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Prensa Latina Quito, 5 abril (Prensa Latina).- La relatora especial de la ONU sobre la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, advirtió que Ecuador se encuentra hoy en una “deriva autoritaria” y urgió a detener el deterioro del espacio cívico. En su cuenta de la red social X, Romero señaló que el Gobierno utiliza la Ley de Transparencia Social para “amedrentar” a organizaciones no gubernamentales críticas. Además, alertó sobre una “preocupante persecución” a la Corte Constitucional, a la que identificó como un contrapeso institucional. Su denuncia llega mientras la Contraloría General del Estado realiza auditorías a las cuentas de los nueve jueces constitucionales y la emisión de informes con indicios de responsabilidad penal sobre dos de ellos. El presidente Daniel Noboa llegó a calificar el año pasado a los magistrados de la Corte Constitucional como “enemigos del Ecuador” por acoger demandas de inconstitucionalidad sobre leyes impulsadas por el Ejecutivo. “Ecuador sigue avanzando en la deriva autoritaria que hemos venido reportando y debe detenerse”, afirmó la experta del organismo internacional, quien indicó que ha enviado comunicaciones formales al Ejecutivo junto a otros relatores. También denunció afectaciones a defensores de derechos humanos, y líderes de pueblos indígenas y rurales. “Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”, añadió. Noboa cuestionó recientemente a la ONU por sus informes sobre la situación en el país. “Creo que la ONU debería de dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas”, afirmó el gobernante en una entrevista radial donde defendió su política de seguridad en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 contra grupos criminales. También pidió al organismo internacional pronunciarse sobre la crisis de violencia que sufre el país. “Llevamos este año más de mil 800 homicidios, ¿hay algún informe especial sobre eso?”, cuestionó.

Prensa Latina Lima, 4 Abril (Prensa Latina).- Una nueva encuesta auguró hoy un balotaje entre dos candidatos de derecha extrema, confirmó la fragmentación del electorado y prolongó la incertidumbre sobre el desenlace del complejo y atiborrado proceso electoral peruano. El sondeo de la empresa Ipsos ubica en primer lugar a la neoliberal Keiko Fujimori, con 13 puntos, y al cómico derechista Carlos Álvarez, con 9 por ciento y la suma de ambos, 22 por ciento, es menor al 29 por ciento de los encuestados dispuestos a votar blanco o viciado (16) y de quienes no respondieron a la encuesta (13). Precisa que Fujimori subió dos puntos en seis días, lapso en el que Álvarez creció el mismo porcentaje, desplazando del segundo lugar al derechista extremo Rafael López-Aliaga, quien a su vez bajó un punto, con tendencia a seguir bajando. El izquierdista Roberto Sánchez figura en cuarto lugar, con 6 por ciento, con un aumento de 1,6 y con tendencia creciente pese a una campaña de denuncias sobre su conducta en situaciones anteriores y ataques de diversos medios de prensa. Teniendo en cuenta el margen de error de +/-2,8 por ciento que consigna Ipsos, el llamado voto oculto y la tradicional costumbre de muchos electores que deciden su voto en la semana previa a las elecciones, habrá que esperar los sondeos del jueves próximo, último día en que se puede publicar encuestas. La quinta y sexta posición corresponde a los centroizquierdistas Jorge Nieto (5) y Alfonso López-Chau (4) y empatan en la siguiente posición, con 3 puntos, el veterano exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, y el empresario y político César Acuña. Más abajo igualan en 2 puntos la centroderechista Marisol Pérez Tello, el populista Yonhy Lescano, el conservador José Luna y el exfutbolista George Forsyth. Con menor apoyo aparecen los restantes 23 candidatos presidenciales, que suman todos 12 por ciento y entre los que se cuentan el socialdemócrata. Las elecciones generales se realizarán el 12 de abril y se disputará la Presidencia, dos vicepresidencias, así como 60 curules del Senado y 130 de la Cámara de Diputados por los que compiten más de diez mil candidatos. Para la seguridad de los comicios habrá un despliegue de más de 54 militares y policías distribuidos en locales de los órganos electorales y en las 92 mil 766 mesas de votación en los que sufragarán 27 millones 300 mil peruanos mayores de 18 años y aproximadamente un millón 200 mil emigrados que lo harán en el exterior.

Telesur Autoridades cubanas informaron este jueves que, como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley y en correspondencia con el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República, se han liberado a 2.010 sancionados. El indulto fue otorgado a jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior. No se contemplaron a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos. Esta decisión es la segunda en materia de excarcelación de personas privadas de libertad tomada en 2026, donde de acuerdo a la plataforma Cubadebate “constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”. Este hecho es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, beneficiando a más de 11.000 personas. De igual manera, el Gobierno de Cuba había informado el pasado 12 de marzo que liberaría en los próximos días a 51 personas privadas de libertad como parte del Plan de Excarcelación entra La Habana y la Santa Sede.

Telesur Desde la provincia de Tierra del Fuego, centro geográfico de la Argentina bicontinental, miles de personas se movilizaron este 2 de abril para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El conflicto bélico iniciado en 1982 tras la declaración de guerra del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, enfrentó a Argentina con el Reino Unido, potencia que ocupa ilegalmente las islas desde 1833. Se extendió durante 74 días y dejó 649 combatientes argentinos abatidos, la mayoría tras el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, ocurrido fuera de la zona de exclusión, que causó 323 muertes. En la ciudad de Río Grande, a menos de 600 kilómetros de las islas, se celebró este jueves un masivo desfile cívico-militar que unificó a diversos sectores sociales, desde Fuerzas Armadas y excombatientes hasta instituciones educativas y centros de salud. La jornada sirvió para denunciar que el 25% del territorio nacional permanece usurpado por el Reino Unido, lo que exige la defensa permanente de la soberanía frente a la ocupación imperialista de las Islas Malvinas. A 44 años del inicio del conflicto bélico iniciado bajo la dictadura cívico-militar, los manifestantes llamaron a continuar impulsando la «remalvinización» para contrarrestar los intentos históricos de invisibilizar la lucha nacional. Los participantes destacaron la importancia de mantener activa la memoria sobre los héroes en las costas más australes del país, donde la proximidad geográfica con el archipiélago refuerza el sentimiento de pertenencia territorial. En ese sentido, Fernando Marino, excombatiente de Malvinas, realizó una denuncia a través de un medio local sobre las consecuencias de la posguerra y la invisibilización sufrida por parte de la dictadura militar. Marino señaló que más de 700 excombatientes se quitaron la vida después del conflicto bélico, cifra que evidencia la dureza de este periodo y el abandono estatal. El veterano resaltó que estos hechos son producto de una política de ocultamiento sistemático que afectó a quienes regresaron de las islas tras defender la soberanía nacional frente al imperialismo. El excombatiente destacó la importancia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como un espacio fundamental de contención luego del conflicto bélico. Para Marino, el rol de la institución educativa permitió brindar apoyo a los soldados que enfrentaron la desatención institucional en el continente. Su testimonio reafirma que la lucha por Malvinas continúa mediante la visibilización de estas historias, buscando justicia para los sobrevivientes y manteniendo presente el sacrificio de quienes combatieron en el Atlántico Sur por la integridad territorial de la patria. El acto concluyó con la proclama de que las islas fueron, son y serán argentinas, instando a la unidad política para poner fin al enclave colonial británico en el Atlántico Sur y recuperar la integridad de la nación. El pueblo argentino recordó que la memoria constituye una herramienta fundamental contra el olvido. Durante los años de posguerra hasta la llegada al Gobierno de Néstor Kirchner, los excombatientes enfrentaron un proceso de desmalvinización donde el Estado y sectores de la sociedad les dieron la espalda, negándoles trabajo, contención y acompañamiento básico. Esta política de silencio buscó invisibilizar las consecuencias humanas de la guerra y la responsabilidad de la dictadura militar, dejando a los veteranos en una situación de abandono que marcó profundamente la historia reciente del país austral. En este contexto, desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, los sobrevivientes compartieron testimonios para mantener vigentes las historias de las familias que esperaron a sus hijos durante meses. El reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes se mantiene como un mandato constitucional y una política de Estado inclaudicable. A 44 años de la guerra, el pueblo argentino ratifica su compromiso con la verdad y la justicia, honrando a los 649 caídos en la lucha contra el enclave colonial británico.

DW Actualidad Rusia aseguró este miércoles (01.04.2026) que continuará ayudando a Cuba, tras la llegada la víspera de un petrolero ruso a la isla, el primer cargamento de crudo desde que hace casi tres meses empezó un bloqueo petrolero de facto por parte de Estados Unidos. «Cuba es nuestra amiga y nuestro socio más cercano en el Caribe, no tenemos derecho a dejarla caer y, por tanto, nuestra ayuda para Cuba continuará», declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, durante una rueda de prensa. Zajárova denunció además las «presiones y amenazas sin precedentes» que Estados Unidos ejerce sobre Cuba. «Siempre hemos ayudado a Cuba, mientras que Estados Unidos siempre ha sometido a Cuba a un bloqueo», añadió, en referencia al embargo comercial impuesto en 1962 bajo la presidencia de John F. Kennedy. El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo, atracó el martes en el puerto de Matanzas, al este de La Habana. Se trata del primer cargamento de petróleo que llegó a Cuba desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela. La isla se encuentra en una profunda crisis energética que ha provocado apagones, un drástico racionamiento de combustible y la disminución del transporte público. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de permitir que Rusia suministre crudo a Cuba a pesar del embargo de facto impuesto por Estados Unidos desde principios de año le permite evitar una confrontación directa con Moscú.

RT El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agradeció este martes a Rusia por la ayuda solidaria enviada para mitigar la compleja crisis energética que enfrenta la isla caribeña. «Nuestro agradecimiento al Gobierno y pueblo de Rusia por todo el apoyo que estamos recibiendo. Carga valiosa que llega en medio de la compleja situación energética que enfrentamos», escribió en su cuenta en X. Ante las palabras del funcionario, desde la Embajada de Rusia en Cuba respondieron: «Es un deber ayudar a nuestros hermanos cubanos en estas difíciles condiciones». El cargamento De la O Levy se expresó luego de que arribara a la mayor de las Antillas el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con un cargamento humanitario, consistente en 100.000 toneladas de petróleo, en medio de la escasez de combustible en la nación caribeña por el bloqueo estadounidense. El buque ruso llegó al puerto de Matanzas, informó el Ministerio de Transporte de Rusia. La mañana de este martes, el Embajada rusa detalló que ya se había dado inicio a la descarga del crudo. Se trata del primer petrolero en llegar a Cuba en alrededor de tres meses, después de que EE.UU. obligara a Venezuela y a México a cortar el suministro de energía a la isla. La nación caribeña no había recibido ningún suministro de crudo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética. Previo a este arribo ruso, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba. «No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir», dijo a la prensa. «Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no», agregó. «Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas», reiteró.

Página 12 Los legisladores israelíes aprobaron este lunes una ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como actos de “terrorismo”, una medida que en la práctica afectará principalmente a palestinos y que fue rechazada por países europeos y grupos de derechos humanos. La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. El primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor del texto. Más presión sobre los palestinos El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla. La ley establece que cualquier persona “que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”. En el caso de los palestinos en Cisjordania, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como “actos de terrorismo”. Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y los palestinos que viven en este territorio son juzgados por tribunales militares israelíes, mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema judicial. La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.  En los días previos a la votación, Ben Gvir, del partido Poder Judío, portó en su solapa un pin con una soga, en señal de apoyo al proyecto. Y tras la aprobación, miembros de la Knesset (el Parlamento israelí) brindaron con champán. “Una aplicación discriminatoria” Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Según los medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción, señalando que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero. El ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que Israel no tiene “ninguna soberanía” en los territorios palestinos y dijo que la ley busca “legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación”. En febrero, Amnistía Internacional instó a los legisladores israelíes a rechazar la ley, ya que, según la organización de derechos humanos, “permitiría a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte con una aplicación discriminatoria contra los palestinos”. La ONG Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó inmediatamente un recurso ante la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.  Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.

Telesur Bajo el clamor unánime de detener la deriva autoritaria de la Casa Blanca, el movimiento «No Kings» (No Reyes) consolidó este sábado su tercera y la hasta ahora más masiva jornada de protestas.  Con más de 3.300 concentraciones programadas en los 50 estados de EE. UU. y réplicas masivas en Europa y México, la coalición de 400 grupos superó el récord de siete millones de asistentes alcanzado en octubre pasado. Arremetida contra Trump ​En Nueva York, la marcha cobró un tono de confrontación directa liderada por el primer actor Robert De Niro al lanzar una de las críticas más feroces contra el mandatario: ​«Es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump. Ya basta. No más líderes corruptos que se enriquecen a sí mismos y a sus compinches al estilo Epstein. Hay que detener a Trump», sentenció el actor ante una multitud que desbordó la Gran Manzana. Esta postura crítica y sostenida le ha valido diversos insultos al reconocido actor por parte del presidente en ocasiones previas, consolidando un patrón de confrontación entre el poder ejecutivo y destacadas voces del ámbito cultural en Estados Unidos. ​Por su parte, la congresista Ilhan Omar puso el foco en la política exterior de la administración, especialmente en la ofensiva militar conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, que este sábado cumplió un mes de iniciada. Omar fue tajante al cuestionar la retórica de la Casa Blanca: ​»La idea de Trump para liberar a las mujeres en Irán es bombardear y asesinar a niñas escolares», denunció la legisladora, vinculando la agresión bélica con el bombardeo a la escuela de niñas en Minab, que dejó más de 160 fallecidos, uno de los episodios más ilustrativos del saldo creciente de víctimas civiles del conflicto, así como el encarecimiento de la cadena global de energía y alimentos con el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz. ​Minnesota: Epicentro de la resistencia ​Si bien las protestas recorrieron ciudades como Chicago, Los Ángeles y Washington DC, Minnesota se erigió como el corazón de la movilización. En el Capitolio de St. Paul, figuras como Bruce Springsteen y el senador Bernie Sanders encabezaron una concentración masiva motivada por la indignación nacional tras la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales y la represión sistemática del ICE. El grito de «No Tyrants» (No tiranos) resonó más allá de las fronteras estadounidenses, con marchas en Madrid, Barcelona, Londres, Lisboa y Roma.

Telesur El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este sábado que mantendrá su respaldo a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. El anuncio surge como un firme posicionamiento diplomático frente a la reciente decisión del nuevo Gobierno de Chile, encabezado por el derechista José Antonio Kast, de retirar el apoyo oficial a su connacional. A través de sus redes sociales, Lula destacó la «sólida trayectoria» de Bachelet, calificando su perfil como el ideal para el cargo. El mandatario brasileño recordó su experiencia como doble exmandataria de Chile, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y directora de ONU Mujeres. “Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”, indicó. Con esta declaración, Brasil rompe su silencio y se alinea con la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el pasado miércoles también ratificó el apoyo de su nación a la candidatura de Bachelet, consolidando un bloque regional que apuesta por lo que sería primera mujer latinoamericana al frente del organismo internacional. La candidatura había sido formalizada originalmente en febrero por la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, tras la toma de posesión de José Antonio Kast el pasado 11 de marzo, el nuevo Ejecutivo chileno desestimó la postulación alegando una supuesta «inviabilidad» debido a la dispersión de candidaturas en la región y diferencias con actores clave del proceso. Pese a un inicio de relación aparentemente cordial tras una reunión en Ciudad de Panamá el pasado enero, la sintonía entre Lula y Kast se ha deteriorado rápidamente. Las tensiones se agudizaron tras la cancelación de último minuto de Lula a la investidura de Kast. Un distanciamiento que coincide con el acercamiento del equipo de Kast a la oposición brasileña. 

El País México ha presentado este viernes un desglose del registro oficial de personas desaparecidas, tema delicado donde los haya, símbolo de un país sometido a niveles desatados de violencia desde hace dos décadas. Esperado desde hace meses, el Gobierno que preside Claudia Sheinbaum, ha dado el primer paso en un terreno resbaladizo, con un objetivo tan claro como polémico: convencer de que la cifra de más de 130.000 personas desaparecidas que muestra el registro oficial rebasa por mucho la realidad. El problema es serio, pero no de la magnitud que se pensaba. El Ejecutivo no ha querido aportar una cifra nueva. Se ha centrado en cribar el registro -cargado de fallas- y en partir la cifra conocida, los más de 130.000, en tres grupos, dependiendo de la información que se tiene sobre esas personas. De acuerdo al desglose, de las más de 130.000 personas desaparecidas, el 33% no ha tenido ningún tipo de “actividad” tras su desaparición, el 31% sí ha tenido actividad y el 36% responden a casos con datos “insuficientes”. Lo anterior conduce a una conclusión que Sheinbaum y su equipo han evitado verbalizar durante su comparecencia ante la prensa. El número mínimo de desaparecidos que cuenta México ahora mismo es ese 33%, 43.128 personas, reportadas como desaparecidas desde 2006 a la fecha, que no han tenido actividad alguna desde que fueron reportadas como desaparecidas. Esta cifra representa la intención del Ejecutivo de poner orden en un tema complejo y trágico, que ha traído de cabeza a sucesivos gobiernos desde hace más de 15 años. La polémica sobre cuántos desaparecidos hay en México viene de largo y bebe de la desconfianza de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que creen que cualquier modificación del registro podría sacar de la lista casos reales, por error o puro dolo. El Gobierno descarta este tipo de posibilidades. “Nosotros estamos reportando lo que encontramos, con total transparencia”, ha defendido la presidenta. Sheinbaum ha destacado precisamente el trabajo conjunto con los colectivos de personas desaparecidas. Según ha podido saber EL PAÍS, la Secretaría de Gobernación convocó este jueves a representantes de colectivos para explicarles el desglose de las cifras. De la mano de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Gobierno ha detallado el desglose. Figueroa ha tomado las más de 130.000 entradas del registro y las ha dividido en tres rubros. En primer lugar, figuran las entradas en que los datos de la persona supuestamente desaparecida son “incompletos o insuficientes”. Es decir, que quien quiera que subiera el reporte a la base de datos no añadió el nombre de la persona, su fecha de nacimiento o desaparición, el lugar donde ocurrió, su sexo, o varias de estas variantes combinadas. Estos casos suman más de 46.000, el 36% del total, e incluyen algunos donde la entrada solo consta de un apodo, el nombre de un negocio o de nombres directamente falsos. Durante años, cualquiera podía añadir un reporte al registro, situación que explica el desorden que ha dibujado el Ejecutivo. Ahora, las fiscalías son las encargadas de generar los reportes y abrir las investigaciones, obligadas a integrar la batería de datos completa. De cualquier manera, el Gobierno pone estas entradas en cuarentena y no descarta que haya casos reales de personas desaparecidas entre ellas. En segundo lugar, aparecen los casos en que la persona reportada como desaparecida “tuvo algún tipo de actividad oficial” después de su desaparición. Bajo este rubro, el Ejecutivo coloca los casos de personas que votaron en unas elecciones, que se casaron o tuvieron hijos, que se vacunaron contra el covid-19, que fueron a consulta con médicos de alguno de los seguros sociales públicos del país, el IMSS o el ISSSTE… El Gabinete de Seguridad asume que, si bien en estos casos, alrededor de 40.000, el 31% del total, la ausencia de la persona reportada como desaparecida es real para el denunciante, la situación no tendría que ver necesariamente con el crimen. Por último, el Gobierno coloca los casos de personas desaparecidas, cuyos registros están bien hechos y no han tenido actividad posterior al reporte de la desaparición. Este rubro agrupa 43.128 casos, el 33% del total, y es, como se explica arriba, la cifra mínima de personas desaparecidas que cuenta México hoy día. Figueroa ha destacado que, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. Además, ha dicho que de cada 100 localizadas, 92 son halladas con vida. La presentación de estas cifras integra la estrategia del Gobierno, que ha colocado la seguridad al frente de sus prioridades, dado el tamaño y sofisticación del crimen organizado en el país, y las mismas carencias de las corporaciones de seguridad. El informe que ha presentado Figueroa deja en un lugar delicado a las autoridades locales, sobre todo a las fiscalías estatales, que apenas han abierto investigaciones estos años por casos de personas desaparecidas. Las protestas de los colectivos estos años han sido constantes, por la falta de empatía de los funcionarios, pero también por su desidia y falta de iniciativa a la hora de investigar.