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Página 12 Este jueves cerró la campaña para la elección presidencial de este domingo, que enfrenta en el balotaje al izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y a la ultraderechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ambos lo hicieron con actos en Lima, bastión electoral de la derecha y tradicional escenario para cerrar las campañas presidenciales. Los dos candidatos llegaron a este cierre luego de un intenso recorrido en los últimos días por varias provincias del país, con actos en más de una ciudad por día. Fujimori escogió para el tramo final de su campaña, antes de llegar a Lima, las ciudades de la costa norte, donde aventaja a su rival en las encuestas. Sánchez lo hizo con un recorrido por el sur andino, donde saca amplia ventaja y congregó grandes manifestaciones. “No nos van a quitar la voz” El acto de cierre del candidato progresista estaba programado y convocado para este jueves en el centro de la capital, en una amplia alameda frente al Palacio de Justicia, pero insólitamente un día antes el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, del partido ultraderechista Renovación Popular y excongresista fujimorista, negó el permiso para el acto. “Nos pueden negar una plaza, pero no nos van a quitar la voz”, respondió Sánchez, que calificó el veto a su mitin en el centro de la ciudad como una decisión “arbitraria” que va contra “la igualdad de condiciones democráticas”. Juntos por el Perú tuvo que mudar a última hora su mitin de cierre. Lo hizo en el Campo de Marte, un amplio parque cerca al centro de la capital. Keiko Fujimori cerró su campaña en la explanada aledaña al Estadio Monumental, donde se jugó la última final de la Copa Libertadores, en un barrio residencial al este de Lima. A pesar de ser una plaza que no lo favorece, Sánchez congregó una importante manifestación en Lima. “No les vamos a fallar”, ha repetido ante las multitudes en sus actos, en los que se ha presentado con el sombrero campesino de ala ancha que usaba Pedro Castillo, que el candidato progresista ha convertido en símbolo de su campaña. Ha ofrecido indultar al expresidente, destituido y encarcelado en diciembre de 2022 luego de su fallido intento de cerrar el Congreso que complotaba para derrocarlo. En sus actos de campaña, Sánchez ha puesto el énfasis en defender la democracia ante la amenaza autoritaria fujimorista.  Desde el Congreso, el fujimorismo ha controlado el gobierno desde la caída de Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte, y ha capturado el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, que nombra y destituye jueces y fiscales. Y avanza para tomar el control del Poder Judicial. Sánchez ha advertido que un triunfo de Keiko Fujimori, quien dice quiere gobernar como en la dictadura de su padre, consolidaría un poder absoluto del fujimorismo que acabaría con la ya debilitada democracia, y ha llamado a detener ese riesgo. Parar al fujimorismo En ese afán de parar al fujimorismo, el candidato de la izquierda ha formado para esta segunda vuelta una amplia coalición, que va más allá de la izquierda, que incluye a varios candidatos presidenciales en la primera vuelta y partidos desde la izquierda hasta la centroderecha, sindicatos, organizaciones sociales y reconocidas personalidades. Horas antes de su acto de cierre, Sánchez reforzó esta coalición sumando nuevos aliados. Ha dicho que un gobierno suyo sería de una coalición amplia. En ese camino, esta semana presentó un plan de gobierno consensuado con varias fuerzas políticas y organizaciones, que pone el acento en defender la democracia y la independencia de poderes, convertir las buenas cifras macroeconómicas en desarrollo, impulsar la industrialización, apoyar a las micro y pequeñas empresas, defender los derechos laborales, el alza del sueldo mínimo, un programa masivo contra el hambre y la pobreza, fortalecer la educación y la salud públicas. Desde la derecha han atacado este esfuerzo de concertación, con una masiva campaña mediática para desacreditarlo. Eso es parte de una campaña en los grandes medios para desprestigiar a Sánchez con todo tipo de ataques, incluyendo acusarlo, sin sustento, de ser un aliado de terroristas, un argumento recurrente en la derecha para atacar a sus críticos. En el otro lado, Keiko ha convocado algunas figuras independientes de la derecha, pero no ha hecho alianzas. La hija del fallecido dictador Alberto Fujimori ha insistido en que su gobierno será como el régimen autoritario de su padre, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Este jueves, poco antes de comenzar su mitin de cierre, Fujimori recibió el apoyo explícito del excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, tercero en la primera vuelta con 11 por ciento, que llamó a votar por el fujimorismo. El apoyo de esa ultraderecha al fujimorismo se consideraba como seguro desde hace semanas, más allá que López Aliaga, centrado en negar su derrota en primera vuelta denunciando sin pruebas un fraude que todos los observadores internacionales han descartado, hasta ahora no lo había hecho explícito. En las manifestaciones convocadas por el fujimorismo, Keiko ha repetido elogios a la dictadura de su padre y un discurso de mano dura y militarización del país para combatir la creciente delincuencia. Sánchez ha respondido culpando por el crecimiento delictivo a las llamadas “leyes procrimen” dadas por el Congreso que controla el fujimorismo, que limitan la capacidad de la fiscalía para investigar al crimen organizado y promueven la impunidad para la corrupción política y violadores de derechos humanos, y ha anunciado que su gobierno impulsaría desde el primer día la derogatoria de esas leyes. Keiko ha evadido hablar de las cuestionadas “leyes procrimen” impulsadas por su partido. La candidata fujimorista ha puesto el énfasis en levantar el miedo contra su rival, diciendo que va a estatizarlo todo, que ni los pequeños negocios se librarán, y a implantar una dictadura comunista. Señalamientos amplificados por los medios, embarcados en un viejo macartismo. El candidato progresista ha respondido repitiendo que un gobierno suyo “no estatizará nada” y que no es comunista, que su gobierno sería de una

Página 12 El gobierno de Colombia retiró este jueves la propuesta de impulsar una asamblea nacional constituyente para incluir reformas sociales y anticorrupción en la Carta Magna, tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial. La propuesta era rechazada por la oposición, que acusaba al mandatario saliente Gustavo Petro de querer modificar la Constitución para permitir y buscar la reelección. En plena campaña para el balotaje, y tras las quejas del candidato oficialista Iván Cepeda, una jueza prohibió a su rival ultraderechista Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección de fútbol colombiana como “símbolo” de su partido político. “Un regreso a los métodos del fascismo” Petro respaldó la determinación del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente y sostuvo que la propuesta buscaba incorporar a la Constitución reformas sociales en áreas como salud, pensiones, servicios públicos, minería y educación ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso. “La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991”, escribió el mandatario en X. Según Petro, el resultado de la primera vuelta presidencial “ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”. El líder de izquierda consideró que la actual división política del país no permite avanzar en la convocatoria de una constituyente y sostuvo que la prioridad debe ser la definición del próximo gobierno en el balotaje del 21 de junio, en el que compite el oficialista Iván Cepeda, quien había apoyado inicialmente el proyecto. En un mensaje divulgado en redes sociales, Cepeda celebró la decisión del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de suspender la recolección de firmas para impulsar esa iniciativa y sumarse, en cambio, a la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional”, propuesto por él, que permita materializar las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Petro. La propuesta para convocar este proceso de una constituyente fue una de las principales apuestas políticas de Petro en la recta final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto. Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia de partidos de oposición y juristas que consideraban innecesario modificar la Constitución de 1991 y advertían sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente en medio de una alta polarización política. La oposición considera que, con la constituyente, Petro buscaba volver a introducir la reelección presidencial, eliminada en 2015, para volver a presentarse como candidato en 2030. Cepeda quedó en segundo lugar el domingo en las elecciones presidenciales, detrás de De la Espriella, y el rechazo de la mayor parte de la sociedad a la constituyente le dificultaba la formación de alianzas para aumentar su caudal electoral de cara a la segunda vuelta. Polémica con la camiseta de Colombia Mientras Colombia transita su camino rumbo al balotaje, un juez de Bogotá le ordenó a Abelardo de la Espriella y su partido, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y propaganda electoral. La medida provisional fue adoptada por una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien pidió que se ordenara a De la Espriella cesar el uso de la camiseta para proteger, entre otros, “el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho de elegir y ser elegido”. Durante la jornada electoral del domingo, miles de seguidores de De la Espriella acudieron a votar con la camiseta amarilla de la selección y posteriormente celebraron en el Malecón del Río de Barranquilla el paso de su candidato a la segunda vuelta presidencial. Cepeda cuestionó el uso de la camiseta y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fijar una posición oficial sobre el asunto. La FCF aseguró que no tiene facultades legales para restringir el uso de una prenda que puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano, aunque lamentó que la camiseta sea utilizada en controversias ajenas al ámbito deportivo. Precisamente este jueves Gustavo Petro le entregó la bandera nacional a la selección de fútbol en una ceremonia realizada en el Comando Aéreo de Transporte Militar, en Bogotá, antes del viaje del equipo al Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Telesur El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, integrante del movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), fue detenido este miércoles en el marco de un operativo desplegado en cuatro provincias de Ecuador por una investigación relacionada con presunto lavado de activos. La acción policial dejó un total de ocho personas aprehendidas, entre ellas jueces y funcionarios públicos. Todos los detenidos fueron trasladados a la capital del país, donde enfrentarán las audiencias de formulación de cargos y la definición de medidas cautelares dentro del proceso judicial en curso. Desde la oposición denuncian una estrategia política orientada a apartar a sus dirigentes del escenario electoral y favorecer a otros sectores en la contienda. Tras conocerse las detenciones, el expresidente Rafael Correa, líder de la RC, sostuvo que el caso de Villacís está vinculado a una persecución política en el contexto del proceso electoral local previsto para el 29 de noviembre en el que Revolución Ciudadana no podrá participar como movimiento debido a su suspensión temporal, aunque sus integrantes mantienen la posibilidad de postularse bajo otras organizaciones políticas. En su cuenta de la red social X, Correa calificó la situación como parte de un patrón y afirmó que se trata del cuarto alcalde de un capital provincial impedido de buscar la reelección. Además, aseguró que Villacís contaba con opciones de triunfo frente a la candidata oficialista y actual prefecta esmeraldeña, Roberta Zambrano. A estas declaraciones se sumó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien denunció lo ocurrido como parte de un “modus operandi del gobierno” orientado a apartar de la contienda electoral a autoridades locales con aspiraciones de reelección. En la misma línea, la asambleísta Paola Cabezas, representante de Esmeraldas, afirmó que con esta detención se busca reducir la competencia electoral. “Buscan ganar las elecciones sin adversarios”, señaló. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación permitió identificar una presunta estructura que habría utilizado empresas con apariencia legal para movilizar fondos de origen lícito y posteriormente ocultarlos mediante operaciones financieras. El funcionario precisó ante la prensa que el esquema investigado habría generado beneficios superiores a los 15 millones de dólares. Además, indicó que parte de las indagaciones también se relaciona con el incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas, considerada la más grande del país y que permaneció varios meses fuera de operación.

Página 12 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó el martes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, de “enemigo mortal” de varios países latinoamericanos, luego de que Washington amenazara con nuevos aranceles a productos brasileños. La relación de altibajos entre Estados Unidos y Brasil volvió a tensarse, menos de un mes después de una reunión de tres horas entre Lula y el mandatario estadounidense Donald Trump, saludada por ambos como positiva. La oficina del Representante Comercial estadounidense acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25 por ciento. Lula dijo que el anuncio ocurre “mientras todavía estábamos en negociaciones”: Trump y él, apuntó, habían acordado un periodo de treinta días para saldar las diferencias comerciales. El izquierdista busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump. La semana pasada Flávio Bolsonaro se reunió con Trump y Rubio en Washington. “El tal Marco Rubio (…) que es el enemigo mortal de varios países latinoamericanos y que no gusta de Brasil (…) no estaba en la reunión que tuve con Trump”, dijo Lula, apuntando a una posible participación del jefe del departamento de Estado en la decisión. Lula también tachó al senador de “traidor” por haber pedido -dijo- a un país extranjero que “se inmiscuya en los asuntos brasileños”. Este es el segundo revés de Lula tras la reunión con Trump. El primero llegó la semana pasada cuando Estados Unidos designó a las dos principales bandas criminales brasileñas, Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, como grupos terroristas, a pesar del sostenido rechazo de Brasilia. El año pasado, Trump impuso duros aranceles a Brasil en respuesta a lo que consideró una “cacería de brujas” contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Las medidas coercitivas fueron en buena parte retiradas tras una primera reunión entre Lula y Trump. Flávio Bolsonaro dijo que había pedido expresamente a Trump y Rubio que no gravaran a las empresas brasileñas, “pero ellos no confían en Lula”. Trump mostró el martes fotos de su encuentro con Bolsonaro, al que llamó un “joven inteligente que quiere mucho a su país, Brasil”.

Telesur El Gobierno de Rusia confirmó que debate con Estados Unidos sobre la presión ejercida por Washington contra Cuba. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, detalló ante la prensa que este asunto forma parte de los contactos bilaterales con la Administración estadounidense, aunque reconoció que las posiciones de ambas potencias difieren de manera radical. El diplomático eslavo manifestó que Moscú no puede mostrar indiferencia ni mantenerse al margen de la situación en la isla. Asimismo, subrayó que el Ejecutivo ruso es plenamente consciente de las complejas circunstancias que atraviesa la nación antillana como consecuencia del bloqueo ilegal y del incremento de las medidas de presión por parte de las autoridades estadounidenses.  En enero del año en curso, específicamente el 29 del mencionado mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de las naciones que suministren petróleo a Cuba. Junto a esta medida, decretó un estado de emergencia bajo el argumento de que el país caribeño representa una supuesta amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Esa agresión de Washington provocó un desabastecimiento de combustible en el territorio cubano que perjudica el suministro de electricidad y golpea áreas estratégicas de la economía de la isla, incluyendo sectores de vital importancia como el transporte, la salud, la producción de alimentos y la educación.  Ante este panorama, las autoridades de La Habana mantienen constantes denuncias a las acciones de la Casa Blanca, que suman también amenazas de agresión militar. De acuerdo con la postura del Gobierno cubano, Estados Unidos emplea deliberadamente este cerco energético con el firme propósito de asfixiar a la población y generar condiciones de vida insoportables para los habitantes de la isla. En medio de las arremetidas imperiales, Rusia ha mostrado solidaridad con el pueblo y Gobierno de la isla, ejemplo de ello fue el envió del buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin, el cual arribó el 31 de marzo al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba.  La embarcación transportó un cargamento de 740.000 barriles de crudo (equivalentes a 100.000 toneladas), un suministro que resultó vital para la isla en medio de la crisis energética derivada del bloqueo estadounidense. El navío, operado por la corporación Sovkomflot —empresa que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos desde 2024—, representó el primer cargamento de petróleo recibido en territorio cubano tras la orden ejecutiva del 29 de enero, logrando aliviar de manera temporal situación del sistema eléctrico y el abastecimiento de combustible.

Rusia Today El principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseveró que su país no firmará ningún acuerdo con EE.UU. mientras no se garanticen los derechos del pueblo iraní. «Los soldados del campo de batalla de la diplomacia no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo. Nuestro criterio reside en los logros concretos que debemos alcanzar para cumplir con nuestras obligaciones, y no aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se respetarán los derechos del pueblo iraní», declaró este domingo durante una reunión de alto nivel.  Ghalibaf destacó que el factor más importante para la victoria ha sido la cohesión y la unidad de la nación iraní. «Lo que ha provocado la retirada del enemigo es, además del poderío militar y la preparación defensiva de los guerreros del Irán islámico, la firmeza y la unidad del pueblo frente al poderoso enemigo. Este secreto de la victoria debe preservarse», manifestó. Previamente, el presidente del Parlamento señaló que Teherán no obtiene concesiones a través del diálogo, «sino con misiles», y que en las negociaciones simplemente se les hace entender esto. «El ganador de cualquier acuerdo es el que esté mejor preparado para la guerra al día siguiente», concluyó.

Telesur El Palacio Presidencial de Planalto emitió un enérgico comunicado oficial para rechazar las recientes acciones políticas promovidas por la familia del expresidente Jair Bolsonaro en territorio estadounidense. La administración federal denunció que las negociaciones unilaterales entabladas con Washington constituyen un flagrante sabotaje contra la soberanía nacional del país suramericano. La dura reacción gubernamental ocurre tras confirmarse una reunión en la Casa Blanca entre el mandatario Donald Trump y el exsenador Flávio Bolsonaro. En dicho encuentro la administración norteamericana decretó la clasificación de las bandas criminales brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Rojo como organizaciones terroristas internacionales. El Poder Ejecutivo brasileño aclaró de forma taxativa la diferencia jurídica existente entre el terror delictivo impuesto por las mafias en las barriadas periféricas y el concepto global de terrorismo. El documento oficial precisó que estas bandas operan exclusivamente con fines de lucro material y carecen de motivaciones ideológicas, políticas o religiosas. Las autoridades de Brasilia catalogaron de deplorable la conducta de los dirigentes derechistas al buscar el tutelaje de una potencia extranjera para dirimir asuntos de competencia exclusiva del Estado brasileño. El comunicado alertó que estas manipulaciones buscan instrumentalizar la seguridad pública para abrir espacio a intervenciones armadas o jurídicas dentro de las fronteras nacionales. La presidencia vinculó estas maniobras desestabilizadoras con las recientes agresiones económicas de la Casa Blanca expresadas mediante el incremento de aranceles comerciales contra las exportaciones brasileñas. El texto advierte que las medidas coercitivas unilaterales buscan perjudicar herramientas financieras estratégicas de soberanía tecnológica nacional como el sistema de pagos electrónicos Pix. Por su parte, el vicepresidente Geraldo Alckmin sumó sus críticas hacia las acciones del clan familiar al afirmar que actúan en defensa de sus intereses particulares. El Gobierno brasileño ratificó que las leyes locales, las instituciones policiales y los tribunales nativos son los únicos facultados legalmente para definir y combatir el delito interno.

Telesur El presidente de Colombia, Gustavo Petro exhortó este viernes a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas el domingo 31 de mayo, al declarar que se decidirá «el futuro real de Colombia». A dos días de las elecciones presidenciales en el país, Petro refirió que «lo que sí quiero es que ese voto, en primer lugar, sea de todos y de todas, que no se quede nadie por ahí en la esquina porque en estas elecciones se decide el futuro real de Colombia». Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados en el padrón electoral para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país. Durante un acto público en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico Petro defendió además su gestión y aseguró que su Gobierno deja avances en indicadores sociales como la pobreza, el empleo y la seguridad alimentaria. “Aquí entrego el poder. No me gusta el poder, se lo entrego al pueblo, a nadie más. El pueblo decidirá el domingo”, declaró el presidente de la coalición Pacto Histórico. Tras cuatro años del primer Gobierno de izquierda del país, Petro reconoció y agradeció la concentración masiva que se produjo en Barranquilla. El jefe de Estado señaló que su Gobierno dejó la tasa de desocupación «más baja del siglo»: 8,8 por ciento durante el mes de abril. “Aumentamos el empleo en más de 700.000 puestos de trabajo y la mayor parte es asalariado como obrera o empleada particular porque son las mujeres las que han obtenido la mayor parte del empleo”, resaltó. De igual manera expresó que “nunca se había obtenido una brecha tan estrecha entre el nivel de empleo de las mujeres respecto al de los hombres”. En la primera vuelta electoral parten como favoritos el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y la uribista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. Si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. El gobierno de Colombia anunció el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil para el 31 de mayo, donde se incrementarán los controles migratorios y se regulará el movimiento de los vehículos. La medida entrará en vigor a partir de las 18H00 del 30 de mayo hasta las 06H00 del 1 de junio, según refiere el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior de Colombia. Para esta fecha también se aplicará la Ley Seca en todo el territorio durante el mismo horario que se aplicará el cierre fronterizo y las autoridades locales tienen la potestad de aumentar las restricciones en función de las condiciones en cada sitio y el incumplimiento tendrá consecuencias monetarias para quienes incurran. El operativo incluirá también un despliegue de 408.000 guardias de la Fuerza Pública para supervisar los comicios.

Telesur Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por Nydia Velázquez y Gregory Meeks, presentó una Resolución sobre los Poderes de Guerra que busca detener y prohibir cualquier acción militar de la Administración del presidente Donald Trump contra Cuba que no cuente con la autorización explícita del Congreso estadounidense. La medida exige la retirada de las Fuerzas Armadas de cualquier hostilidad dirigida hacia la isla, a menos que sea una declaración de guerra formal. La presentación de este recurso en la Cámara Baja ocurre apenas una semana después de que los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego introdujeran una propuesta similar en el Senado. ”La beligerante política exterior de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo. Mientras nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el Presidente ha puesto ahora su mira en un cambio de régimen en Cuba. El Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional si el Presidente persiste en este camino ilegal”, puntualizó la congresista Velázquez. Agregó que ”esta Administración se precipita hacia otra guerra desastrosa, poniendo en riesgo incontables vidas, tanto estadounidenses como extranjeras”. Los promotores de la resolución, que incluye el copatrocinio de los representantes Jim McGovern (Massachussets) y Joaquin Castro (Texas), afirmaron que la retórica belicista de Estados Unidos hacia Cuba intenta desviar la atención pública de problemas políticos y económicos internos. ”La Administración Trump y los republicanos en el Congreso están empeñados en iniciar otra guerra, esta vez con Cuba, para desviar la atención del fracaso del presidente en Irán, de la debilidad económica y de la deportación masiva de 500.000 cubanos que se encuentran legalmente en los Estados Unidos”, resaltó Meeks. El congresista enfatizó que si Trump y el secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, hablan en serio sobre establecer una nueva relación con el pueblo cubano, ”deberían revertir 65 años de políticas fallidas de Estados Unidos hacia Cuba, poner fin al bloqueo petrolero, y a la crisis humanitaria que este ha provocado, y trabajar junto al Congreso para modificar las sanciones estadounidenses, draconianas y obsoletas, que perjudican desproporcionadamente al pueblo cubano”. Esta resolución se da en medio de una política de máxima presión contra el pueblo y Gobierno de Cuba. En su más reciente agresión, el Gobierno de EE.UU. imputó al expresidente y líder de la revolución cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, maniobra política que de acuerdo con la postura de la nación antillana busca utilizarse como un pretexto para justificar una agresión armada contra la mayor de las Antillas, lo que —advirtió días atrás el canciller Bruno Rodríguez— provocaría un baño de sangre.

Prensa Latina Montevideo, 28 mayo (Prensa Latina).- La Caja Militar de Uruguay suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares requeridos por la Justicia por causas de violación a los derechos humanos, trascendió hoy. La decisión responde a denuncia penal presentada por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe. Hay otros represores que están en proceso de suspensión. En total son 10 prófugos a los que se le podría replicar esta cancelación. La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad había denunciado penalmente a principios de mayo que los exmilitares Roberto Freddy Amorín Maciel, Tabaré Camacho y Jorge Grau estaban prófugos en el exterior y seguían cobrando pensión.  En los tres casos existe la presunción de delitos de fraude, encubrimiento, desacato y violación de deberes inherentes a la función pública. «El Servicio de Pensiones y Retiros pese a los informes del Poder Judicial, no solo no exigieron certificado de vida y no solo se constituyeron en el domicilio, además le siguieron pagando como si nada». Entendemos que eso es pasible de ser investigado», dijo Perciballe. Además, según el fiscal, la Cancillería de la República fue puesta en conocimiento de que «hubo dos cónsules que pese a tener conocimiento de que (los exmilitares) estaban prófugos, también dieron el certificado de existencia de vida». El pasado 11 de febrero el consulado en Miami expidió al exmilitar de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) Amorín Maciel una constancia de vida «para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar». Maciel tiene orden de captura nacional e internacional. Está investigado por la desaparición del militante comunista Arpino Vega en 1974, así como por torturas en la base de Boiso Lanza de la FAU. La cancillería abrió un procedimiento administrativo al Consulado miamense. Hace unos días el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista de Uruguay, presentó un proyecto de ley para suspender el pago de la jubilación a los militares con orden de detención o declarados en rebeldía en causas judiciales.