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Prensa Latina Bogotá, 6 agosto (Prensa Latina).- La Dirección Nacional del partido progresista de Colombia Pacto Histórico, y su bancada en el Congreso, denunciaron hoy la presunta preparación de un montaje judicial contra el presidente, Gustavo Petro, y el senador Iván Cepeda. De acuerdo con la colectividad política, la estratagema buscaría vincular a los líderes con supuestas actividades de narcotráfico, y calificaron tal pretensión como una “amenaza a la democracia”. “De confirmarse estos hechos, Colombia estaría frente a un nuevo episodio de persecución política mediante el uso indebido de la justicia (lawfare), una práctica incompatible con el Estado social de derecho y con las garantías propias de una democracia”, advirtió la agrupación. Por tal motivo, el Pacto exigió a la Fiscalía General actuar con absoluta transparencia e independencia, responder de manera oportuna la solicitud presentada por el senador Iván Cepeda y garantizar que ninguna investigación sea utilizada con fines de persecución política. “Hacemos un llamado a la sociedad colombiana, a los organismos de control, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional para mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de instrumentalizar la justicia contra dirigentes de la oposición”, pidió el partido. También rechazó de manera categórica los montajes judiciales, la estigmatización y cualquier forma de persecución política. “Defenderemos, por todos los medios constitucionales y democráticos, el derecho a la oposición, el debido proceso y la democracia. La justicia no puede convertirse en un instrumento de persecución política”, remarcó en su comunicación. Más temprano, el excandidato presidencial y futuro líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, expuso que tiene pruebas de lo que denominó como un “entrampamiento judicial” contra el presidente Petro y él mismo. “Dado que recibí información de una fuente que considero verídica, anuncio que remitiré a la señora fiscal general, Luz Adriana Camargo, derecho de petición”, escribió en su cuenta de la red social X. Manifestó que le pedirá a la funcionaria que le informe “si actualmente la Fiscalía, en coordinación con la Administración de Control de Drogas, DEA, adelanta algún tipo de indagación o averiguación con la que se pretenda vincularnos con el narcotráfico al señor presidente, Gustavo Petro y a mí, pese a no tener competencia para adelantar actuaciones en contra nuestra”.

Página 12 El Gobierno tuvo que dar el brazo a torcer y sacó el capítulo de su llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” en el que ampliaba el porcentaje de tierras que podían ser compradas por capitales extranjeros. El oficialismo hizo esta concesión a sus aliados parlamentarios para asegurar que se lleve adelante la sesión de este jueves. Las negociaciones fueron encabezadas por Patricia Bullrich en estas últimas horas porque no llegaban a conseguir los 37 votos necesarios para tratar el proyecto. El retroceso busca evitar que el rechazo al capítulo sobre extranjerización termine haciendo caer toda la iniciativa. Con ese punto fuera del proyecto, la Casa Rosada intentará sostener el tratamiento del resto de la reforma, aunque el resultado de la sesión todavía permanece abierto. Los gobernadores cambiaron el escenario El oficialismo comenzó a perder apoyos en las últimas horas, cuando varios gobernadores decidieron despegarse del proyecto ante la fuerte presión social. El primero en fijar posición fue el neuquino Rolando Figueroa, quien rechazó cualquier modificación que facilite la extranjerización de la tierra. Su postura tuvo un impacto directo en el voto de la senadora Julieta Corroza, que hasta ese momento era contabilizada entre los respaldos del Gobierno. También el misionero Hugo Passalacqua expresó su rechazo a cualquier reforma que flexibilice la compra de tierras por parte de extranjeros. El poroteo dejó al oficialismo sin los votos El conteo de apoyos siguió deteriorándose durante el miércoles. Los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger confirmaron que votarían en contra del capítulo sobre extranjerización de tierras. A ellos se sumaron la salteña Flavia Royón y el santacruceño José María Carambia, dos legisladores que el oficialismo esperaba contar entre sus aliados. Con ese escenario, el Gobierno perdió la mayoría que necesitaba para aprobar el capítulo más cuestionado de la reforma. Además, empezó a detectar otro problema: varios senadores que estaban dispuestos a acompañar el resto de la ley ya no querían quedar asociados a un proyecto que había acumulado rechazo entre gobernadores y distintos bloques de la oposición. Bullrich encabezó una negociación para evitar la derrota Frente a ese escenario, Bullrich convocó este miércoles a una reunión con representantes de los bloques dialoguistas para intentar encontrar una salida. Para entonces, el oficialismo ya asumía que no tenía los votos para sostener el capítulo sobre extranjerización de tierras. La negociación terminó con una decisión que hasta pocas horas antes el Gobierno buscaba evitar: retirar ese capítulo del proyecto para intentar que el Senado avance con el resto de la iniciativa durante la sesión prevista para este jueves. Dura derrota del Gobierno La marcha atrás evitó un traspié en la votación del capítulo sobre extranjerización, pero dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para sostener los acuerdos que había construido en el Senado. Ahora la incógnita es si esa concesión alcanzará para reunir los votos necesarios para aprobar el resto del proyecto o si el quiebre de los acuerdos también pondrá en riesgo los demás capítulos de la iniciativa.

Telesur El político y escritor Gustavo Bolívar presentó este lunes un análisis sobre las denuncias de fraude electoral en Colombia, tras las acusaciones del presidente del país, Gustavo Petro, contra la fórmula de Abelardo de la Espriella respecto al manejo digital de los formatos de votación. En un video difundido en su canal de YouTube, Bolívar —exsenador y seguidor del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda— explicó cómo se habría ejecutado la manipulación del sistema a través del formulario electrónico E-14. El analista señaló que el diseño del documento fue modificado: “Ahora colocaron las firmas en un lado y la información en el otro. A la izquierda quedó la información; a la derecha, las firmas. ¿Qué implica esto? Que esas firmas, al estar separadas, pueden certificar cualquier modificación que se realice en el formulario E-14, sin importar cuál sea”. Bolívar advirtió que los archivos carecen de metadatos, lo que impide verificar si la información fue alterada, cuándo se introdujo o desde qué equipo se generó. Estos registros digitales, que normalmente detallan quién creó el archivo, la hora y el lugar de origen, fueron eliminados junto con el hash de seguridad, debilitando la trazabilidad del proceso. El exsenador sostuvo que el fraude habría sido planeado con antelación, utilizando la confianza generada por elecciones previas —como las legislativas y la primera vuelta presidencial— que se desarrollaron sin irregularidades aparentes. Según Bolívar, esa estrategia buscaba proyectar una imagen de transparencia para luego intervenir en la segunda vuelta. En su exposición, Bolívar afirmó que el discurso se apoyó en titulares mediáticos que reforzaban la idea de un sistema confiable: “Ven, ustedes nos hacen hablar de fraudes, son unos mentirosos y esto es perfecto, porque efectivamente, y lo decían así con grandes titulares, el resultado de las elecciones para Congreso”. El político también presentó cifras que, dijo, evidencian inconsistencias en el censo electoral. Mencionó el caso de Puerto Santander, donde residen alrededor de 9.400 habitantes, pero se registraron más de 21.000 votantes, lo que representa un incremento del 234 por ciento sobre la población real. Asimismo, indicó que en al menos 150 municipios el censo electoral equivale al 95 por ciento de la población total, lo que implicaría que apenas cinco personas en cada localidad serían menores de edad, una proporción estadísticamente improbable. Bolívar recordó que Petro denunció la inclusión de 850.000 cédulas en el registro electoral pocos días antes de los comicios, una acusación que fue minimizada por la prensa mediante burlas y comentarios irónicos. El análisis concluye que la manipulación del sistema digital habría dejado al proceso electoral sin mecanismos de verificación, generando dudas sobre la autenticidad de los resultados en la segunda vuelta presidencial de 2026, pero otorgando la victoria a de la Espriella y su fórmula.

Rusia Today El puente de Zatoka, una infraestructura de importancia estratégica utilizada por el régimen de Kiev para el transporte de suministros militares desde Occidente a través de la frontera con Rumanía, habría sufrido graves daños en un ataque nocturno efectuado la semana pasada por las Fuerzas Armadas de Rusia, según un reporte no oficial difundido por un canal especializado ruso.  El puente ferroviario y de carretera, ubicado en la localidad de Zatoka, en la provincia de Odesa, es una infraestructura clave para el sur de Ucrania y una ruta alternativa vital para el transporte de carga al país, especialmente en el contexto de los ataques rusos contra los puertos de Odesa y Nikoláyev.   Grabaciones, que no han sido confirmadas por las autoridades rusas, muestran el colapso de uno de los tramos de la estructura tras el impacto.  El régimen de Kiev perpetra de manera sistemática ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas, al tiempo que lanza oleadas de vehículos aéreos no tripulados contra Moscú y su periferia. Los drones y misiles ucranianos alcanzan automóviles, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, causando víctimas entre la población. En represalia por esos actos criminales, las Fuerzas Armadas de Rusia ejecutan ataques contra instalaciones vinculadas al complejo militar-industrial de Ucrania, incluyendo objetivos militares, energéticos y de transporte. 

Prensa Latina Caracas, 2 agosto (Prensa Latina).- El presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, diputada Cilia Flores, saludaron hoy todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos. En su mensaje en X de los domingos desde Nueva York, donde guardan prisión hace 212 días después de su secuestro el 3 de enero pasado, elogiaron la Marcha para Jesús realizada la víspera donde la juventud, las familias y comunidades demostraron la verdad de un pueblo noble, lleno de fe, valores y esperanza. La pareja presidencial recordó cuando, en oración perfecta, entregaron la patria “a nuestro Señor Jesucristo el 15 de junio de 2024, en el Palacio de Miraflores”, que luego ratificaron el 18 de noviembre de 2025. Maduro y Cilia expresaron que esa fe viva confirma y demuestra que, con la unión nacional, oración y acción, Venezuela «siempre verá grandes logros nacidos del esfuerzo, del diálogo fecundo y de la sabiduría del hombre y la mujer de a pie». Subrayaron que hablar de un renacimiento nacional como meta común es “hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas”, y de acción creadora para levantar una Venezuela renovada; una Patria humana que sabe construirse con amor. Donde todos caminemos juntos por sus calles y comunidades con la palabra de la verdad y de la unión, aseveraron. “Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, remarcaron los gobernantes en clara referencia a las conversaciones que iniciarán esta semana en Caracas representantes de la Asamblea Nacional y exdiputados del parlamento de 2015-2020. Los mandatarios manifestaron creer en la fuerza de Dios, la cual recorrerá los caminos de Venezuela para “consolidar nuestra tierra como lugar de paz, convivencia y esperanza”. Llamaron a que, con esa fuerza y fe absoluta, “hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela”. Maduro y Cilia se presentaron el pasado 22 de julio a la tercera audiencia ante Corte Federal en Manhattan, en Nueva York, en la que el juez Alvin Hellerstein ordenó que el juicio de ambos inicie en la mañana del 1 de junio de 2027. Antes de esa fecha, el proceso judicial continuará el 17 de noviembre con la discusión de las mociones sobre la inmunidad de Maduro y la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos para juzgarlo, que la defensa deberá presentar en sucesivos meses. Los mandatarios son acusados por presuntos cargos de narcotráfico y otros delitos, los cuales fueron descalificados desde el primer momento, cuando el gobernante constitucional se declaró en su primera comparecencia «no culpable» y proclamó ser el presidente de Venezuela, secuestrado en su casa de Caracas.

DW Al menos 13 personas murieron el sábado (01.08.2026) en la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nasca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú. «Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido», dijo el mayor de la Policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente. El accidente de la aeronave ocurrió pasadas las 13:00 locales (18:00 GMT), tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima. «Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos», indicó Andrade tras no precisar la identidad de los fallecidos. Siniestro bajo investigación Tampoco dio detalles de los motivos del hecho y dijo que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro. En el lugar, bomberos y policías trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook. Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros. Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejo 7 muertos entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

BBC News Las fuerzas especiales de seguridad detuvieron el jueves en el oeste de México a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias «R1», el líder de una violenta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación y quien está acusado de ordenar el asesinato del alcalde Carlos Manzo en noviembre pasado. El crimen del alcalde de Uruapan, una ciudad del estado de Michoacán, conmocionó al país al haber ocurrido en una plaza llena de gente que conmemoraba el Día de Muertos. Además, «R1» también es acusado del feminicidio de la joven Valeria Márquez, una influencer de 23 años que murió a tiros en mayo de 2025 mientras hacía una transmisión en redes sociales en la ciudad de Guadalajara. En una conferencia de prensa este viernes, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que «R1» y otro cabecilla del grupo «Los R», Jesús Salvador «N», fueron aprehendidos en un operativo de fuerzas especiales en Atotonilco El Alto, en el estado de Jalisco. Los detenidos fueron trasladados por fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional para ser presentados ante la Fiscalía General de la República a rendir declaraciones. Sobre el caso del alcalde Manzo, García Harfuch detalló que los miembros de «Los R» declararon haber cometido el asesinato como una represalia por sus campañas públicas en contra del crimen organizado que ha afectado desde hace más de una década a Uruapan y Michoacán. «Ellos sentían -literalmente lo mencionan algunos detenidos- [que era] una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal», señaló el funcionario. «Es un crimen sumamente cobarde», añadió. La esposa del alcalde, Grecia Quiroz (que sucedió a su esposo en el puesto), dijo que si bien la detención del «R1» es un avance, aún espera que se agoten otras líneas de investigación. «Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estamos convencidos de que aún hay mucho más por aclarar. Exigimos una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias, por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley», escribió en X. Las actividades criminales de Ramón Ángel Álvarez Ayala vienen desde la década de 2000, como parte del grupo denominado Los Cuinis, según las investigaciones federales. Una de las más notorias que se le atribuyen ocurrió en marzo de 2012, cuando dirigió múltiples ataques en los alrededores de Guadalajara y Colima que incluyeron el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga por la detención de Érick Valencia Salazar, alias «el 85», cofundador de CJNG y quien actualmente está encarcelado en EE.UU. A partir de ese año, «R1» y sus hermanos fueron identificados como un brazo armado de tal cartel para realizar actos violentos y combatir a las fuerzas de seguridad. García Harfuch indicó que los hermanos fueron detenidos ese mismo año. Pero luego de obtener su libertad en 2022, volvieron a participar en las actividades del crimen organizado de la región. «Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso (extorsión)», dijo el funcionario. Con sus hermanos Jesús Santiago y Rafael, conformaron la célula de «Los R» y escalaron sus actividades al tráfico de drogas, la disputa de rutas de trasiego hacia EE.UU., así como ataques contra grupos rivales. En la productiva región agrícola de Michoacán, obtenían ingresos por la extorsión a productores de limón, aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas, según la investigación federal. García Harfuch informó que luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo, las investigaciones lograron la detención de 31 personas por la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen. «Las investigaciones permitieron establecer que dentro del círculo cercano de colaboradores de Carlos Manzo había personas que actuaban al servicio del grupo delictivo y proporcionaban información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad», señaló el funcionario. Jorge Armando «N», alias «el Licenciado», fue quien presuntamente coordinó directamente el ataque por órdenes del «R1», que en la investigación es señalado como «el principal autor intelectual del ataque». Según la investigación, dos funcionarios de la alcaldía de Uruapan eran informantes de «Los R». Uno de ellos, identificado como Samuel ‘N’, fue clave para señalar la ruta y horario que seguiría el alcalde la tarde del asesinato. Un menor de edad, reclutado para realizar el asesinato, estaba siguiendo a Manzo en la plaza principal de Uruapan, donde le disparó. Sobre la posible implicación en el asesinato de Nemesio Oseguera, «El Mencho», el fallecido fundador y líder del CJNG, García Harfuch dijo que «hay indicios» de que tuvo conocimiento del crimen, pero no se ha determinado si él, al ser jefe del «R1», habría dado luz verde para se cometiera.

Telesur Veinticuatro premios Nobel y decenas de investigadores de reconocimiento internacional expresaron su preocupación por la situación de la ciencia en Argentina y solicitaron al Gobierno de Javier Milei que revierta las medidas que ponen en riesgo las instituciones y las capacidades científicas construidas durante décadas. El pronunciamiento fue difundido mediante una carta impulsada por el biólogo molecular e investigador Alberto Kornblihtt y la física, investigadora y diputada nacional Adriana Serquis. El documento, que continúa recibiendo adhesiones de integrantes de la comunidad científica internacional, denuncia un proceso de deterioro del sistema nacional de ciencia y tecnología. Entre los firmantes figura Paul Nurse, ganador del Premio Nobel de Medicina y presidente de la Royal Society de Londres, una de las instituciones científicas más reconocidas del mundo. También respaldaron la declaración otros galardonados, como Phillip A. Sharp, Richard Roberts, H. Robert Horvitz, Andrew Fire, Victor Ambros, Steven Chu, Barry Marshall, Craig Mello, May-Britt Moser, Ferenc Krausz, Roger Kornberg, Michael Rosbash, Françoise Barré-Sinoussi y Aaron Ciechanover. En el texto, los científicos sostienen que el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Argentina atraviesa una situación crítica y piden al Ejecutivo detener el proceso de desmantelamiento. Asimismo, reclaman la protección de las instituciones, los investigadores y los conocimientos acumulados por el país a lo largo de varias décadas. Los firmantes atribuyen el deterioro a la reducción de los recursos destinados al sector y a la falta de garantías sobre su sostenibilidad. Según expusieron, las políticas aplicadas desde el inicio de la actual administración han provocado la pérdida de cerca de ocho empleos diarios en las áreas de ciencia y tecnología. La declaración también manifiesta preocupación por lo que sus autores describen como una creciente intervención de organismos científicos mediante mecanismos de carácter militar. En ese contexto, compararon la situación actual con una posible reedición de la denominada “Noche de los Bastones Largos”, ocurrida en 1966, cuando fuerzas policiales irrumpieron en universidades argentinas tras la intervención ordenada por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Además, cuestionaron los despidos y los operativos desarrollados en organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En relación con el CONICET, la carta alertó sobre el posible despido de 379 profesionales que esperan su incorporación a la Carrera del Investigador Científico. También señaló que continúa suspendido el ingreso del personal de apoyo, una situación que, de acuerdo con los firmantes, podría afectar la continuidad de proyectos y el funcionamiento de las instituciones dedicadas a la investigación.

DW Actualidad El Gobierno de Brasil repudió este miércoles (29.07.2026) la decisión de Estados Unidos de prorrogar por un año la declaración de emergencia nacional contra el país sudamericano, que justifica la imposición de aranceles. En un comunicado de la Presidencia, el Ejecutivo calificó de «infundadas» y «falsas» las acusaciones en las que Washington sustenta la medida, y rechazó la decisión anunciada la víspera por la Casa Blanca. Según el Gobierno brasileño, Washington se basó de nuevo en acusaciones «sin ningún fundamento» para la prórroga, entre ellas, supuestas violaciones a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas estadounidenses, censura y detenciones ordenadas por la Corte Suprema y una presunta persecución política «contra un expresidente de Brasil, su familia y sus apoyadores». Aunque la nota oficial del Gobierno estadounidense no lo menciona, hace referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por liderar una trama golpista tras salir derrotado en las elecciones de 2022 por Luis Inácio Lula da Silva. El juicio al expresidente fue fuertemente criticado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, su aliado y amigo, quien ordenó el año pasado imponer aranceles adicionales del 50 % a varios productos brasileños, en represalia por las acusaciones contra Bolsonaro, basándose en esa declaración de emergencia.  «Lazos diplomáticos y de amistad» Brasil afirmó que esas acusaciones ya fueron «ampliamente rebatidas» en reuniones entre autoridades de ambos países, reafirmó su soberanía y la independencia de los poderes del Estado y defendió que el Poder Judicial actúa con estricto apego a la Constitución. «Resulta enteramente inapropiado caracterizar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos, especialmente a la luz de los históricos lazos diplomáticos y de amistad que unen a los dos pueblos», señaló el Ejecutivo. La Casa Blanca anunció el martes la prórroga de la declaración de emergencia nacional emitida hace un año al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y que entra hoy en vigencia, al considerar que persisten las circunstancias que motivaron su adopción. En la notificación, el Gobierno estadounidense reiteró que las políticas y acciones de Brasil afectan la economía de Estados Unidos, restringen la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses y vulneran derechos humanos. La renovación de la declaración no modifica, sin embargo, el régimen arancelario vigente entre ambos países. Los gravámenes del 50 % anunciados por Trump en 2025 con base en esa orden ejecutiva fueron posteriormente bloqueados por la Corte Suprema de Estados Unidos. Los aranceles actualmente aplicados a productos brasileños responden a otro mecanismo, una investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La decisión del Gobierno de Trump se da a tres meses de las elecciones generales en Brasil, en las que el senador y candidato Flávio Bolsonaro, aspirará a la presidencia de Brasil. El hijo mayor de Jair Bolsonaro aparece como el principal rival de Lula, quien lidera todos los sondeos electorales.

Prensa Latina Quito, 28 julio (Prensa Latina).- Ecuador registró 305 homicidios de menores de edad en el primer semestre de 2026, la cifra más alta desde que existen registros, según datos del Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud disponibles hoy. El boletín semestral del organismo señala que los homicidios se consolidaron como la principal causa de muerte de niños, niñas y adolescentes en el país, una tendencia que, según los investigadores, se mantiene desde 2024 y está vinculada al avance del crimen organizado. El 93,1 por ciento de los asesinatos ocurrió en provincias de la costa, por su relación con las rutas del narcotráfico y la presencia de grupos de delincuencia organizada, y el 81,6 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 17 años. Además, en el 93,1 por ciento de los casos los agresores utilizaron armas de fuego. El informe también evidencia un incremento del reclutamiento de adolescentes por estructuras criminales. Entre enero y junio de este año fueron aprehendidos o detenidos mil 697 menores, un 24,2 por ciento más que en todo 2025, mientras uno de cada cinco portaba un arma al momento de su captura. Asimismo, el Observatorio reportó que 273 niños, niñas y adolescentes permanecen desaparecidos en lo que va de 2026, un aumento del 133 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Otro de los indicadores recogidos en el documento es el hacinamiento en los Centros para Adolescentes Infractores, que alcanzó el 66,3 por ciento a escala nacional y llegó al 219,3 por ciento en el centro de la provincia de Esmeraldas. El investigador Francisco Cevallos, integrante del Observatorio, sostuvo que la respuesta al problema debe ir más allá de las acciones policiales y planteó fortalecer políticas públicas que garanticen derechos como la educación, la salud, el juego y el desarrollo integral.