera dama, Lavinia Valbonesi, por tráfico de influencias para un proyecto minero en la provincia de Azuay. De acuerdo con Pérez, la demanda se extiende a la empresa minera Dundee Precious Metals, de capital canadiense, debido a hechos irregulares relacionados con la entrega de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga. En declaraciones a la prensa, Pérez comentó que el 23 de junio pasado el Gobierno otorgó la licencia ambiental a favor de esa compañía, un trámite que -aseguró- se realizó “en secreto y desde la clandestinidad”. Argumentó que previamente hubo reuniones en Toronto, Canadá, para tratar el proyecto y participaron Noboa, la canciller, Gabriela Sommerfeld, así como directivos de la minera. Asimismo, señaló que Valbonesi, esposa del gobernante ecuatoriano, habría recibido donaciones irregulares de parte de Dundee, documentación que, según dijo, ya fue entregada a Fiscalía. “La empresa Dundee consiguió una licencia ambiental con fraude, donando, influyendo e incidiendo de manera dolosa”, afirmó el demandante. Desde el Gobierno aún no hay un pronunciamiento sobre la denuncia. La semana pasada organizaciones indígenas y sindicales se unieron para denunciar el impacto del proyecto minero Loma Larga en la reserva Kimsacocha, ubicada en la provincia de Azuay, al sur del país. Ante el intento de Dundee Precious Metals de realizar actividades extractivas en la zona de gran riqueza hídrica, los colectivos, defensores del agua, convocaron a una marcha en la ciudad sureña de Cuenca para el 16 de septiembre. El presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Lauro Sigcha, denunció que Valbonesi visitó las parroquias rurales de Cuenca con obsequios para convencer a los habitantes de que el proyecto minero “no les hará daño”. Kimsacocha es un área natural protegida de tres mil 217 hectáreas que alberga importantes fuentes de agua para la ciudad de Cuenca y otras localidades cercanas. La explotación minera propuesta incluye la extracción de oro, plata y cobre, con una inversión estimada de 419 millones de dólares. Por ahora el Ministerio de Energía y Minas suspendió el inicio de las actividades extractivas hasta que la empresa publique de manera clara y accesible el Plan de Manejo Ambiental, especialmente las medidas para proteger las fuentes hídricas.

BBC News Ismael «El Mayo» Zambada, el capo del narcotráfico que durante décadas lideró el poderoso Cartel de Sinaloa junto a su socio Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró culpable este lunes de cargos de tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York. En una audiencia programada para cambiar su declaración de no culpable a culpable, el mexicano de 75 años también aseguró haber sobornado a policías, mandos militares y políticos mexicanos durante tres décadas para facilitar sus actividades criminales. El juez Brian Cogan programó la audiencia de su sentencia para el 13 de enero de 2026. También dictó una enorme multa reparatoria de US$15.000 millones. Zambada fue detenido por las autoridades federales de EE.UU. cerca de El Paso, Texas, el pasado 25 de julio. El veterano narcotraficante alega que fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense a través de un engaño de uno de los hijos de «El Chapo». Hasta antes de eso, nunca había sido detenido, a diferencia de su socio Joaquín Guzmán, quien fue capturado dos veces en México y que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad estadounidense. El cambio de la declaración de culpabilidad de Zambada llega después de que la fiscalía anunciara hace unos días que no pedirá la pena de muerte contra el acusado. En una conferencia de prensa posterior, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo que esto era una «victoria histórica» para las autoridades de EE.UU. «‘El Mayo’ pasará el resto de su vida entre rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde debe estar», señaló Bondi. «‘El Mayo era uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Su socio era ‘El Chapo’. Fueron cofundadores del Cartel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a múltiples personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror ha terminado», añadió   ¿Qué declaró Zambada? En la audiencia de este lunes, Zambada apareció con un uniforme carcelario azul y camiseta naranja, con ciertas dificultades para caminar, informó la agencia Reuters. Al recibir la palabra, con voz baja y en español pronunció una declaración en la que aseguró que su vida en el tráfico de drogas se inició en 1969, cuando tenía 19 años. Admitió que bajo su liderazgo en el Cartel de Sinaloa, fueron traficados más de 1,5 millones de kilogramos de cocaína, lo que le generó cientos de millones de dólares al año. «Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos, México y otros lugares», dijo. Luego mencionó que su cartel sobornó a policías, mandos militares y políticos para proteger a su organización en sus actividades delictivas, indicó Reuters. También reconoció haber ordenado a sicarios que asesinaran a sus rivales. Sin embargo, el abogado de Zambada, Frank Pérez, dijo a los reporteros al salir de la audiencia que su cliente no estaba cooperando con las autoridades estadounidenses y que «para nada» pretende incriminar a alguien. Señaló que la referencia que hizo a autoridades sobornadas ya ha sido materia de otros procesos de narcotraficantes: «Todo eso que dijo ya está en otros juicios, solo dijo lo que era necesario. Él no va a hablar de nadie», dijo Pérez a los reporteros. «La información de ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada», añadió. También aseguró que su cliente no obtendrá beneficios por su cambio de declaración de culpabilidad y reconoció que no hay oportunidad de que quede en libertad. En su mensaje a la prensa, la fiscal general dijo que el Cartel de Sinaloa gozó de impunidad gracias a los sobornos. «‘El Mayo’ operaba con impunidad en los más altos niveles del mundo del narcotráfico mexicano pagando sobornos a funcionarios del gobierno y a agentes de la ley. Controlaba a los funcionarios corruptos que protegían a sus trabajadores y sus cargamentos de drogas que viajaban desde México a nuestro país», señaló. Más temprano, la presidenta de México dijo que cualquier declaración de Zambada tendría que venir acompañada de pruebas y ser procesada a través de las vías formales. «Lo que vaya a declarar —y si lo plantea la fiscalía de Estados Unidos—, cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República, hay un procedimiento», dijo Sheinbaum. La captura de Zambada y sus acusaciones de traición de la facción de los hijos de «El Chapo» generó una fuerte confrontación en el cartel, que ha causado casi 2.000 muertos y cientos de desaparecidos tan solo en el estado de Sinaloa.

Agencias Autoridades de Francia detuvieron esta semana a un hombre sospechoso de la muerte de cuatro hombres en el municipio de Choisy-le-Roi (Valle del Marne), al sur de París, cuyos cuerpos fueron recuperados de las aguas del río Sena a mediados de este mes. Los investigadores aseguran que se trataría de un posible asesino en serie cuyos motivos estarían vinculados a la orientación sexual de sus víctimas, recoge el diario La Parisien. Se trata de un migrante tunecino sin hogar de unos veinte años, que fue imputado de asesinato este domingo y puesto en prisión preventiva tras permanecer 96 horas bajo custodia. La Policía intentó por todos los medios obligarlo a confesar, pero «impugnó los hechos» y «guardó silencio», reveló su abogado, citado por la emisora local France Info.  No obstante, se pudo rastrear la cronología de la desaparición de las cuatro víctimas y vincular al presunto criminal con cada una de ellas. Además, en el lugar del hallazgo de los cadáveres, se encontraron rastros de su ADN. Las cuatro víctimas desaparecieron entre el 26 de julio y el 11 de agosto, y se cree que fueron asesinadas en el trascurso de 16 días.  Sus cuerpos fueron encontrados el 13 de agosto. Dos presentaban signos de violencia y estrangulamiento, algo menos evidente en los otros dos debido a su estado de descomposición. Si bien los motivos siguen sin esclarecerse, no se descarta «un móvil sexual», dijo una fuente al periódico Le Monde. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que los restos yacían cerca de un lugar conocido por ser un punto de encuentro gay*, donde la gente se reúne para tener encuentros sexuales furtivos. Además, una de las víctimas identificadas era un francés homosexual, de 48 años, según las investigaciones.  Las autoridades intentan determinar si el sospechoso actuó por pura homofobia o es un caso de sexualidad reprimida y se vio impulsado por un conflicto interno entre su orientación sexual y su práctica del islam. A falta de una confesión, no existe un dictamen definitivo.