Telesur
La Justicia uruguaya condenó este lunes a nueve militares retirados por detenciones arbitrarias y torturas contra la principal comunidad rusa en el país, durante la dictadura cívico-militar. La causa investigaba las torturas contra ciudadanos de San Javier (departamento Río Negro) en 1980 y 1984, entre los que se encontraba el médico Vladimir Roslik.
Los militares fueron condenados a cumplir entre once y quince años y medio de prisión, por delitos que constituyeron «graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado y que jamás pudo ser transgredido», según indicó el juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León.
Los condenados son los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.
«Las personas que fueron detenidas por los operativos de 1980 y 1984 debieron ser puestos a disposición de la justicia ordinaria, y no de la justicia militar, por la sola razón de que los mismos no eran militares. Así que cualquier intento de maquillar aquella situación, resultó ilegítima y de cierta forma grotesca al desconocer los principios más básicos del derecho», sostuvo el juez en la lectura de la sentencia.
La sentencia establece que los acusados cometieron los delitos deliberadamente, con la intención precisa de generar el daño o el resultado ilícito, y lo hicieron con plena conciencia y conocimiento de sus actos, constituyendo el grado más alto de culpabilidad en términos de intencionalidad.
«Todos los delitos analizados en la presente sentencia se computan a todos los acusados a título de dolo directo, con resultado ajustado a la intención, cometidos con consciencia», enfatizaron las autoridades.
El juicio conocido como Caso Roslik forma parte de un proceso de búsqueda de justicia y verdad, condicionado por el contexto político del país tras el retorno a la democracia.
En el caso específico de Vladimir Roslik, asesinado bajo tortura en un cuartel militar, fue uno de los últimos crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar (1973-1985), por lo que finalmente se hace justicia con los responsables por ocasionar su muerte.
